“Nuestra propuesta es la creación de un quinto poder cuya función sería la de denunciar el superpoder de algunos grandes grupos mediáticos que, en determinadas circunstancias, no sólo no defienden a los ciudadanos sino que actúan en su contra” (Ignacio Ramonet, La explosión del periodismo).

No hay quinto poder sin Estado y sin decisión política. Esa es la hipótesis que atraviesa este libro y que me gustaría desarrollar. Pero para ello quisiera, en primer lugar, aclarar a qué me refiero cuando hablo de quinto poder y por qué esta categoría comenzó a surgir con fuerza en la Argentina a partir de la discusión que se dio allá por 2009 cuando se impulsara la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La idea de “quinto poder” pertenece a Ignacio Ramonet y es una noción que viene desarrollando desde hace varios años pero que encuentra su última actualización en el libro La explosión del periodismo, publicado en 2011.

Hablar de la necesidad de la instauración de un quinto poder en el marco de sociedades democráticas y republicanas implica, sin dudas, una rearticulación crítica o el señalamiento de una falta en los 4 poderes existentes. Por ello es que habrá que revisar cómo se conjugan los 3 poderes republicanos clásicos (el ejecutivo, el legislativo y el judicial) con el denominado cuarto poder, esto es, el poder de la prensa.

Indagando al interior de los poderes republicanos ya podemos hacer una serie de señalamientos bastante útiles para comprender alguna de las disputas que se han dado en Argentina. Me refiero a que de los 3 poderes, el ejecutivo y el legislativo son elegidos por voto popular, algo que no sucede con un poder judicial que ha obturado casi todos los intentos de modificación de esta lógica. La razón de esta negativa al cambio es siempre política pero se ampara en esa particular estructuración de las repúblicas modernas que se autodenominan democráticas pero poseen un poder del Estado con espíritu contramayoritario. Dicho más fácil, el poder judicial con su control de constitucionalidad es el encargado de velar por los derechos incluidos en una Constitución nacional que no debería estar sujeta a las mayorías circunstanciales que se puedan formar en las cámaras o a las decisiones del poder ejecutivo.

Ahora bien, si nos referimos a los poderes representativos encontramos que la diferencia entre la teoría y la realidad es enorme porque bastaría una encuesta en casi cualquier parte del mundo para dejar bien en claro que una buena parte de la ciudadanía no se siente representada por la dirigencia política. Este fenómeno, que no es novedoso, y que tiene un sinfín de justificaciones razonables, es uno de los elementos que da cuenta del florecimiento de la prensa escrita allá por el siglo XIX y la consecuente aparición, como actor social y político relevante, de “la opinión pública”. Porque, recuérdelo siempre, sin prensa no hay opinión pública, y muchos, con buen tino, sospechan que la opinión pública se parece demasiado a la opinión de la prensa.

Si bien no me gusta caer en pasados ideales y orígenes románticos, a los fines expositivos podría decirse que, en sus comienzos, la prensa funcionó como un contrapoder frente a la autonomía de los gobernantes y representantes populares. De este modo el periodismo pasó a ser un intermediario necesario y constituyente de las repúblicas democráticas liberales en las que la libertad de expresión era uno de sus pilares fundamentales. Cuando hablo de intermediarios no me refiero, en este caso, a ser neutral y objetivos. De hecho, en sus orígenes, la prensa no buscaba estar en el medio sino claramente de un lado, representando los intereses de determinadas facciones. Podría decirse, entonces, que la prensa nació militante (y, yo agregaría, nunca dejó de serlo). Pero sí eran intermediarios en el sentido que amplificaban las reivindicaciones y peticiones de sectores de la sociedad civil y lograban ser el vehículo para que una creciente masa de nuevos lectores tomara conocimiento de las acciones de gobiernos que, en tanto republicanos, ya no tenían la legitimidad para adoptar decisiones secretas.

Pero graficar, como se hacía anteriormente, a los 3 poderes de la república por un lado y al cuarto como contrapoder representativo de los intereses de la ciudadanía es, como mínimo, una ingenuidad. Pues en los años ’90 esos medios, hoy multimedios y megaempresas, fueron cómplices de los gobiernos que a través de las recetas del Consenso de Washington lograron una desregulación total del mercado de la comunicación que permitió la formación de enormes oligopolios comunicacionales. Esto puso a los 4 poderes de un solo lado y a la ciudadanía inerme del otro creyendo que los periodistas que admiraba se oponían al modelo neoliberal por el simple hecho de denunciar casos de corrupción. Pero no: la prensa tradicional fue cómplice de ese modelo, lo cual derivó en ese maravilloso graffiti callejero que rezaba “Nos mean y la prensa dice que llueve”.

Pero para ser más precisos, el cuarto poder ni siquiera se transformó en uno de 4 poderes sino en el principal en tanto capaz de imponerles condiciones a los representantes del pueblo. El carácter dominante de ese cuarto poder quedó expuesto cuando el signo político de los gobiernos cambió y ya entrado el siglo XXI se asiste a medios de comunicación en campaña permanente de ataque y desestabilización.

En este contexto es que parece natural la necesidad del surgimiento de un contrapoder crítico de la prensa tradicional y representativo de los intereses del ciudadano de a pie. Eso es lo que Ramonet llama “quinto poder” y en la construcción de esta fuerza las nuevas tecnologías tienen un papel destacado. Pues, sin ir más lejos, más allá de cierto escepticismo que me distancia de Ramonet, es claro que hoy la prensa tradicional recibe los embates de cibernautas que, desde blogs o redes sociales a las cuales se puede acceder hasta desde un teléfono, son capaces de denunciar inmediatamente la noticia falsa o sesgada que en la era analógica gozaba de mayor impunidad.

Reconstruido el marco, cabe decir que si bien es posible, en líneas generales, acordar con Ramonet sobre este fenómeno, es necesario detenerse en lo que ha ocurrido en la Argentina y en lo que empieza a vislumbrarse en otros países sudamericanos pues no casualmente los gobiernos populares de la región han decidido avanzar con leyes que apuntan, de una manera u otra, a veces mejor, a veces peor, a quebrar el cerco informativo que impone la prensa hegemónica. En Venezuela, después de la vergonzosa actuación de buena parte de la prensa opositora en la intentona de golpe de Estado contra Hugo Chávez y tan bien retratado en películas como La revolución no será transmitida (2003) o Puente Llaguno, claves de una masacre (2004), se impulsó la ley de responsabilidad social en Radio y Televisión que entró en vigor en 2005; en Ecuador, en 2013, Rafael Correa logró la sanción de una Ley de Comunicación, y en Bolivia también se avanzó en una serie de normativas contra el lenguaje racista en los medios y a favor de recuperar una importante cantidad del espectro para medios comunitarios. En los momentos en que escribo estas líneas, José Mujica en Uruguay también prometió una ley de medios.

La necesidad de este tipo de leyes se puede comprender tomando en cuenta el nivel de concentración de la propiedad de los medios en América latina. En este sentido, como indica Martín Becerra, ya en 2004 y yendo de 0 a 1 (interpretando al 1 como situación monopólica), la prensa gráfica tenía una concentración de 0,67; la radio 0,70; la televisión 0,92, y la TV paga 0,79. Esto se explica por los grupos Clarín en Argentina, O Globo en Brasil, Caracol en Colombia, El Mercurio en Chile y Cisneros en Venezuela, entre otros.

En este panorama y volviendo a la postura del ex director de Le Monde Diplomatique, quisiera decir que pareciera haber en ella una mirada demasiado optimista respecto de la posibilidad de las asociaciones de la sociedad civil y cierto recelo a las acciones impulsadas desde los gobiernos y los Estados. De hecho, esta propuesta de quinto poder que ya aparecía en aquellos inolvidables encuentros antiglobalización en Brasil, promovía la creación de un Observatorio de Medios como forma de controlar a la prensa tradicional, sin tomar en cuenta, por ejemplo, que sin la decisión política de avanzar en determinadas normativas desde el Estado, no alcanzaría con organizaciones de la sociedad civil pretendidamente independientes de los gobiernos.

En el caso de la Argentina, la situación fue muy clara porque si bien es verdad que antes de la sanción de la Ley de Medios ya existían elaboraciones propias de la sociedad civil, como ser, los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, fueron dos de los poderes de la República (el poder ejecutivo, acompañado por el poder legislativo) los que le dieron visibilidad a una problemática que parecía mero asunto de periodistas y estudiantes de comunicación. ¿O alguien puede creer que un grupo de blogueros intrépidos, junto a unos twitteros audaces y unos facebookeros incansables van a poder enfrentar el poder de fuego de La Nación, Clarín y Perfil y la amplificación de sus repetidoras audiovisuales?

Por ello hay que prestar atención especial al modo en que se intenta constituir quinto poder desde estas latitudes, pues lo que está sucediendo aquí difiere de esos nuevos movimientos sociales que florecieron, según nos cuentan los medios tradicionales, a través de la capacidad asociativa de Internet. En este sentido, si bien merecería más espacio, fenómenos como los de Occupy Wall Street en Estados Unidos o el 15M en España no reproducen lo que sucede en Latinoamérica. Más bien, se encuentran 10 o 15 años atrás en una situación similar a la ocurrida cuando en esta parte del continente se exigía “que se vayan todos” tras la crisis neoliberal con porcentajes inéditos de desocupación, recesión, violencia y, en países como la Argentina, con incautación de los ahorros.

A partir del ejemplo de Latinoamérica se observa, entonces, que la viabilidad del quinto poder depende de la acción directa de los gobiernos y de los Estados, los únicos capaces de enfrentar a las grandes corporaciones económicas. Sin esa decisión política y sin una agenda que realce el valor de una disputa cultural difícilmente estaríamos asistiendo a un momento tan crítico del periodismo y al auge de nuevas formas y voces. Porque en buena parte de Latinoamérica, y en la Argentina en particular, no tenemos, como sucede en la mayoría de los países del primer mundo, a los cuatro poderes del mismo lado frente a la sociedad civil. Mas bien, está la decisión del “primero” de los poderes (el poder ejecutivo), seguido de un enorme consenso que incluye fuerzas opositoras en el “segundo” (el poder legislativo) enfrentando a aquellos dos poderes que no sólo tienen en común intereses económicos e ideológicos sino que también se caracterizan por ser aquellos poderes que no son elegidos a través del mecanismo de elecciones democráticas. Me refiero, claro está, al modo en que el cuarto poder, el de las corporaciones económico-mediáticas, ha logrado hallar en el “tercero” de los poderes (el poder judicial) el dique de contención para el avance de muchas de las medidas impulsadas por los representantes de la ciudadanía.

Para finalizar, entonces, la posibilidad de la existencia de un quinto poder ha dependido, y seguirá dependiendo, de la visibilidad y el empoderamiento impulsados por los poderes de la república cuyos cargos son ocupados por representantes elegidos a través del voto popular. Porque suponer que la revolución está a un clic de distancia, o que la participación política territorial puede suplantarse por un “Me gusta” en la página de Facebook que abogue por una causa justa, es una de las tantas miradas miopes que impulsan los mismos medios tradicionales que, ante el riesgo de ver socavada su legitimidad frente a estas nuevas voces, han generado interacciones que han sometido a las redes sociales a la agenda del cuarto poder. En este sentido, el quinto poder no puede nacer por generación espontánea y, menos aún, puede estructurarse a partir de la pretendida independencia que pregona el pensamiento “oenegista” que surgió en la década de los noventa en el contexto de achicamiento del Estado. En otras palabras, el quinto poder logrará ser un efectivo contrapeso del poder hegemónico de los medios tradicionales siempre y cuando exista una decisión política de empoderarlo. Tal decisión, en el contexto de la Argentina actual y de Latinoamérica, se ha expresado en normativas ambiciosas que en algunos casos aguardan su plena vigencia y sientan las bases para una transformación cultural mucho más compleja que deberá implicar cambios en los hábitos de consumo y en las audiencias. De lo contrario, el quinto poder no será otra cosa que un eco degradado del cuarto, una gran fantasía de ágora virtual que penetrará en la instantaneidad de una sociedad hiperconectada que acabará creyéndose libre y soberana por el simple hecho de formar parte de una red social y poseer un control remoto en la mano.