Acaban de cumplirse 37 años de la muerte del obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, en un falso accidente vial urdido por una patota del Ejército al mando del teniente coronel Manuel Saint Amant. Por cierto, una duplicación exacta del plan que once meses antes le había costado la vida al obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, urdido por el general Luciano Benjamín Menéndez y el comodoro Luis Estrella. Hacía sólo una semana, ambos fueron condenados por ello a perpetuidad. En cambio, el otro caso sigue impune. De modo que, a la siniestra trama del hecho en sí se suma una no menos ominosa historia del presente, centrada en la complicidad de cierto sector del Poder Judicial con los viejos ejecutores del terrorismo de Estado. Una historia aún con final abierto.

El 23 de abril de 2011, quien escribe esta nota llamó, a propósito del caso, al teléfono de Saint Amant, quien aún estaba en libertad. Tras el tercer timbrazo, se oyó una voz ajada; entonces, se le dijo:

–Con el señor Manuel, por favor.
–Soy yo. ¿De parte de quién?
Al oír la respuesta, su reacción fue increíble:
– ¡No soy yo! Digo, no soy el señor Manuel.
– ¿Y quién es usted?
–Un vecino. Sólo estoy cuidando la casa.
Su tono sonaba inverosímil.
–No se asuste, coronel. Sólo quiero hacerle una pregunta.
El tipo, finalmente, farfulló:
–¿Qué es lo que quiere?

En 1977, sus cuerdas vocales tenían una resonancia más enérgica. Una frase suya le quedaría grabada a Ponce de León, en ocasión de interceder por ocho curas detenidos: "Sí. Los tengo yo. ¿Y qué? Voy a hacer desaparecer a todos los que están con usted", le contestó el uniformado. Después, agregó: "A usted todavía no puedo porque es obispo."

Unas semanas después, en la madrugada del 11 de julio de ese año, el religioso moriría, luego de que su vehículo fuera embestido en la ruta 9 por una camioneta. Ponce de León iba a Buenos Aires con una carpeta para la Nunciatura Apostólica con datos sobre secuestros en San Nicolás y Villa Constitución. Lo acompañaba su ahijado, Víctor Oscar Martínez, de 19 años, quien sobrevivió al presunto accidente planificado nada menos que por Saint Amant. Eso es lo que, en el transcurso de los años, declararía Martínez ante la Justicia Federal.

Ahora, durante esa tarde de 2011, Saint Amant repitió desde el otro lado de la línea: "¿Qué es lo que quiere?"
–Hablar sobre Ponce de León.
– ¿Y yo que tengo que ver con él?
–Usted está sospechado de ser el autor intelectual de su asesinato.
–Es una falacia. Ese murió en un accidente vial. Jamás se probó lo contrario.
–Antes de morir, usted lo amenazó.
–Otra mentira.
–Las amenazas están documentadas.
–¡Falso! Teníamos diferencias. Pero usted se olvida que en aquel momento había una guerra.

Dicho esto, se escuchó el click que dio por finalizada la llamada.

En 1976, Saint Amant fue nombrado jefe del área132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101, en San Nicolás. Y se sintió a sus anchas en su nuevo destino. Es que allí brillaban organizaciones católicas integristas como los Legionarios de Cristo Rey, y Tradición, Familia y Propiedad. Con tales grupos estaba vinculado un acérrimo enemigo del obispo, el abogado Héctor Hernández. Durante su investigación sobre la complicidad de la jerarquía católica con la dictadura, el periodista Horacio Verbitsky exhumó en el archivo de la Cancillería un esquema manuscrito –con una caligrafía idéntica a la de Hernández– en el que figuran nombres y delaciones sobre los sacerdotes de esa ciudad.

El primer informe que Saint Amant envió a su superior, Guillermo Suárez Mason, constituyó una virtual condena a muerte para Ponce de León. Allí, se consigna que en San Nicolás, "los cuadros más importantes de la guerrilla salieron de la Iglesia". Califica al obispo y a sus sacerdotes como "lobos vestidos de ovejas". Y sobre la figura misma de Ponce de León señala que "hace falta lucidez intelectual y cierto coraje para entender que un obispo es traidor a la Iglesia".

Ya se sabe que a las seis de la mañana de ese 11 de julio, el Renault 6 en el que iban el sacerdote y Martínez fue embestido por una pick up Ford F100 tripulada por Luis Antonio Martínez y Carlos Bottini, dos agentes inorgánicos Batallón 601.

Víctor Martínez sostuvo –en su testimonio de 1977 ante la justicia ordinaria, en 1984 ante la Conadep, y en 2006, ante el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo– que tras el accidente oyó la voz de Saint Amant impartiendo la orden de rematar de un culatazo a Ponce de León. Pero, luego de su última declaración, Villafuerte Ruzo tomaría una increíble medida: procesar a Martínez por "falso testimonio agravado", debido a leves discordancias con sus dichos anteriores.

Lo cierto es que ese juez es un viejo pájaro de cuentas. Oriundo de San Isidro, profundamente católico, cuñado del general retirado Enrique Benjamín Bonifacio –un represor que en la dictadura fue jefe del Regimiento de Infantería de Mendoza–, Villafuerte Ruzo adquirió fama –además de pedidos de recusación y de juicios políticos– por obstaculizar investigaciones sobre delitos de lesa humanidad. Al respecto, ayudó hasta donde pudo al ahora condenado Luis Abelardo Patti y también es autor de una verdadera perla procesal: culpar de la apropiación de un bebé a sus propios padres, quienes fueron víctimas fatales de la represión (caso Manuel Gonçalves). Su actuación en la causa sobre Ponce de León –reabierta en 2006 a instancias del fiscal Juan Patricio Murray– no fue menos disparatada. Y no tardó en ser apartado. Su sucesor fue el juez federal Martín Alberto Martínez

A fines de 2012, Saint Amant fue condenado a perpetuidad, justamente por el caso Gonçalves, que incluyó cinco homicidios; entre ellos, el de dos niños. En estos días ocupa otra vez el banquillo por secuestros, torturas y homicidios de 76 personas en San Nicolás, San Pedro y Pergamino.

Pero el expediente del caso Ponce de León aún flota en el purgatorio de la justicia terrenal. El 27 de marzo de este año, la Cámara de Casación resolvió apartar al doctor Martínez por "temor de parcialidad", luego de que este tuviera la insólita osadía de despojar a Víctor Martínez de su condición de víctima y testigo del hecho para convertirlo en el único imputado de la causa. Todavía no fue designado su remplazante; en consecuencia, tal pesquisa ahora hasta carece de juez. Una delicia del fuero federal.