Nota de la revista Veintitres

Uno de los más reconocidos filósofos del Derecho en la actualidad, Norberto Bobbio, ha denominado a nuestro tiempo la “era de los derechos”. Desde la reforma de 1994 en adelante, nuestro país ha otorgado jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos; y en ambos hemisferios existen mecanismos regionales que cumplen funciones de vigilancia sobre el cumplimiento de esta clase de pactos.

En su interpretación más fiel, la expresión de Bobbio significa que los derechos humanos no existen desde siempre –no pueden ser equiparados a ninguna concepción del derecho natural– sino que son un producto de la modernidad, de la concepción del hombre moderno y el revolucionario proceso de desarrollo de sus potencias, que incluyó la triste evidencia de su capacidad de producir muerte y sufrimiento, también de modo revolucionario y a gran escala.

Es posible afirmar con rigor científico que los derechos humanos son una creación de la comunidad internacional tras la contemplación de la barbarie ejecutada por el régimen nazi durante la II Guerra Mundial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se adoptó en 1948, y así nacidos de la necesidad de consagrar límites y núcleos duros en torno a aquello que en el hombre se considera primario y universal, los derechos humanos se erigieron en contra de la racionalidad orientada a una idea de “progreso” desprovista de ataduras éticas. En la noche más oscura, desde los tiempos de locura oscilante entre admirable desarrollo técnico puesto al servicio de la perversión extrema de la mente humana, surgió la conciencia acerca de la necesidad de consagrar positivamente la dignidad de la vida humana.

El Holocausto es el mayor genocidio del siglo XX, y ha sido también el más documentado. De allí que, entre 1945 y 1949, se celebraran los Juicios de Nüremberg –primer hito del derecho penal internacional– en los que resultaron condenados más de veinte jerarcas nazis. Pero las condenas no son más que un razonable derivado de los testimonios de los sobrevivientes, las fotografías y filmaciones colectadas durante la liberación de los más grandes campos de concentración e incluso las declaraciones de funcionarios del régimen nazi que explicaron y defendieron los métodos de exterminio utilizados para la ejecución de la llamada “Solución Final”.

Ciertamente, el intento por justificar un mal causado puede tener incluso efectos más perjudiciales que el mal en sí mismo. Pero ¿qué ocurre cuando el Mal causado no puede describirse sino con mayúsculas, como fenómeno singular que no podemos categorizar más que a partir de la evidencia del horror? En ese caso, el discurso abandona el campo de la negación de un crimen para convertirse en la justificación del Mal. La negación de un crimen abre las puertas a su posible comisión futura, la justificación del Mal puede llevarnos a la edificación de un discurso que contemple un nuevo exterminio.

El negacionismo surgió casi a la par que los derechos humanos, apenas finalizada la II Guerra Mundial, cuando las evidencias del Holocausto comenzaban a dar la vuelta al mundo. Quienes están inscritos en este “movimiento” sostienen que no hubo un plan masivo de exterminio durante el régimen nazi, que Hitler no estaba al tanto de lo que sucedía, o bien que el plan no fue llevado a cabo a través de cámaras de gas y campos de concentración. Además, prefieren que se los llame “revisionistas”, para gozar de la valía que otorga la creación de una corriente historiográfica propia.

A la última tesis enumerada adhiere el obispo Williamson, que hace algunas semanas argumentó ante las cámaras de la televisión sueca que no existieron cámaras de gas destinadas a los asesinatos en masa y que los números del genocidio alcanzan apenas los 200 mil o 300 mil muertos, y no los 6 millones que contabiliza la versión científica de la historia. Para apoyar sus hipótesis, Williamson cita el “Informe Leuchter”, y describe a su autor como “un experto en cámaras de gas que diseñó tres cámaras de gas para tres estados de Estados Unidos, para la ejecución de criminales”. En verdad, el tal Leuchter resultó ser un falso ingeniero que voló a Alemania y recolectó subrepticiamente trozos de ladrillos de los campos de concentración, para oficiar de perito en el juicio por negación del Holocausto que se llevaba adelante contra Ernst Zündel en 1988. Zündel resultó condenado. El propio Williamson advierte, al final de la entrevista, que sus actos son considerados ilegales en países como Alemania. Es que, más allá de la tipificación concreta como delito autónomo y específico, la negación del Holocausto ha sido condenada tanto a nivel nacional como internacional, a través de diferentes mecanismos.

El caso de Violeta Friedman constituye un importante antecedente en esta materia. En 1991, el Tribunal Constitucional Español entendió que el ejercicio de la libertad de ex-
presión no puede de ningún modo amparar expresiones destinadas a generar sentimientos de hostilidad contra determinados grupos étnicos o nacionales, y dentro de esta categoría de manifestaciones se incluyó entonces la negación del Holocausto.
Pero el caso de España es sólo un ejemplo menor. La conciencia de que la negación de
la historia puede llevar a repetirla ha alcanzado a muchos territorios del continente europeo. En distintos países existen leyes relacionadas con el negacionismo, tales como la Ley Gayssot –aprobada en 1990 en Francia–, que prohíbe toda expresión “racista, antisemita o xenófoba” y establece al mismo tiempo un mínimo de tres años de cárcel a los negacionistas o personas que expresan dudas sobre el exterminio judío. Austria y
Bélgica siguieron poco tiempo después el camino de Francia, pero el caso más significa-
tivo es el de Alemania, en donde la negación o dudas sobre el Holocausto en público se encuentra penado, al considerarse directamente como “incitación al odio”. Del mismo modo, Suiza, República Checa, Lituania, Canadá, Liechtenstein, Polonia y Nueva Zelanda son algunos de los otros países que condenan este tipo de acciones negacionistas.

En ese camino, el 26 de enero de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución en la que se condena “cualquier tipo de negación del Holocausto”. En el texto se considera específicamente que la negación del Holocausto “equivale a la aprobación del genocidio en todas sus formas”. Así, la negación del genocidio podría quedar comprendida dentro del delito de “complicidad” establecido en el Convenio para la Sanción y Represión del delito de Genocidio, del que nuestro país forma parte.

Como es de público conocimiento, el obispo Williamson reside en la Argentina, e imparte sus particulares enseñanzas desde una casona en el partido de Moreno. En nuestro país no existe una norma específica que reprima la negación del Holocausto. Sin embargo, nuestro Código Penal incluye desde su primera versión el delito de apología del crimen, que consiste en la exaltación de un crimen o de un condenado por un crimen. En este caso, la negación del mayor genocidio del siglo XX no sólo reúne las características de la apología de un crimen –o de la justificación del Mal– sino que necesariamente traspasa esos límites, para enrolarse en las figuras que desde fines de los ’80 están contempladas en la Ley de Antidiscriminación. El argumento de comprobación es simple: el Holocausto es el mayor genocidio del siglo XX, y el primero probado ante un Tribunal Penal Internacional; así, quien niega su existencia o su magnitud se opone a las investigaciones y condenas dictadas por la Justicia internacional. Los juicios de Nüremberg son fuente del sistema de derecho penal internacional –hoy cristalizado en el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, de la que la Argentina forma parte– y constitutivos de lo que se llama derecho internacional consuetudinario, de aplicación obligatoria para toda la comunidad internacional. Así, la exigencia de sancionar hechos que nieguen el Holocausto se desprende del análisis conglobado de la legislación y costumbre de fuente internacional.
Williamson insiste en que no hubo cámaras de gas destinadas al exterminio masivo. Luego de asistir al juicio celebrado en contra de Eichmann, Hannah Arendt intentó hallar los mecanismos que llevaban a los integrantes del régimen nazi a neutralizar cualquier instinto de misericordia. En un escrito que llevaba por subtítulo una referencia “acerca de la banalidad del mal” la gran ensayista halló que en ese ambiente, dominado por la presencia de la muerte violenta, tenía especial eficacia el hecho de que la “Solución Final” no se llevara a cabo con violencia sino en cámaras de gas. Las cámaras de gas no sólo eran un instrumento para llevar a cabo matanzas en serie, al modo industrial, sino que además despojaban a la muerte de la impresión que causa en quien aprieta el gatillo.

En la actualidad y aquí cerca, en pleno suelo patrio, hay quienes buscan deshacerse incluso de la evidencia de esos mecanismos genocidas, para negarle a la humanidad entera la posibilidad de mirar a la muerte a la cara, para experimentar la culpa y la expiación –a quien le toque–, para llorar recordando a los muertos, para pensar en un futuro de consolidación de los derechos humanos.

La “era de los derechos” debe necesariamente apuntalarse con mecanismos de protección, capaces de defender su realización efectiva y de poner el foco donde no se respetan, con más fuerza aún si nos hallamos ante la negación de su génesis: del valor de la vida redescubierta tras el velo de horror y muerte que significó el Holocausto.

Columna del 11 de febrero de 2009