La justicia federal de la Capital Federal intenta que se investigue al Grupo Clarín por haber montado una asociación ilícita para –mediante maniobras defraudatorias y de criminalidad económica– quedarse con el control de una serie de medios de comunicación en el interior del país. La denuncia, originada en el 2012 en la provincia de Córdoba contra el multimedios encabezado por Héctor Magnetto y José Aranda, apunta también a dilucidar si montaron "un aparato de propaganda" destinado a apuntalar a la dictadura militar desde 1976 en adelante. La fiscalía a cargo de Leonel Gómez Barbella apeló el viernes una declaración de incompetencia para que la causa regrese a la justicia federal de esa provincia, y que de esta forma permita que se puedan investigar varias causas conectadas con delitos económicos que tienen al holding en la mira.

La causa, que Tiempo Argentino revela en exclusiva, se originó el 21 de marzo de 2012 a raíz de una denuncia del dirigente kirchnerista Carlos Moscatelli ante la Fiscalía Federal Nº1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari. Allí se señaló a Magnetto como el jefe de una asociación ilícita con vinculación con empresas como el diario La Voz del Interior, Canal 12 y Radio Mitre de Córdoba, todos comprados por el Grupo Clarín. Pero la denuncia fue más allá y solicitó que se investigue penalmente su rol como "partícipe y cómplice de los hechos delictivos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar desde el 24 de marzo de 1976". Para sostener ese punto, el escrito agrega que el multimedios "se habría desempeñado como aparato de propaganda, dando información tendiente a sugestionar, atemorizar y confundir a la población". La acusación abarca períodos posteriores, en los que se habrían perpetrado delitos de índole económica, como la distorsión de precios de las acciones que habrían sido compradas por las AFJP, una de las principales causas contra el multimedios acusado de haber fraguado una salida a la Bolsa con un precio inflado, lo que ocasionó que cuando las administradoras de fondos jubilatorios las incorporaron a sus carteras, el precio de desplomó, ocasionando un perjuicio a sus tenedores.

El Grupo Clarín no sólo está investigado por haberse quedado con Papel Prensa en connivencia con la dictadura.

A pesar de que por estos delitos ya hay causas abiertas en el fuero federal y en el fuero penal económico, la causa apunta a determinar si esto también posibilitó que el Grupo adquiriera los principales medios de Córdoba a través de una apropiación de forma fraudulenta.

Senestrari impulsó la acción penal ante el juez Ricardo Bustos Fierro, quien había sido denunciado por la Secretaría de Comercio por emitir fallos favorables al multimedios. Sin embargo, el fiscal solicitó al juez que se declare incompetente y envié el expediente a la justicia federal porque la investigación sobre las maniobras económicas y por el presunto montaje de un aparato de propaganda excedió la jurisdicción de la provincia.

Bustos Fierro convalidó el pasaje luego de haber solicitado informes a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a partir de Reportes de Operaciones Sospechosas sobre fondos de origen fraudulento para maniobras de adquisición de empresas. Por eso, el expediente fue girado al juzgado que hoy comanda el juez Sebastián Ramos, que cuando era subrogado por su par Marcelo Martínez de Giorgi había tramitado el levantamiento del secreto fiscal en 2010, a instancias de una pesquisa sobre Aranda, vicepresidente y accionista de Clarín. En ese caso, el juez lo había rechazado, pero la Cámara Federal ordenó levantar el secreto para que se lo investigue. A pesar de ello, Ramos rechazó la competencia el 11 de mayo, algo a lo que se opuso Gómez Barbella el pasado viernes. Ahora será la Cámara la que resuelva el conflicto de competencia y disponga qué juez debe hacerse cargo de la causa que puede aglutinar varios de los expedientes donde se investiga criminalidad económica vinculada con el accionar del holding. Desde el Ministerio Público Fiscal, Senestrari y Gómez Barbella coinciden en que debe seguir tramitándose en Comodoro Py.

Los argumentos de este último fiscal –quien interviene en la causa Papel Prensa y dispuso el llamado a indagatoria de los accionistas privados por su presunta apropiación– fueron que el objeto procesal del expediente podía contener otras jurisdicciones donde se habrían cometido los delitos, incluida la puesta en marcha de un aparato de propaganda pro dictadura. La base de operaciones del Grupo Clarín está también en la Capital Federal, por lo que se debería investigar de manera centralizada. Se dejó a salvo que con el avance se pueda determinar desprendimientos de ese expediente, como así atraer la competencia de otras. Ramos alegó que sólo se había cumplido con un paso procesal para que la UIF pudiera seguir investigando a Aranda por lavado de dinero. Sin embargo, para Gómez Barbella, avanzar en esta denuncia puede completar aspectos que aún no han sido analizados de los posibles delitos económicos que están puestos bajo sospecha.

El Grupo Clarín no sólo está investigado por haberse quedado con Papel Prensa en connivencia con la dictadura. Su salida a la Bolsa fue analizada en la justicia comercial y se investigan delitos de lavado en la operatoria de compra de sus acciones por las AFJP. Empresas creadas por el holding en Delaware también están sospechadas de blanqueo de activos. Su relación con JP Morgan fue denunciada como fuga de capitales a través de estructuras financieras creadas para lavar. Tiempo reveló el 17 de noviembre de 2013 que se había solicitado un embargo preventivo por 800 millones de pesos sobre la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, Lucio Pagliaro y el propio Aranda, a raíz de irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.

Si la Cámara define que este expediente no quede acotado sólo a acciones ocurridas en Córdoba, podría significar que se los vuelva a investigar por delitos económicos y ahora también por el montaje de un aparato de propaganda para sostener a la dictadura de Jorge Rafael Videla.

Los antecedentes que salpican al grupo

Apropiación de papel prensa

Clarín está investigado con La Nación por la apropiación ilegal de Papel Prensa en la dictadura. Esa causa está conducida por el juez Julián Ercolini, con la intervención del fiscal Leonel Gómez Barbella, que pidió la indagatoria de directivos de ambos medios porque considera que hay pruebas para que respondan como acusados del desapoderamiento con maniobras de intimidación de la empresa. Debe resolver la Cámara Federal.

DD JJ con irregularidades

El BCRA reportó irregularidades en las DD JJ de bienes de los directivos del grupo Lucio Pagliaro y José Aranda. En 2006, Pagliaro declaró bienes por $ 917.666, mientras que en 2007 lo hizo por $ 367.105.429, es decir, 399 veces más. Aranda declaró bienes por $ 180 millones y, un año más tarde, por $ 412.110.419. Se señaló a la defraudación a las AFJP y el reparto de dividendos como origen del salto en el patrimonio.

Arbizu y la banca Morgan

El ex vicepresidente del JP Morgan Hernán Arbizu fue el primero en denunciar maniobras de criminalidad económica del Grupo Clarín y de sus directivos, a partir de pruebas que los vinculaban con operaciones de banca offshore para girar dinero fuera del país a partir de una estructura ilegal. En 2009, el grupo comenzó a ser investigado en causas que tienen al juez Sergio Torres y a su par Sebastián Casanello como protagonistas.

En el paraíso de delaware

El 4 de mayo, el fiscal federal Diego Iglesias solicitó al juez Luis Rodríguez el envío de nuevos exhortos a EEUU y a Inglaterra requiriendo información sobre dos préstamos por 20 millones de dólares otorgados a GCSA Investments, creada en el paraíso fiscal de Delaware. Se sospecha que fue parte de una maniobra del Grupo para lavar dinero que supuestamente estaba depositado en cuentas no declaradas en el exterior y fueron parte de un ilícito.

El Mercurio, un antecedente

Difícil ver en su actual rostro de "abuelo bueno" al conspicuo colaborador de la CIA que, a cambio de abultados fondos de la administración Nixon, montaba campañas de desinformación para socavar la democracia y alentar el golpe de Estado, que finalmente se produjo, contra el presidente Salvador Allende. Por esas acciones secretas, que cobraron luz luego de que el Departamento de Estado de los EE UU desclasificara archivos de los '70, Agustín Edwards Eastman -de él se trata-, propietario del diario chileno El Mercurio y de un vasto grupo mediático, fue expulsado hace un mes del Colegio de Periodistas trasandino. A Edwards Eastman se lo acusó además de montar diversos "montajes periodísticos" al servicio de la dictadura pinochetista.

Las tres claves de la causa

Los delitos: el multimedios está acusado por supuestas maniobras defraudatorias y de criminalidad económica que, a lo largo del tiempo, habrían permitido la adquisición de diversos medios en todo el país. Por primera vez, se señala al Grupo además por haber montado un "aparato de propaganda" a través de sus productos para sostener ideológicamente a la dictadura.

Los acusados: se apunta a l CEO Héctor Magnetto como jefe de una asociación ilícita y a todo el Grupo Clarín por su responsabilidad en la comisión de delitos de índole económica durante la dictadura y ya en democracia.

El trámite judicial: la justicia federal de Córdoba giró las actuaciones a la de la Capital Federal en virtud de que existen antecedentes para investigar al multimedios desde Comodoro Py. El juez Sebastián Ramos se declaró incompetente, algo que la fiscalía rechazó y será definido por la Cámara Federal.