Por la presión de los lobbies inmobiliarios, la burocracia legal o las aplicaciones abusivas del derecho de propiedad, la realidad es que lejos quedó aquella “tierra florida donde mi vida terminaré” a la que le cantaba Carlos Gardel. Hoy la Ciudad tiene un paisaje muy distinto al que actuó como fuente de inspiración de escritores como Roberto Arlt, Jorge Luis Borges o Federico García Lorca: moles de cemento, torres descomunales, rascacielos de vidrios y plazas convertidas en playas de estacionamiento, son ejemplos del “modernismo” que parece marcar el futuro de Buenos Aires.

La casa de los poetas Alfonsina Storni y Evaristo Carriego, el caserón donde murió el ex presidente Roque Sáenz Peña, los adoquines de muchas callecitas de Buenos Aires, míticos bares porteños como la Confitería Richmond (hoy convertida en un local deportivo con un pequeño bar), el arbolado de la Avenida 9 de Julio o símbolos del paso del Art Nouveau en la Ciudad: todo se perdió ante el avance demoledor del mercado inmobiliario. Pese a estar protegidos como patrimonio de la historia de la Ciudad, algunos de estos lugares únicos e irreemplazables que conforman la identidad porteña son ejemplos de la infinita lista de propiedades demolidas legal o ilegalmente, intervenidas de manera destructiva o que están cerca de correr con la misma suerte.

En una ciudad donde el valor de la tierra aumentó en un 500 por ciento durante la última década y donde prácticamente no quedan terrenos libres, el pico y la pala de las grandes empresas de construcción hicieron estragos en los barrios más característicos de la Ciudad que, a través de sus construcciones, daban testimonio de la memoria de los últimos siglos. La lógica del mercado inmobiliario es tan simple como alarmante: si ya no hay espacios vacíos para construir, se los deben generar. ¿Cómo? Construyendo sobre edificios históricos o modificándolos sin criterio alguno, demoliendo inmuebles con valor patrimonial o a través de los desalojos como el de Villa Lugano o el Parque Indoamericano.

"Ignorar la protección legal de un edificio parece ser el mecanismo más frecuente", afirma la periodista cultural y ex directora del Instituto Goethe de Buenos Aires, Gabriela Massuh, en "El Robo de Buenos Aires". En su último libro aborda minuciosamente esta problemática y alerta que "en los meses que van de octubre de 2013 a febrero de 2014 hubo varios casos similares, en los que se procedió a la demolición por más que los inmuebles se encontraban bajo la protección de una medida cautelar".

"Por otra parte, esta también era la situación de los Talleres del Borda que fueron desalojados de manera abrupta. En peligro se encuentran, entre otros, el Convento de la Iglesia de las Victorias (Libertad 870) y el Convento de la Iglesia de Santa Catalina de Siena (San Martín 705), predio sobre el que el gobierno porteño autorizó un proyecto de 18 pisos en alto y cinco subterráneos para cocheras, ambos prohibidos por las normativas de zonificación", ejemplifica la periodista.

La casa de los poetas Alfonsina Storni y Evaristo Carriego, o míticos bares porteños, son algunos de los ejemplos donde las empresas constructoras hicieron estragos.

Pese a que se trata de una problemática que se arrastra desde hace tiempo, la mayor parte de estas destrucciones se dieron durante los últimos años. Es por ello que vecinos, legisladores de la oposición y organizaciones civiles denuncian que el Gobierno de la Ciudad atenta contra ese “qué se yo, ¿viste?” que hizo de Buenos Aires una ciudad única y atractiva para locales y extranjeros.


Ver mapa más grande

Relevamiento de vecinos y el equipo de Basta de Demoler. Referencias:
Amarillo:
Edificio en peligro.
Rojo: Edificio en peligro inminente de demolición.
Azul: Edificio demolido
Verde: Edificio demolido (demolición histórica).

“En patrimonio, como en otras cuestiones, la administración local no cumple con su función básica de defender lo público y va detrás de la tendencia del mercado, brindándole el marco que éste necesita sin mediar para proteger los intereses colectivos. La Ciudad de Buenos Aires es un claro ejemplo de la falta de políticas concretas en este campo, donde el discurso va por un lado y la realidad por otro”, sostiene Marcelo Magadán, arquitecto especializado en restauración de edificios históricos y en gestión de conservación de patrimonio cultural. 

Del mismo modo lo hace Jaime Sorín, presidente de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos y uno de los mayores conocedores de la crisis habitacional de la Ciudad, quien advierte que “la gestión de Mauricio Macri tiene muy poco interés por lo patrimonial e intenta demoler y tirar abajo la memoria para imponer una nueva visión de ciudad”.

Registro fotográfico de demoliciones: http://www.gbdpropiedadesdemolidas.blogspot.com.ar

La demolición del patrimonio

Entre viviendas y edificios que no son destinados para vivir, Sorín explica que en los últimos 10 años se han construido alrededor de 25 millones de metros cuadrados. Pese a las leyes que protegen el patrimonio de la Ciudad, gran parte de esto se ha hecho en barrios que tenían una importante cantidad de propiedades históricas construidas como Recoleta, Belgrano y Palermo.

Ex decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA y miembro fundador del espacio de intelectuales Carta Abierta, Sorín detalla que más del 50 por ciento de lo construido en este tiempo se distribuyó en cinco barrios: Constitución, Balvanera, Recoleta, Belgrano y Palermo. Estos últimos tres son los que contaban con la mayor carga de patrimonio arquitectónico, donde se arrasó con una gran cantidad de petit hoteles y edificios de la década del ‘20, ‘30 y ’40: “En esos años, en esas zonas, se construyó replicando estilos europeos y es cuando cambia la imagen de la ciudad del siglo XIX al XX. La mayoría ya se perdió".

Además de Palermo, Belgrano y Recoleta, pese a la elogiada variedad arquitectónica de nuestra ciudad reconocida por expertos de prestigio internacional, en pos del negocio inmobiliario se maltrataron áreas históricas como San Telmo y Monserrat, la Avenida de Mayo, el microcentro y otros tantos fastuosos petit hoteles de Barrio Norte o San Nicolás.

Marcelo Magadán: "La Ciudad de Buenos Aires es un claro ejemplo de la falta de políticas concretas en este campo, donde el discurso va por un lado y la realidad por otro”.

Incluso, el Centro Histórico de la Ciudad que nace en Plaza de Mayo y abarca los barrios de Recoleta, Retiro, San Nicolás Montserrat, Constitución, San Telmo y parte de Barracas y La Boca– fue incluido desde 2010 como uno de los 100 sitios culturales en riesgo a escala mundial por la World Monuments Fund. Según el relevo de esta organización dedicada a la preservación de la arquitectura histórica y cultural, el Centro donde se conjuga el patrimonio edilicio y arquitectónico más antiguo de Buenos Aires se encuentra en peligro, ya sea por políticas ineficientes de preservación o catástrofes naturales.

Otro caso emblemático es el de la Casa Suiza, el histórico inmueble sede de la Sociedad Filantrópica Suiza en el que se presentaron desde Carlos Gardel hasta Sandro y que se mantiene en pie gracias a la presión de los vecinos y un amparo judicial. Sin embargo, el edificio comenzó a desmantelarse: planos, archivos y escritos de 1861 fueron encontrados junto a las bolsas de basura.

Qué dicen las leyes 

A nivel local el patrimonio arquitectónico está básicamente protegido por las declaratorias de APH, Áreas de Protección Histórica y por la Constitución de la Ciudad (Art. 26, 27 y 32) que incorporó como derechos de los porteños el acceso a la cultura y a la preservación del patrimonio edificado, este último dentro del capítulo dedicado a resguardar el Medio Ambiente. Sin embargo, fue recién a fines del año pasado cuando se logró avanzar en un elemento fundamental para frenar la destrucción del patrimonio: un régimen de penalidades para quienes atenten contra edificios históricos. 

“El Gobierno en ocasiones está limitado en su acción a lo que dictan las leyes de la Ciudad. Esto requiere la modificación o actualización de algunas normas para permitirle actuar con mayor agilidad frente el accionar de los individuos en el uso de sus derechos sobre la propiedad privada”, sostiene Diana Martínez Barrios, diputada de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO y presidenta Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico.

Según explica, la aprobación del Régimen de Penalidades fue un “gran paso que implicaba una importante deuda desde la sanción de la ley 1227 que amparaba estos casos de Protección del Patrimonio Histórico de la Ciudad, ya que nos encontrábamos sin sanciones a aplicar a quien dañase aquel patrimonio que fuera declarado como tal. Creo será un gran avance y una advertencia para quienes atenten contra estos sitios”.

De cara a los desafíos para el futuro, Martínez Barrios también resalta que en los últimos años se ha avanzado en varios frentes de acción y ha posicionado a la Ciudad de Buenos Aires "como una de las principales ciudades con mayor patrimonio arquitectónico protegido". 

Tras perder casi toda nuestra identidad edilicia y gracias a la presión civil, se logró modificar la Ley 2548 y salvar los edificios anteriores a 1941 que aún quedan en pie.

"Hemos avanzado muchísimo, aunque soy consciente que aún falta. Pero lo importante es la decisión política al respecto para continuar trabajando en esa línea, atendiendo los intereses de toda la ciudadanía y no solamente de algunos sectores que constantemente expresan su disconformidad", sostiene la presidenta de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico.

Sin embargo, el arquitecto Magadán advierte que "a pesar de lo que suele decir el discurso oficial y de la normativa de conservación vigente, el patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires está en una situación muy frágil".

Al respecto, la diputada defiende la gestión macrista y afirma que esto es falso: "He mencionado un conjunto de leyes y acciones que se han llevado en la Ciudad desde que el PRO gobierna. Ejemplo de esto es el incremento de la cantidad de inmuebles protegidos. Antes del 2008 sumaban menos de 5000 los inmuebles protegidos, hoy la Ciudad lleva protegidos, en firme, más de 16.000 inmuebles a los que se sumarán próximamente los anteriores a 1941 que están en estudio". Para ejemplificar, Martínez Barrios cita la reapertura del Teatro Colón para el Bicentenario de 2010 que "estuvo cerrado durante años a pesar de que, sin duda, es uno de los mayores emblemas de la identidad porteña y de todos los argentinos".

Más allá de las responsabilidades políticas, lo cierto es que es gracias al movimiento de los vecinos que durante los últimos años se puso el foco en esta problemática y se avanzó en una creciente toma de conciencia que la incluyó en la agenda política. Así fue como las denuncias y el interés de los ciudadanos para conservar los edificios protegidos tuvo su gran victoria y, tras arduos y fallidos debates, logró que la Legislatura modifique la Ley 2548 que protege a los edificios anteriores a 1941 y realice una prórroga, la Ley 3056

Martínez Barrios defendió la gestión macrista y sostuvo que "antes del 2008 sumaban menos de 5.000 los inmuebles protegidos mientras que hoy son más de 16.000".

Al respecto, la diputada macrista explica que “en lo que respecta a la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, en el último período se han analizado más de 2700 inmuebles que en su mayoría fueron construidos con anterioridad a 1941, proyectos que incluyeron las iniciativas del jefe de Gobierno para cumplimentar con la definición de un catálogo de la Ciudad. Los proyectos ya han tenido su aprobación inicial en el recinto y próximamente se cumplimentará con las respectivas audiencias públicas”.

Para Carlos Blanco, arquitecto y miembro de la Organización No Gubernamental Basta de Demoler, creada en 2007 con el objetivo de preservar el patrimonio histórico de la Ciudad, "en nuestro país las leyes sólo tienen sentido si la participación ciudadana genera empoderamiento social, que nos permita sensibilizar e ir tomando conciencia sobre nuestro devenir histórico. En ese sentido, las ONGs patrimoniales acompañamos como mecanismo de alerta temprana, pero nuestra lucha es asimilable a la de David contra Goliat”.

De esta manera, tras perder casi toda nuestra identidad edilicia, finalmente se avanzó en el catálogo de esos inmuebles y algunos de los edificios y conjuntos urbanos públicos y privados que siguen en pie, estarán a salvo. Ahora, todo edificio o conjunto urbano representativo construido o con planos aprobados hasta el 31 de diciembre de 1941, no podrá ser modificado ni demolido sin previa intervención del CAAP (Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales).

El CAAP, en la mira

Pese a que antes de la creación del CAAP, hace cuatro años, no existían obstáculos a la hora de aprobar demoliciones porque simplemente con un plano presentado al Gobierno de la Ciudad se daba el visto bueno para derribar un edificio histórico y construir una enorme torre, los especialistas denuncian que hoy la realidad no es muy diferente.

“De todas formas, el CAAP se las ha ingeniado para permitir la demolición de más del noventa por ciento de los casos presentados a lo largo de estos últimos años”, advierte Magadán. Algo con lo que coincide María Carmen Arias Usandivaras, abogada y cofundadora de Basta de Demoler : “Tanto para el Gobierno de la Ciudad o para los inversores inmobiliarios el patrimonio protegido es un obstáculo y ensayan toda suerte de maquinaciones administrativas hasta que consiguen que los proyectos sean aprobados y los edificios patrimoniales se demuelen o se modifican haciéndolos perder su valor”.

Para Sorín el CAAP sufre "una fuerte presión del lobby de la construcción", mientras que la legisladora macrista difiere y afirma que el organismo goza de "una constante presión política que intenta desprestigiarla".

Jaime Sorín también pone la alarma sobre esta Comisión, un órgano mixto integrado por representantes del Poder Ejecutivo, de la Legislatura y de algunas instituciones, que se reúne cada 15 días y trata entre 30 y 40 edificios por sesión: “La realidad es que esta Comisión ha permitido indiscriminadamente demoliciones, bastante apoyada en que en su conformación hay parte del lobby de la construcción, colegios profesionales e incluso la misma Facultad de Arquitectura”.

Sobre el funcionamiento del CAAP, Sorín explica que “existe un lobby muy importante” a la hora de decidir qué edificio puede ser demolido y cuál no: “Es un trabajo complejo porque salvo algunas ONGs que defienden el patrimonio, tanto el Gobierno de la Ciudad –con mayoría del PRO– como los tres organismos que de algún modo tienen que ver con la construcción, votan a favor de la destrucción del patrimonio".

Sin embargo, la legisladora macrista difiere con el resto y sostiene que la gestión del CAAP se presenta adecuada a la gran demanda que implica el estudio de un volumen importante de inmuebles, que deben ser analizados en una ciudad en constante crecimiento y demanda: "Su composición y funcionamiento, acorde a lo establecido por la ley, es merecedora de respeto por la calidad de los profesionales que la integran, y el trabajo responsable y consciente que hacen, a pesar de una constante presión política que intenta desprestigiarla".

Avivadas argentinas

Sin embargo, aunque el CAAP decida que un edificio no puede demolerse o modificarse por su valor patrimonial, la última palabra la tiene el dueño. Es decir, si el dueño quiere tirar abajo su propiedad, aunque el CAAP se oponga, puede hacerlo. “Es ahí donde se produce el hueco que permite la 'avivada' de los dueños. Desde las empresas les ofrecen valores exorbitantes por el terreno y entonces a los dueños les conviene tirar abajo todo y vender”, explica Sorín.

Es así como, producto del alza del valor de la tierra en los últimos años, son los mismos dueños los que atentan contra el patrimonio. Por lo general, el mecanismo se repite: tapan su propiedad para que los vecinos no vean, dejan que se empiece a deteriorar o, incluso, tiran abajo partes de la casa para argumentar que la vivienda está en estado deplorable. “Muchas veces ha pasado que en un fin de semana largo, sin permiso siquiera, derrumban todo y después lo presentan como terreno vacío”, afirma Sorín.

Aunque el CAAP decida que un edificio no puede demolerse, la última palabra la tiene el dueño. Es así como, producto del alza del valor de la tierra, son ellos mismos los que derriban sus propiedades, aún sin autorización.

Respecto al derecho sobre la propiedad privada, la presidenta de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico afirma que a la hora de proteger el patrimonio “lamentablemente no puede cumplirse con todas las demandas” y explica: “No debemos olvidar que una gran mayoría de los inmuebles son propiedad privada y sus propietarios son los que deben afrontar los gastos para su conservación; a la vez que el Estado no puede ni tiene capacidad de asimilar la titularidad de los mismos por su volumen”.

Al momento de dictaminar si una propiedad puede ser demolida, el CAAP analiza valores como a qué época pertenece, la calidad de la construcción, si responde al estilo o si tiene que ver con la historia del barrio. Según explica Sorín, para dictaminar la demolición, uno de los argumentos que puede utilizar el CAAP es el de la falta de preservación o el mal estado de la construcción. Entonces, al no haber políticas de conservación ni control por parte del Estado, se termina fomentando esa destrucción del patrimonio. “Engaños hay un montón y ninguna voluntad del Gobierno de la Ciudad por defender el patrimonio”, sostiene Sorín.

La identidad de los porteños y la historia popular

“La situación arquitectónica es preocupante porque no se cuida el patrimonio heredado de nuestros mayores. Cada edificio que cae es un poco de identidad que desaparece”, sostiene la presidenta de Basta de Demoler.

Para el presidente de la Comisión Nacional de Museos el patrimonio es un obstáculo tanto para los políticos como para los empresarios: "Junto con la destrucción del patrimonio se intenta borrar la historia y esa es una decisión política. ¿Qué se quiere desaparecer? La lucha popular, la memoria de los movimientos populares políticos e incluso lo que pasó entre 1976 y 1984. Todo esto se quiere cambiar por lo que el Gobierno porteño considera progreso, apoyado por el mercado inmobiliario y la construcción".

"Cada edificio que cae es un poco de identidad que desaparece”, sostiene la presidenta de Basta de Demoler.

Mónica Beatriz Lacarrieu antropóloga, investigadora del Conicet y especialista en patrimonio cultural– también alerta sobre la importancia del patrimonio cultural: "Es necesario para pensarnos como sociedad, pero también es necesario para definirnos en torno de políticas de las identidades. Como sociedad, grupos sociales y sujetos, precisamos saber de dónde venimos, pero sobre todo hacia dónde vamos, con qué deseos, aspiraciones y expectativas nos proyectamos".

Según sostiene, desde esta perspectiva entonces el patrimonio no sólo sirve para preservar bienes, objetos o para solidificar huellas, rastros y restos de sociedades del pasado, sino sobre todo para pensarnos como sociedad y aclara: "Una sociedad que en general ha sido esquiva al legado patrimonial y que recién en los últimos años ha comenzado a relacionarse con los usos del patrimonio".

"A veces uno llega tarde y es un dolor enorme. Las demoliciones son para perder una parte de la historia, que es lo que justamente tratamos de rescatar", agrega Sorín, algo con lo que coincide el arquitecto Magadán: "Los edificios históricos forman parte de una valiosa herencia, son objetos que contribuyen a conservar y mantener viva la memoria y ayudan a explicar diferentes procesos culturales, artísticos, tecnológicos, a lo largo del tiempo".

Para Carlos Blanco "el Estado es un instrumento de las políticas macroeconómicas neoliberales y para ello necesita de la amnesia y la desaparición de la memoria. Esto es lo que nos da el sentido de pertenencia, de raigambre, que nos cohesionan como una nación". Por ello, el lema de Basta de Demoler es Demoler es desaparecer: "Esto expresa un sentimiento generacional contemporáneo. Para imponerse, la globalización debe actuar sobre el sentido de identidad y pertenencia", sostiene.

Según Magadán, entonces el patrimonio arquitectónico comparte una particularidad con el resto de los bienes culturales: cuando se destruye, se pierde para siempre y con esto la posibilidad de que los seres humanos podamos identificarnos con nuestro lugar. "Nos hacen sentir exiliados sin habernos movido de nuestro barrio", afirma.