En las dos oportunidades que estuvo al frente del Ministerio produjo una profunda reestructuración de la policía. Su segunda gestión fue interrumpida en el año 2007 al asumir Daniel Scioli como gobernador de la provincia.
 
–Usted es quizá el único caso de un civil, ex juez federal, sin militancia partidaria explícita que estuvo al frente, en dos períodos distintos, de la fuerza de seguridad más numerosa y probablemente compleja de la Argentina.
 
–Veamos, desde fines de diciembre de 1997 a septiembre de 1999. Gobernador Eduardo Duhalde, a la sazón, gran crisis en la provincia de Buenos Aires, la responsabilidad policial en el asesinato de José Luis Cabezas, implicación de personal de la Bonaerense en el atentado de la AMIA, un grado bastante generalizado de descomposición policial, y Duhalde entendió que tenía que recurrir a una solución, digamos, heroica y drástica. Es donde me contacta y empezamos a discutir el tema.
 
–Aunque resulte anecdótico, me gustaría saber cómo Eduardo Duhalde lo llama a León Arslanián.
 
–Me llamó por teléfono y me dijo: “Mirá, tenemos que hablar”. Yo me la vi venir. Siempre tuve la mejor voluntad como para cooperar. Nos pusimos a conversar y le dije: “Esto tiene un grado de deterioro tal que hay que terminar con la tristemente célebre policía bonaerense, hay que intervenirla e iniciar un proceso de cambio con definiciones muy profundas y muy drásticas respecto de cómo debe ser ese cambio. A él le pareció bien y le dije: “Yo no quisiera asumir ninguna función, pero sugiero que creemos un Instituto de Política Criminal, que yo pueda estar al frente del instituto, que generamos equipos para sostener y alimentar las líneas básicas de la reforma, y que busquemos una buena figura para que sea el interventor.” Y la buena figura fue la de Luis Lugones, Lucho, un hombre excelente, de una gran valentía, de un gran compromiso político, es un muchacho peronista, de gran militancia. Y quien se sumó fue Alberto Binder, un jurista muy importante.
 
–Binder preside el Instituto Latinoamericano sobre Seguridad y Democracia desde hace muchos años…
 
–Efectivamente. Él se sumó a esa tarea y se conformó el equipo de política criminal, elegí la mejor gente que en aquel momento se me ocurrió, los vocales de ese instituto eran Eugenio Zaffaroni, David Baigún, Andrés D’Alessio, Ricardo Gil Lavedra…
 
–Con D’Alessio y Gil Lavedra, usted había compartido nada menos que aquella Cámara Federal que condenó a las juntas militares en 1985.
 
–Ese equipo fue propiciando soluciones. Así, hicimos las primeras leyes de reforma de la policía. Cuando comenzó la depuración, se firmaron los decretos de disolución de la policía bonaerense. Así llegó el mes de abril de 1998 y Duhalde me dice: “Esto necesita una conducción de tales características”. Y ahí asumo como ministro. Empecé con todo el plan de descentralización, termino con la jefatura de policía, remuevo todas las cúpulas y empiezo una larga lucha para democratizar esa fuerza, y para luchar contra todos los fenómenos que conocemos de corrupción profunda policial, empezando por el pacto político-policial.
 
–Ahí lo tengo que interrumpir, porque cuando escucho “el pacto político-policial” inmediatamente me viene a la cabeza esto que se cocinaba en el Senado de la Provincia, con el senador Horacio Román, duhaldista de Morón, que presidía la Comisión de Seguridad desde 1985…
 
–Tristemente célebre, efectivamente, Román.
 
–Román era el hombre que armaba y repartía las proporciones del dinero de las cajas policiales.
 
–Absolutamente. Además era el que digitaba los nombres de los policías que debían ser nombrados en cada uno de los distritos, empezando por el distrito suyo. Era una lucha muy difícil. Había un aparato armado, que tenía una estructura casi pétrea. Empezamos a pelear fuertemente y conseguimos sancionar la Ley de Seguridad Pública que es la que crea los foros. Logramos sancionar una ley de reforma orgánica que empezó a estructurarla de un modo distinto, dividiendo a la policía por cuerpos. Una fuerza de más de 50.000 efectivos, manejada desde una cúpula vertical, que no tenía ningún criterio de descentralización. Creé policías departamentales y cuerpos policiales distritales. Dividí o diferencié la policía dedicada a prevenir los delitos y controlar la calle, de la policía destinada a investigarlos. Una serie de reformas que tendieron a una fuerte modernización y nombré expertos, todos los que me acompañan hoy en el posgrado (ver recuadro). Si el gobierno, a través de sus funcionarios, no controla y no maneja la producción de la fuente de información, está perdido. Y esto lo teníamos muy claro.
 
–Cuando habla de información, ¿se refiere a datos de inteligencia?
 
–Primero, la información que proviene del delito. Esto es, cuántos delitos se cometen, su georreferencia, sus características. En segundo lugar, la información que proviene de la investigación de esos delitos. Y, en tercer lugar, obviamente, la inteligencia de la información. Fíjese el grado de balcanización, de libanización, de descontrol que tenía esa fuerza que no había ninguna información centralizada, y que no teníamos ningún aprovechamiento de largas investigaciones sobre delitos hechos por bandas. La información se almacenaba en computadoras, en PC personales, y quien estaba a cargo de la investigación, se la llevaba consigo y no volcaba en una base de datos centralizada. Carecíamos de todo tipo de información. Creamos la base única de datos y que luego hubiese claves de acceso para ingresar a ella.
 
–Cualquiera se preguntaría, ¿y con todo eso que hizo, cuántos guardaespaldas y cuántos chalecos y cuántos cascos tenía para evitar que le tiraran cáscaras de banana en cada esquina?
 
–Contrariamente a lo que muchos pueden pensar o creer, la mayor resistencia era de naturaleza política más que policial. Porque para lo policial yo tuve una solución muy drástica que fue una ley de prescindibilidad que me permitió llevar adelante verdaderas purgas, fundamentalmente, de todo lo que eran cúpulas. En las que yo hacía estribar la responsabilidad máxima. Hecha esa purga, había por parte del personal policial, una enorme demanda de reforma. ¿Por qué? Primero y principal, por la necesidad de prestigiar o represtigiar una institución con un alto grado de deterioro. En segundo lugar, para darle valor a su propia tarea, en el sentido de recuperar estimación social. Y, además, hambre por obtener mejoras de todo tipo, que no eran tan sólo salariales, enfermedad crónica policial, sino más bien de condiciones dignas de trabajo. Así que con todos estos cambios muy fuertes, golpeábamos sobre los nichos de la corrupción, que todos conocían perfectamente, como la recaudación ilegal. Había porciones importantes de la policía que lo veían muy bien. Lo que sí tenía era un problema de naturaleza política, incluso una pelea con ciertos intendentes que se resistían a cambios significativos.
 
–¿Qué hacía Duhalde cuando había que terciar en las peleas políticas?
 
–Él entendía que, o hacía eso, o el problema de la policía se lo comía, se lo llevaba puesto. Ésta es la verdad, en términos políticos. Ahora, sin habérselo propuesto, y tal vez sin que haya sido responsabilidad suya, cometió una suerte de defección cuando convoca a Carlos Ruckauf para que sea el candidato electoral del Partido Justicialista. Se vino la noche, porque el discurso de Ruckauf era polarmente opuesto al nuestro. Nosotros teníamos un discurso donde se valoraba la recuperación del Estado de Derecho, el valor ético de la policía, mostrar que había procedimientos legales de los que jamás se debía prescindir, que teníamos que sanear una policía envilecida por la dictadura militar, porque en ningún lado como en la Bonaerense se usó a la policía para la represión ilegal, al punto de utilizar todas sus dependencias para tener personas cautivas, cárceles clandestinas de detención, se les autorizó el botín de guerra. O sea, tenemos una fuerza en-vi-le-ci-da.
 
–¿Y Ruckauf?
 
–El primer discurso de Ruckauf ya contradecía esto, empezó a hablar de basta de Derechos Humanos, a ver, vamos a meterle bala a los delincuentes, quiero ver que se les oxiden las manos tomados a los barrotes... Así que lo fui a ver a Duhalde y le dije yo no puedo seguir en este puesto. Estoy viendo cómo el candidato que seguramente va a ser el nuevo gobernador de la provincia deconstruye lo que yo, con tanto esfuerzo y riesgo personal, estoy construyendo. Presenté mi renuncia y me fui. De lo cual estoy muy contento, porque, obviamente, que los hechos después me dieron la razón. Así se cerró esa primera etapa.
 
–Una pregunta más sobre esa primera etapa, ¿qué importancia tenía la Justicia respecto de los sumarios policiales que luego son los expedientes de Tribunales? Puede haber un policía que ayude a armar una causa, pero se necesita un fiscal y luego un juez que lo convalide.
 
–Justamente, uno de los graves problemas era el grado aberrante de delegación judicial que había respecto de esa policía. La policía no solamente decidía qué perseguir, el cómo, y el cuándo de la persecución penal, que es de la esencia de una política criminal, que esto son políticas públicas del Estado. Esto era decidido por la propia policía que, a su vez, investigaba sin intervención judicial. Negociaban detenciones, negociaban en delitos donde había secuestros de armas, secuestro de dinero, negociaban el precio que salía hacer desaparecer elementos de cargo, pruebas de delito, hacer desaparecer las armas, hacer desaparecer la droga, hacer desaparecer todo aquello que pudiese comprometer a la persona imputada y saliera absuelta. Esto lo manejaba a piacere la institución policial.
 
–En Salta, la policía no sólo pidió aumentos sino más discrecionalidad para su propia investigación…
 
–Eso es una verdadera barbaridad, lo que muestra la necesidad de machacar muchísimo sobre los principios básicos de qué significa la seguridad democrática. En un Estado de Derecho la policía debe tener las facultades estrictas y controladas que la ley le otorga, no más de aquellas que sean razonablemente necesarias a los fines de investigar y a los fines de hacer la prevención.
 
La seguridad de clase
 
–¿Cuánto tiempo hace que existe el Programa de Actualización en Políticas Públicas de Seguridad que usted dirige en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires? 
 
–Terminamos el tercer año. Sí, es una iniciativa que tuve, justamente muy asociada a todo el fenómeno que hoy preocupa tanto, que es la crisis policial. Se apoya en la experiencia de la reforma en la provincia de Buenos Aires, que terminó con un modelo muy anacrónico, porque democratizó, descentralizó y mostró que era posible que, y que debía por otro lado, el elenco gubernamental hacerse cargo de la construcción política y estratégica de la fuerza policial. A partir de allí, esa idea se fue cada día haciendo más carne y, en 2009, hicimos un acuerdo el que denominamos Acuerdo para la Seguridad Democrática, lo promoví junto con Gastón Chillier, del CELS, y de otras organizaciones no gubernamentales, en la que pudieron converger todos los partidos políticos.
 
–Yo recuerdo la foto de la cantidad de firmantes de ese pacto. Estaban Hermes Binner, Felipe Solá, Federico Pinedo, Ricardo Gil Lavedra, estaban todos…
 
–Sí, sí, todo el arco político. Y allí dijimos que este acuerdo tiene por finalidad marcar los puntos centrales de lo que tiene que ser hoy la conducción democrática de la seguridad. Y la primera de estas convicciones a las que arribamos fue que debíamos reivindicar para el gobierno elegido por el pueblo, esa conducción, ese control del aparato policial, a través de un elenco de funcionarios gubernamentales debidamente capacitados, con aptitud como para cumplir esa tarea. Porque no bastaba crear simplemente un Ministerio de Seguridad, porque esto era meramente simbólico sino sustancial. A partir de ahí se me ocurrió la idea, y con buen beneplácito de Mónica Pinto, la decana de la Facultad de Derecho de la UBA.
 
–¿Quiénes cursan?
 
–Tiene como objetivo a funcionarios del ámbito provincial y de seguridad de los municipios y a todo aquel que quisiera y tuviera una carrera de grado, en vistas a cumplir aquel objetivo que nos habíamos planteado en el Acuerdo para la Seguridad Democrática. Surgió así, tiene bastante suceso, tenemos muy buena concurrencia y estamos cumpliendo el objetivo.
 
–Una de las docentes es Martha Arriola…
 
–Martha, sí, una excelente funcionaria que fue Subsecretaria de Participación Comunitaria. Con ella dimos vida a los foros en la provincia de Buenos Aires. Fue la primera experiencia importante en materia de intervención de la comunidad en la gestión de la seguridad. Llegamos a receptar los planteos que esta comunidad de un modo organizado, comisaría por comisaría, y también que los foros mismos pudiesen ser ejecutores de programas de seguridad consensuados.
 
–¿Las fuerzas de seguridad mandan gente a capacitarse? 
 
–Tuve muy buena recepción en el orden nacional, de hecho. Buena parte del alumnado que cursó este año son funcionarios del Ministerio de Seguridad. Tuvimos una buena respuesta en los dos primeros años también del Gobierno de la Ciudad, que mandó gente, incluso mandó policías de muy alto rango. También de algunos intendentes que mandaron directores de seguridad, que fue un cargo que promoví yo que se crease al tiempo de llevar adelante el fenómeno de la policial municipal.
 
Debate: sindicalización policial
 
–¿En qué condiciones y con qué límites?
 
–Tengo la certeza de que el personal policial no puede hacer huelga. Porque está al cuidado y defensa de bienes de altísima estimación social que deben ser respetados, y que ellos son la custodia de eso. También creo que hay condiciones de higiene laboral, hay condiciones de trabajo, salariales, hay problemas vinculados con la seguridad social, que demandan que el personal policial, debidamente representado, lo plantee ante quien corresponda para que tengan una adecuada solución y signifique una válvula de descompresión y que no estalle la caldera como estalla a cada rato. Entonces, una sindicalización sería, primero, reconocer el derecho a conformar un sindicato; dos, reglamentar las reglas bajo las cuales ese sindicato puede funcionar; tres, definir cuáles son los derechos básicos policiales que pueden dar lugar a reclamaciones y a discusiones colectivas con la autoridad pública. En la Ley Orgánica, hecha por mí, , que no la tocaron, hay un artículo que dice que, entre los derechos que se le concede a la policía está el de requerir mejoras de este tipo de condiciones. Con lo cual estamos diciendo: tienen derecho a peticionar, y para poderlo hacer, y que esto valga para todo el mundo, tienen que tener representación. Así que, esto, y si vamos a los Convenios Colectivos de Trabajo, firmados por la República Argentina, los convenios de la OIT y los Convenios sobre Derechos Humanos, en donde todos ellos, incorporados a la Constitución, reconocen el derecho a la sindicalización, pienso que hay un camino por recorrer, con los límites y con las características que acabo de señalar. Y eso va a significar una dignificación policial, una mejora en las condiciones y la eliminación de conflictos como los que estamos viendo.
 
–En estos días, desde el Gobierno Nacional y desde la dirigencia política se habla de una conspiración aceitada, como si fuera una maquinaria de relojería que pensó e hizo detonar esto exactamente un 10 de diciembre, o los días previos al 10 de diciembre. ¿Cuál es su visión sobre esto?
 
–Quiero dejar en claro que yo no tengo información de inteligencia que bien puede tener el Gobierno, de modo que yo, sobre ese particular, no voy a opinar. La escuché que ella dio esta versión de los hechos. Yo tengo una explicación que es, probablemente, menos conspirativa y más simple. Por un lado, es verdad que pudieron la policía haberse prevalido de la existencia de demandas en la comunidad, y la existencia de antecedentes de saqueos, ya que vienen de tiempo antiguo, que costaron, incluso, la cabeza de un Presidente, que se concentran en esta época del año, y que hasta ellos pueden haber, no solamente hecho el paro, sino promovido, en muchos casos, el asalto a supermercados, etcétera. No creo que esto estaba destinado a que peligrase la estabilidad de nuestro gobierno, lo dudo frente al franco y gran apoyo popular con que cuenta, y estaremos muchos dispuestos a defenderlo de muchas maneras, pero sí creo que puede haber habido de parte de fuerzas policiales este aprovechamiento de circunstancias que generasen un clima de coacción y extorsión para negociar ante gobernadores asustados, condiciones que, de otra manera, no hubieran logrado. No está mal que cada gobernador le busque la vuelta para arreglarlo porque esto, ni la comunidad ni la sociedad nuestra pueden soportar saqueos de esta entidad. Pero, al propio tiempo, digo: “Salgamos de la emergencia. Pero, apenas salgamos de la emergencia, nos sentamos a trabajar. Y convoquemos a todos los que podamos convocar”. Hay mucha gente. Volvamos a mirar el Acuerdo para la Seguridad Democrática. Escuchemos a gente, no podemos despreciar a todo el mundo, no está bien despreciar a todo el mundo.
 
De Cabezas a Blumberg. La vuelta de Arslanián
 
–Con Solá gobernador y Kirchner presidente se produjo su regreso a la seguridad bonaerense…
 
–Efectivamente, 2004-2007. Hay una coincidencia increíble, meramente azarosa. Yo con Duhalde en el ’98 asumo como ministro el 13 de abril. Con Felipe Solá, asumo en el mismo cargo el 13 de abril de 2004. Qué cosa más increíble.
 
–Me pregunto, ¿qué pasará el 13 de abril de 2014 con León Carlos Arslanián?
 
–Por las dudas, el 13 de abril conviene que esté en algún lugar, viajando, paseando. Bueno, volviendo a Solá, cuando queda a cargo de la gobernación, tiene un incendio.
 
–Queda a cargo por la renuncia de Ruckauf. 
 
–Crecen enormemente los índices del delito y, en particular, el secuestro extorsivo. Ocurre uno horrible que es la muerte de Axel Blumberg. Solá advierte la conveniencia de retomar aquella reforma anterior porque, evidentemente, las cosas andaban mal debido al sesgo y a la conducción errática. Me convoca, acepto el desafío nuevamente, me da todo el poder y la autoridad como para poder encaminar la cosa, y vuelvo con una mayor cuota de experiencia. Por ejemplo, creamos el 911. La gente para poder hacer una denuncia en la comisaría, debía ir personalmente, entraba en contacto con personal policial que le daba su celular personal. Una manera no mala, aberrante de funcionar la institución. La policía se había, de algún modo, privatizado, se cuidaban en barrios opulentos objetivos preciados de una manera particular, afectando vehículos que se sustraían al control de la calle, para cuidar a lo mejor una familia, un grupo.
 
–Al peor estilo de la época de la dictadura…
 
–Igual, absolutamente igual. Con lo cual, primero planteamos la necesidad de establecer un 911, con personal capacitado hasta en neurolingüística, grabando toda la incidencia, desde que la persona pedía el auxilio por vía telefónica hasta que se cerraba con la intervención policial quedaba todo grabado. Se pudo terminar así con una práctica policial aberrante. Pero después, empezamos con una reforma profunda, yo terminé con el doble escalafón…
 
–Aquel que separa suboficiales de oficiales, con un criterio de clase o de casta…
 
–Por supuesto que tenía esa identidad. Y tanto es así, que hasta era perversa la modalidad de los reclutamientos ¿Por qué? porque se reclutaba para el escalafón de los suboficiales gente que ni siquiera tenía sexto grado, con lo cual había una gran cantidad de personal policial con bajísimo nivel cultural y, después, una elite, conformada por una oficialidad, que tenía, apenas, estudios secundarios. Pero cuando nos ponemos a estudiar con un equipo de sociólogos, antropólogos, técnicos en distintas áreas, las misiones y funciones que cada cual cumplía en los hechos, pudimos establecer que no había distinciones entre la tarea que llevaba a la práctica un suboficial mayor con las que llevaba adelante un oficial principal. Entonces, a nosotros nos pareció que era el momento de terminar de democratizar la fuerza y de transformar a todos los suboficiales en oficiales después de haber garantizado un proceso de nivelación, de terminación de la escuela secundaria; después de un convenio que hicimos con el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
 
–¿Y cómo era el control de los altos rangos?
 
–Dividimos a la policía tendiendo a imponer un criterio de especialización. Creé un cuerpo de policía destinado a prevenir el delito, esto es, patrullaje, control de la calle, sobre la base del requerimiento ciudadano de auxilio, y del establecimiento de cuadrículas que garantizasen un modo de recorrido racional. Un cuerpo dedicado a las investigaciones, con delegaciones o ramificación en toda la provincia, otra fuerza dedicada a la siniestralidad, otra fuerza dedicada a las comunicaciones. Y luego, bajo mando directo de cada uno de mis subsecretarios, puse el control de cada una de estas fuerzas. De modo tal que debían reportar necesariamente al funcionario político con competencia. Por ejemplo, tenía un subsecretario en materia de investigación criminal e inteligencia, y a él debía reportar toda la fuerza y los jefes policiales de investigaciones, los que hacían inteligencia. Esto permitió tener un control directo y, además, intervenir con funcionarios técnicos nuestros en las áreas sensibles, en el corazón policial.