El Gobierno se mostró "dispuesto a negociar" para conseguir un "consenso fuerte" a fin de conseguir la baja de la imputabilidad. "Hemos tomado la opinión de muchos sectores, de ámbitos académicos y judiciales, de especialistas en la materia", aseguró el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Martín Casares. "Estamos dispuestos a consensuar, a negociar, y a adecuar la ley de responsabilidad penal juvenil", declaró el funcionario y aseguró que en 2017 se formó una comisión de especialistas que redactó un primer proyecto. "Hemos tomado la opinión de muchos sectores, de ámbitos académicos y judiciales, de especialistas en la materia, y tratamos de conseguir consenso fuerte para que la ley sea tratada y aprobada", declaró a La Red. "Tenemos que ir hacia un sistema que implique un cambio de paradigma centrado en la responsabilidad de los adolescentes que cometen delitos", insistió. "Queremos cambiar el paradigma de respuesta y solución que el Estado da al menor que delinque", explicó y agregó: "Debemos dar una respuesta pronta, anticipada, en la cual esos chicos puedan tener un tratamiento, se les pueda aplicar una medida socioeducativa en el primer delito que comete". "Estamos con una ley que además de ser antigua es una deuda pendiente de la democracia y no da una buena respuesta en términos de eficacia ni de derechos constitucionales", señaló.
