Cinco exagentes de la ex SIDE fueron procesados con prisión preventiva por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en los centros de detención conocidos como Orletti, Bacacay y el recientemente identificado Base Pomar.
Los procesamientos fueron dictados por el juez federal Daniel Rafecas y entre los acusados se destaca el nombre del exintegrante jerárquico de la ex Secretaría de Inteligencia de Estado Patricio Miguel Finnen, quien se encuentra detenido desde diciembre pasado.
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El fallo de más de 1.200 fojas se produjo en el marco de la causa del Primer Cuerpo de Ejército, donde se investiga el terrorismo de Estado durante la última dictadura, y los hechos atribuidos a los imputados habrían ocurrido entre los años 1976 y 1977.
Los procesados son Patricio Finnen, César Estanislao Albarracín, Hugo Ángel Carlet, Luis Nelson González y Rubén Héctor Escobar, quien habría actuado en los tres centros clandestinos junto a su hermano Enrique Osvaldo Escobar, fallecido unos meses antes de que el juez dispusiera la detención, según un cable de la agencia Télam.
Los cinco imputados fueron encontrados responsables de la privación ilegal de la libertad agravada y el sometimiento a tormentos de 120 personas y la participación como cómplices primarios en el homicidio de 23 personas entregadas desde el centro clandestino por los imputados, para su inmediata eliminación.
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Además se les atribuyó la coautoría en un homicidio y la retención u ocultamiento de cinco menores de diez años, a la vez que se trabó embargos por sumas que superaron los 50 millones de pesos.
El juez Rafecas tuvo por acreditado que bajo la autoridad de la ex SIDE funcionaron durante los años 1976 y 1977 tres centros clandestinos de detención, en los cuales se alojaron a 123 víctimas que fueron sometidas sistemáticamente a torturas.
El primero de ellos fue el ubicado en Bacacay 3570 del barrio de Floresta, por donde pasaron al menos 32 víctimas; el segundo, y más importante por el caudal de víctimas y su tiempo de funcionamiento, fue el conocido como Automotores Orletti, ubicado en la misma manzana que el anterior, por donde pasaron al menos 83 víctimas.
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En tercer lugar se encuentra el ubicado en Pomar 4171, alquilado por la ex SIDE en el año 1977, donde fueron alojados siete integrantes del Partido Comunista, entre ellos el diputado Juan Carlos Comínguez y el agente de bolsa Pedro Zavalía, llevado luego por la banda lideraba por Aníbal Gordon a la provincia de Córdoba, donde permaneció cautivo, señalaron las fuentes consultadas.
Si bien la investigación originariamente estuvo centrada en los crímenes cometidos en Orletti, ubicado en Venancio Flores 3519 de Floresta, nuevos elementos probatorios surgidos durante la investigación permitieron lograr la identificación de los dos centros clandestinos restantes, que funcionaron en forma coordinada con Automotores Orletti, lo que configuró un circuito represivo.
La referencia precisa al domicilio de Bacacay 3570 surgió en los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, referentes a la dictadura cívico militar, en los cuales se consignó que el inmueble fue alquilado para operaciones oficiales de la ex SIDE y que allí actuó la banda de Aníbal Gordon.
La vivienda, que hoy es una casa de familia, conserva aún el pequeño sótano que fue reconocido por las víctimas en la inspección judicial realizada por el juzgado que conduce Rafecas, informaron fuentes judiciales.
En la resolución, el magistrado tuvo por acreditado el alojamiento en Bacacay del senador uruguayo Raúl Zelmar Michelini, y el entonces presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Héctor Gutiérrez Ruiz.
Esa reconstrucción se logró a partir del testimonio prestado durante la pandemia por la entonces menor de 4 años Gabriela Schroeder, quien permaneció en el mismo centro de detención junto a su madre Rosario Barredo y William Whitelaw, pareja que el 21 de mayo de 1976 fue hallada asesinada en un automóvil Torino, en jurisdicción de la Comisaría 40 de la Capital Federal, junto a Michelini y Gutiérrez Ruiz.
El centro de detención Pomar, identificado por el juez Rafecas recientemente, terminó de cerrar la hipótesis de un circuito represivo integrado por los tres centros clandestinos.
El magistrado también imputó a los agentes de inteligencia por el delito de sustracción, retención u ocultamiento de menor de diez años, que se configuró, según surge de la resolución, cuando los menores permanecieron en el centro clandestino, luego del traslado de su padre y madre, momento en el cual fueron separados para siempre, quebrándose el vínculo de custodia y cuidado, lo cual ocurrió en el caso de cinco menores, por entonces de entre 4 y pocos meses de edad.
