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La Justicia investiga una megalicitación de YPF que perjudica a una empresa nacional

Se hizo de apuro apenas realizadas las PASO que el oficialismo perdió ante el Frente de Todos.

Mauricio Macri dijo y sigue diciendo a quien quiera escucharlo que los problemas que llevaron al país a la situación crírita en que la dejó al irse del poder fue del resultado de las PASO que perdió de forma aplastante. Sin embargo, su derrota en las Primarias de 2019 parecen haber sido centrales para algunos negocios que hoy investiga la Justicia.

Días después de las PASO de agosto del año pasado, YPF llevó adelante una millonaria adjudicación a la empresa Horamar, que se quedó con la licitación por un monto que superaría los 70 millones de dólares.

La situación derivó en nada menos que un allanamiento a la petrolera estatal en el marco de una denuncia que involucra a la empresa de bandera nacional.

La adjudicación fue por cinco años (y prorrogable por dos más), del transporte marítimo y abastecimiento de hidrocarburos, a través de la Hidrovía, entre Santa Fe y Chaco, según publicó el diario Ámbito Financiero, que puntualizó que se trata del mayor contrato hasta el momento de YPF en este segmento.

Un punto central que investiga la Justicia federal en el caso es que Horamar ofreció en la licitación la construcción de la mayoría de las barcazas que utilizará en un astillero en Paraguay, lo cual perjudicaría a Astilleros Río Santiago, empresa nacional y especializada en embarcaciones petroleras.

Al respecto, el juez Sebastián Ramos secuestró toda la documentación ligada al proceso y los mails entre entre los directivos de la petrolera y la empresa naviera que se impuso en la licitación.

La licitación se abrió el 11 abril de 2019 por servicios de transporte fluvial de combustibles entre San Lorenzo y Barranqueras a partir del 1 de enero de 2021, cuando venza el actual contrato.

Según puntualiza Ámbito, "la petrolera invitó a participar a doce compañías navieras, pero sólo cinco presentaron ofertas técnico-económicas para competir. Algunas fueron descalificadas en el camino por cuestiones técnicas, por lo que la pelea quedó entre dos: Horamar -una de las principales empresas del país que es controlada por el Grupo Navios Maritime Holding (que cotiza en la Bolsa de Nueva York) y que están representados en el país por Claudio López y sus hermanos Carlos y Horacio; y la actual concesionaria, National Shipping".

Una de las primeras denuncias sobre el caso la hizo la Cámara de la Industria Naval, que acudió a la Oficina Anticorrupción, presidida en ese momento por la inefable Laura Alonso.

En la demanda se apuntaban irregularidades y se pedía el secuestro de toda la documentación relacionada ya que se habría incumplido con la Ley 27.418 de promoción de la industria naval, por la utilización del astillero Chaco paraguayo en la construcción de seis barcazas y que otros dos remolcadores serían importados de China.

Por supuesto, la militante del "presidente ojos de cielo" cajoneó la presentación.

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