Hace varios años que la realidad argentina es según el cristal con que se mira, el medio que la ponga en escena y el periodista  
o dirigente político que la cuente. Existe un doble estándar insoportable. Los Fondos Buitre son Holdouts o viceversa. Los que reclaman el valor total de los bonos de la deuda, a partir de títulos comprados por migajas, son acreedores honestos amparados por un fallo judicial o meros especuladores que tratan de obtener ganancias extraordinarias a costa de los países en vías de desarrollo.

De la misma forma, el juez Thomas Griesa es funcional al poder financiero mundial o un magistrado probo, independiente e incorruptible.

Más allá de las interpretaciones que siempre son subjetivas, el hecho incontrastable es que Argentina perdió un fallo judicial en primera y segunda instancia y que esto fue avalado por Corte Suprema de los Estados Unidos. Además, la película se desarrolla en tribunales norteamericanos por responsabilidad argentina. Desde la última dictadura militar y sucesivamente en los años noventa, los políticos locales cedieron la soberanía judicial en eventuales pleitos por la deuda. No son pocos los que afirman que estas concesiones fueron inevitables porque sin esas agachadas la plata no hubiese entrado nunca al país. Sin embargo, Brasil nunca cedió la soberanía nacional en sus negociaciones de deuda y las inversiones ingresaron igual a su territorio. Su ejemplo debería ser el catecismo a seguir ante futuros empréstitos.

Desde el primer endeudamiento externo en 1824, durante la gestión de Bernardino Rivadavia con la Baring Brothers, los acuerdos con los financistas internacionales se realizan bajo parámetros que merecen la definición que Arturo Jauretche utilizó para referirse a los acuerdos entre Inglaterra y Argentina por la venta de carne en la década del 30: el Estatuto Legal del Coloniaje: deudas exorbitantes por obras no realizadas, fondos que no ingresan sino en una ínfima parte y suculentas comisiones para funcionarios y negociadores.

Pero volviendo a la actualidad, el gobierno nacional cosechó apoyos políticos internacionales tan extendidos y contundentes como tardíos. También convocó a la oposición. En este caso se movió tarde y mal. Estas demoras y las bravatas públicas están entre lo más cuestionable de un proceso de reestructuración de deuda que fue, a todas luces, eficaz (ingresó el 92,4 por ciento de los acreedores).

Hay que señalar que la vara con la que los tribunales yanquis midieron el caso argentino también fue desigual. En Estados Unidos grandes empresas pudieron sostener sus acuerdos de deuda con sólo el 66 por ciento de las voluntades positivas de los acreedores (algo que se repite en las legislaciones de casi todos los países occidentales). Y un municipio como Detroit fue beneficiado por el juez que trató su cesación de pagos porque evitó que las minorías impugnaran un acuerdo de pago de deuda aceptado por la mayoría de los acreedores. Argentina, en cambio, fue tratada peor que una empresa o un municipio americano.

Carlos Burgueño, periodista económico y autor del libro Buitres, recordó que a las razones del juez Griesa, a la hora de emitir un fallo tan favorable a los fondos especulativos, hay que sumar “que Argentina hace diez años que no es cliente del sistema, hace diez años que no se toma deuda”.

Por otro lado, plantear que hay que pagar sin chistar es tan estúpido como sostener que se puede obviar un fallo adverso de estas características. El ministro de Economía Axel Kicillof insiste en que el fallo de Griesa es de “imposible” cumplimiento porque si se paga a los buitres se cae la reestructuración de la deuda. En esa lógica sólo se puede acordar con Singer & asociados, si se logra destrabar la cancelación a los bonistas que aceptaron la quita.

Hasta los economistas más críticos opinaron que depositar los 532 millones de dólares destinados a los acreedores reestructurados en el Banco de Nueva York fue una decisión acertada. El juez no embargó ese dinero y sólo calificó al pago como “ilegal”. De esa manera, la responsabilidad por un eventual default técnico pasó a la entidad bancaria y al propio magistrado. Los legítimos dueños de ese dinero ya comenzaron los reclamos. En tanto, el gobierno manifestó su voluntad de pagarles a todos los acreedores, sean palomas o buitres.

El tema es cómo. Ese es el intríngulis a destrabar. Cualquier acuerdo que no respete lo acordado con los bonistas que aceptaron la propuesta del tándem Kirchner-Lavagna, no sólo haría recaer una insoportable carga de endeudamiento sobre los gobiernos que sucederán al kirchnerismo, comprometería también el futuro de varias generaciones de argentinos. La unidad política ante una situación tan compleja más que necesaria es imprescindible.

El mal amado

El doble estándar también se exhibe a la hora de analizar el procesamiento de Amado Boudou. En general, los que piden su cabeza antes de una sentencia no hacen lo mismo con Mauricio Macri. El Jefe de gobierno está en una situación judicial similar.

Y viceversa: los que la emprenden desde hace años contra el ex presidente de Boca por su responsabilidad política en el espionaje telefónico, miran para otro lado en el caso Boudou. Los delitos que se les imputan son distintos pero el estatus judicial el mismo.

Al vicepresidente lo procesaron por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. El Juez Ariel Lijo está convencido que se quedó con la empresa Ciccone a través de amigos y testaferros. Otras dos causas lo complican: la compra de un vehículo con papeles truchos, fue citado para el 17 de julio, y la investigación sobre el incremento de su patrimonio.

El futuro político de Boudou está hipotecado desde la primera denuncia judicial pero su estabilidad en el cargo depende sólo de la voluntad de Cristina Kirchner. Tiene cierta lógica, fue por una decisión íntima y personal de la presidenta que llegó sorpresivamente a ocupar un lugar en la fórmula del Frente de la Victoria en 2011. Después del mal trago de Julio Cobos todos esperaban a un gobernador de prosapia peronista o a un ministro con historia en el PJ. Se equivocaron. El dedo presidencial recayó en Amado.

Si bien los dos funcionarios elegidos por el voto popular están procesados, hay una diferencia nítida entre el vicepresidente y el líder del Pro. Los costos políticos del procesamiento por espionaje afectan con exclusividad al propio Macri. En cambio el primer revés judicial de Boudou impacta de lleno en el gobierno nacional, empezando por la presidenta y terminando en los aspirantes a sucederla.

La defensa del vice apeló su procesamiento ante la Cámara Federal, comienza un proceso que podría durar varios años. Basta recordar que recién ahora se dictaron sentencias sobre las coimas en el Senado o en las causas que involucran a María Julia Alsogaray. Doce o quince años después de los hechos denunciados. Un verdadero dislate que se parece mucho a la impunidad pero que también afecta a los funcionarios procesados. La cuestión es el mientras tanto.