La Justicia de Brasil absolvió este lunes al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en uno de los casos de corrupción en los que había sido acusado por la Fiscalía de 'favorecer a las automotrices a cambio de sobornos', tras no hallar "evidencia adecuada" que demuestre su culpabilidad. Un ejemplo más del lawfare que azotó -y sigue haciéndolo- a los líderes populares latinoamericanos.
La Corte Federal del Distrito Federal también absolvió al ex jefe de Gabinete Gilberto Carvalho, quien también fue secretario de Presidencia durante el primer Gobierno de la exmandataria Dilma Rousseff- y a otras cinco personas.
Según la decisión del juez federal Frederico Botelho de Barros Viana, la investigación no "demostró de manera convincente" cómo el expresidente y su jefe de Gabinete "habrían participado en el contexto supuestamente criminal".
"Eso es porque, si bien existen elementos que demuestran el desempeño de la empresa de Mauro Marcondes - Marcondes y Mautoni - en cuanto a la extensión de beneficios fiscales a las empresas CAOA y MMC, no existe evidencia adecuada y ni siquiera mínimamente capaz de demostrar la existencia de un ajuste ilícito entre los imputados con el propósito de transferir montos a favor de Lula y Carvalho", establece la sentencia replicada hoy por el medio OGlobo, citado por Télam.
Casualmente, en 2017, con el auge de los gobiernos de ultraderecha en la región, la Fiscalía había afirmado que Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, modificó, a cambio de supuestas coimas, una medida legislativa para favorecer a empresas del sector automotriz mediante una prórroga de los beneficios tributarios por cinco años, pero la acusación fue desestimada. Pero en los alegatos finales, en mayo pasado, con cambios de timón político en gran parte de Sudamérica, cambió de postura y solicitó la absolución de Lula.
"Es seguro, por tanto, concluir que la fiscalía carece de elementos que puedan sustentar, más allá de toda duda razonable, una posible sentencia condenatoria en contra de los imputados", dijo el magistrado.
El proceso se enmarca dentro de la "Operación Zelotes", que desde 2015 estudia supuestas irregularidades en el CARF, departamento del fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos, y que también salpicó a varios importantes banqueros y políticos.
Cabe recordar que Lula llegó a pasar 580 días en prisión por presuntas causas de corrupción. Este año se vio favorecido por un fallo del Supremo Tribunal que anuló otras penas que pesaban en su contra y le permitió así restituir sus derechos políticos.
