El Área Operativa de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, a cargo de Omar Orsi, formuló una denuncia penal contra distintos accionistas del Grupo Clarín SA, por la realización de "maniobras susceptibles de ser consideradas como legitimadoras de activos de procedencia ilícita".

De ese modo, la Procelac consideró que corresponde investigar a Ernestina Herrera, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro por la transferencia realizada a un banco de Bahamas por más de 3 millones de pesos en octubre de 2008, un día después de que el grupo fuera denunciado por maniobras ilícitas en la venta de acciones de las ex AFJP.

De acuerdo a lo informado por el sitio Fiscales.gob.ar, de la Procuración General de la Nación, las actuaciones se originaron en virtud de un reporte de operación sospechosa (ROS) promovido por la AFIP sobre la base de un informe de fiscalización de “GC Dominio SA” y sus socios/directores: Ernestina Laura Herrera de Noble, Héctor Horacio Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro.

En concreto, el informe versó en orden a una operación bancaria realizada durante octubre de 2008 en la cual la firma “GC Dominio SA” transfirió más de tres millones de pesos (exactamente $ 3.053.784) desde una cuenta del Banco Mariva SA hacia otra radicada en el First Overseas Bank Limited (FOBAL) de Nassau, Bahamas.

Los directivos de Clarín transfirieron tres millones de pesos un día después de haber sido denunciados por maniobras ilícitas con las acciones de las AFJP

El giro de dinero se habría realizado el 23 de octubre de 2008, un día después de que fuera radicada la denuncia por maniobras ilícitas con la venta de acciones de las AFJP, ante el inminente anuncio del gobierno de la estatización de los fondos previsionales.

Ya que ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 tramita una causa que guardaría íntima vinculación con los hechos estudiados, la Procelac sugirió la acumulación material de ambos expedientes. La Procuraduría prestó asesoramiento a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo del fiscal Miguel Ángel Osorio, sugiriéndole que promueva la adopción de medidas cautelares tendientes al aseguramiento de los bienes que probablemente podrían estar ligados a maniobras de lavado de activos, como podría ser un embargo.