El manual del espionaje: en Colombia también persiguen opositores con escuchas ilegales

Mientras los ojos de occidente sólo dirigen su atención sobre "la dictadura venezolana", del otro lado de la frontera, existen denuncias sobre acoso judicial, pinchaduras y servicios de inteligencia, similares a las ocurridas en Argentina y Brasil.

10 de julio de 2019 - 16:27

Cualquier parecido con lo que ocurre en Argentina o en Brasil es pura coincidencia. ¿O no? En Colombia -un país suspicazmente opacado en el dial de las noticias por las diariamente explosivas noticias sobre Venezuela- existen denuncias acerca de diferentes persecuciones sobre legisladores opositores al gobierno ultra derechista conducido por Iván Duque, aliado continental de Mauricio Macri, Jair Bolsonaro, Sebatián Piñera, Lenín Moreno, y -por supuesto- Donald Trump.

Iván Duque y Mauricio Macri.

La data cruda y dura es que senadores de la oposición le enviaron una carta a Duque denunciando posibles seguimientos ilegales en su contra por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para menoscabarlos, amedrentarlos y desacreditarlos ante la opinión pública, tras "acumular información mediante la interceptación de nuestras comunicaciones telefónicas o los chats sin autorización judicial para utilizar y manipular esa información". Es decir, una operación de espionaje ilegal, como las que -según las pruebas premiliminares- realizaban quienes forman parte de la investigación iniciada por el juez Alejo Ramos Padilla en el Marcelo D’Alessio gate. Diversas fuentes de integrantes de la "Comisión de Paz" de Colombia, sostuvieron que funcionarios de la DNI se habrían reunido en Bogotá el pasado 30 de marzo, y que allí se habría realizado una lista con al menos 10 nombres, con la misión de interceptarlos ilegalmente, presuntamente con el aval del director de la entidad, el almirante Rodolfo Amaya. Este cúmulo de potenciales encuentra raigambre en hechos que desataron escándalos -probados y condenados- en la historia reciente de Colombia.

Iván Duque y Donald Trump.

"Desde la DNI se está planificando una serie de actuaciones y de acciones ilegales", dijeron desde la Alianza Verde. Agregaron que "es contra nosotros tres -los legisladores- y otras siete personas más, declaradas como objetivo político". Claro, desde la DNI, por orden de Duque, se rechazaron de plano estas acusaciones. Sin embargo, los legisladores insisten en la persecución, e hicieron este pedido ante la Fiscalía General de la Nación. "Trabajamos con las mejores prácticas de transparencia, trazabilidad, respeto por la dignidad humana y los Derechos Humanos". "Estamos prestos a colaborar para certificar la transparencia de nuestro actuar, que tiene como objeto proteger los derechos y libertades de los ciudadanos", afirmaron desde la DNI -ex DNS (Departamento Administrativo de Seguridad)-, que depende de Duque.

Este tipo de operaciones son "usuales en regímenes despóticos en los que se acalla a la oposición". 

Para pasar en limpio este complejo entramado, cabe remarcar algunas cuestiones que sirven para aclarar el escenario geopolítico de estas denuncias. De un lado aparece Duque, firme aliado de Donald Trump en la región, quien afirmó en una reunión con el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que en Venezuela "hay que restaurar la democracia". En este sentido siempre buscó afianzar lazos con la oposición venezolana y calificó al gobierno de Maduro como una dictadura al decir que "si la dictadura no se termina, la migración no se detiene". Por otra parte, la "Comisión de Paz del Senado de la República" es un organismo que se encaraga de construir "un ambiente social y político favorable para la reconciliación nacional, necesaria para conseguir la paz en Colombia", principalmente con el conflicto de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). La Comisión fue creada el 2 de noviembre de 2010 con el objeto de "estudiar, analizar y proponer iniciativas que permitan superar situaciones inherentes al conflicto colombiano y que perturben la paz y la reconciliación entre los colombianos".

Iván Duque y Jair Bolsonaro.

Por último, aparecen los servicios. Un escándalo de escuchas ilegales ocurrió en Colombia hace unos años, cuando el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) terminó siendo desmantelado en 2011, por espionaje ilegal a periodistas, magistrados, políticos opositores y defensores de derechos humanos, entre otros, durante el Gobierno del ultraliberal Álvaro Uribe, actualmente senador. Por el escándalo del DAS, cabe recordar que hubo varios condenados, entre ellos el exsecretario de la Presidencia, Bernardo Moreno; la exjefa del DAS, María del Pilar Hurtado; y el exdirector del DAS, Jorge Noguera. Dentro de la lectura de cargos figura el hecho de realizar "interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden de autoridad judicial".

 "Sería un atentado contra la democracia, el estado social de derecho, los derechos de la oposición y contra los esfuerzos por la paz".

Tras este contexto histórico que vale la pena conocer para comprender el escenario actual, se desató el escándalo de "las chuzadas", es decir, pinchaduras telefónicas a miembros de partidos opositores. En este sentido, los mencionados tres legisladores denunciaron que fueron víctimas de escuchas ilegales. Los senadores Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo; Roy Barreras, del Partido de la U, y Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, son los denunciantes de esta persecución, y también son los tres referentes principales de la Comisión de Paz. En este sentido le enviaron una carta a Duque, en la que denunciaron "operaciones de descrédito" en su contra por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Cepeda dijo que el objetivo es "urdir investigaciones penales" -contra los mencionados legisladores- "sobre bases falsas".

Los senadores Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo; Roy Barreras, del Partido de la U, y Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, denuncian escuchas ilegales.

Con respecto a las escuchas, Cepeda dijo que poco y nada cambió ante la nueva agencia de inteligencia "DNI", que depende del poder Ejecutivo conducido por Duque, y que, según dijo el legislador damnificado, "estaría dedicada a realizar interceptaciones ilegales". El fantasma regresó para sobrevolar Colombia. Es por eso que la denuncia de Cepeda es "una medida preventiva" y un llamado de alerta ante la opinión pública. Agregaron que hay en marcha "operaciones de descrédito" en contra "de una decena de ciudadanos" que fueron declarados "objetivos políticos de acciones encubiertas".

Hay en marcha "operaciones de descrédito" en contra "de una decena de ciudadanos" que fueron declarados "objetivos políticos de acciones encubiertas".

Dijeron que este tipo de operaciones son "usuales en regímenes despóticos en los que se acalla a la oposición". La carta fue dirigida al fiscal general encargado de Colombia, Fabio Espitia, y a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño. Cepeda aguarda ahora por un acto de buena fe de Duque, para que "dé las órdenes para que la agencia tenga que rendir cuentas y se tenga que esclarecer si estas informaciones, que provienen de distintas fuentes, son ciertas". Los senadores consideran que, si se comprueban las escuchas ilegales, supone "una agresión al libre ejercicio de la política en Colombia" e "intentar silenciar" sus voces "sería un atentado contra la democracia, el estado social de derecho, los derechos de la oposición y contra los esfuerzos por la paz".