El 24 de marzo ha sido -y es- desde la recuperación de la democracia, una fecha para reforzar año a año la memoria. Con el correr de los años, y tras haber superado los indultos a genocidas y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la reivindicación de lxs 30 mil desaparecidxs y el accionar genocida, parecían saldadas mediante un Estado que comenzó a apoyar la lucha por los derechos humanos y los juicios a torturadores.
Sin embargo, este último 24 de marzo se dio en medio de un gobierno negacionsta y que brega por el concepto de "la verdad completa", subestimando la cifra de desaparecidxs, considerando los crímenes de lesa humanidad como meros "exabruptos" y, en esa línea de pensamiento, subieron desde la cuenta oficial de Casa Rosada un video en el que utilizaron testimonios del accionar subversivo previo a la dictadura (como justificando que el Golpe de Estado que llegó en 1976 se dio por esa causa), relativizó la responsabilidad de la Junta Militar y nada mencionó de la censura, las torturas, las desapariciones, ni lxs nietxs apropiadxs. Pero un abogado buscó ponerle un parate judicial.
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Se trata de Javier Garin, un abogo defensor de los derechos humanos y ambientales, quien denunció penalmente este miércoles al presidente Javier Milei; a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y al ex titular de la central de inteligencia SIDE durante el gobierno de Carlos Menem, Juan Bautista "Tata" Yofre, (que partició del "spot") por el delito de “apología del delito” por sus posturas negacionistas en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Garin también reclamó que se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La denuncia presentada por Garin, registrada con el número CFP 1091/2024, recayó en el juzgado federal a cargo de María Servini.
Según el escrito presentado por el abogado, tanto Milei como Villarruel y Yofre, “podrían haber incurrido en forma reiterada y sistemática en una justificación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una directa o indirecta reivindicación del terrorismo de Estado y una apología de los criminales condenados por esos delitos”.
“Es obligación de los funcionarios públicos defender y hacer cumplir el orden jurídico, el cual está erigido en Argentina sobre la base del respeto a los derechos humanos y la condena del Terrorismo de Estado, a modo de un pacto democrático consagrado en la Constitución reformada en 1994”, añadió el escrito y resaltó que, "si bien en Argentina no existen normas penales contra el negacionismo, está tipificada la apología del delito y el incumplimiento de deberes, figuras en las que estima podrían hallarse incursos el Presidente y la vice”.
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Por último, cuestionó “la minimización del número de desaparecidos, la invocación de un estado de ‘guerra’ como justificante (defensa que invocaron los represores y que los tribunales argentinos invariablemente rechazaron), la alegación de que hubo “excesos” y no un plan sistemático de exterminio (defensa también rechazada ya por los jueces que intervinieron en el Juicio a las Juntas), el señalamiento de la violencia guerrillera previa como un argumento exculpatorio de los condenados por lesa humanidad”.
