Si el retardo en un proceso judicial atenta contra la verdad y conduce a la impunidad, como advirtió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces la causa por el faltante de más de 200 cadáveres en las morgues de la Ciudad es un claro ejemplo de este tipo de maniobra.

Según consignó Tiempo Argentino, el expediente, de alto impacto político, pretendía aclarar qué pasó con todos esos cuerpos, supuestamente alojados en hospitales públicos, pero lleva frenado más de 21 meses, contra apenas 40 días de investigación. Desde que se inició, en agosto de 2013, fue interrumpido por dos recusaciones de la Procuración porteña y el posterior "cajoneo", primero en la Cámara del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, y luego en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en un limbo que se prolonga hasta la actualidad.

En el medio, el 17 de octubre de 2014, apareció Luciano Arruga, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. El hallazgo surgió al entrecruzar huellas digitales, pero también había otros indicios, perdidos en el desprolijo papeleo de los depósitos de cadáveres, que el bloqueo judicial del macrismo impidió detectar a tiempo. La documentación que registraba el paso de Luciano por el Hospital Santojanni se encontraba en la pila de material secuestrado en el expediente N°42.492, el mismo que duerme en el TSJ y que hasta ahora nunca pudo ser examinado en profundidad, fruto de la estrategia recusatoria de los abogados del PRO.

Entre otros problemas, varios cadáveres no estaban en las morgues indicadas.

En las fojas de esa causa, el juez porteño Andrés Gallardo reveló el descontrol y la desidia imperantes en las morgues a cargo del gobierno de Mauricio Macri. "Un basural", resumió el magistrado, en referencia al escenario con que se topó en varios centros de salud. Gallardo habló de "cadáveres en avanzado estado de putrefacción 'entreverados0 entre otros cadáveres", "trozos de miembros amputados" y "gran cantidad de cuerpos sin identificación que permanecen en los depósitos desde un tiempo indeterminado". También mencionó "registros inexistentes o llevados de forma absolutamente irregular", en medio de la "ausencia de personal responsable". Una muestra cruda de esta situación fueron dos cuerpos en el Hospital Ramos Mejía que aparecían identificados con un mismo nombre, "uno en estado de disecación, y otro en estado de putrefacción, literalmente 'tirado' en una bolsa en condiciones deplorables, y oculto debajo de otro cadáver".

Antes de que ser apartado, el juez señaló que los delitos a determinar iban desde la violación de deberes de funcionario público y la eventual falsificación de partidas de defunción, hasta la posible supresión de identidad y la desaparición de cadáveres. La causa, además, posee valor para otras investigaciones en curso: la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 8 ya solicitaron al TSJ la remisión del expediente. Por ahora, se tienen que conformar con sacarle fotocopias (ver aparte).

En concreto, Gallardo alcanzó a identificar 216 casos –77 adultos y 139 menores– a los que se les perdió el rastro en las morgues de seis hospitales la Ciudad. "Desde el año 2008 a la fecha (por agosto de 2013) supuestos cadáveres ingresados no acreditan su egreso", explicó. Es decir, figuraban en el libro de entrada y no en el de salida, pero sin embargo no estaban en el lugar. Fueron 30 adultos y once bebés en el Hospital Ramos Mejía; 20 adultos y 73 bebés en el Rivadavia; tres adultos y un bebé en el Durand; un adulto en el Muñiz; 16 adultos y 24 bebés en el Piñeiro; y siete adultos y 30 bebés en el Santojanni.

En los pocos días de actividad real del expediente, el magistrado allanó 22 hospitales, además de la Procuración General que encabeza Julio Conte Grand y la Dirección de Cementerios, en operativos que permitieron secuestrar 27 cajas con documentación, de la que sólo se pudo estudiar, y parcialmente, la referida a la media docena de instituciones antes mencionadas.

Ocurre que el derrotero de la causa describe el tabique judicial perfecto. Desde el 13 de noviembre pasado, fue absorbida por el Tribunal Superior, pero no para decidir sobre la cuestión de fondo –es decir, esclarecer lo sucedido con los cuerpos– sino para trabar cualquier diligencia que avance sobre los hechos. Así lo solicitó la Procuración porteña: que el TSJ "requiera la elevación de los autos principales y de todos los incidentes haciéndole saber (al magistrado de grado) que deberá abstener de dictar cualquier tipo de medida (…) hasta tanto exista un pronunciamiento firme (…) respecto de la recusación en marras". Por dos votos contra uno, el Tribunal dijo que sí.

La primera recusación contra Gallardo había llegado el 12 de junio de 2013, a 11 días de iniciada la recolección de pruebas. Fue acusado de excederse en sus facultades, de "prejuzgamiento" y "enemistad manifiesta". Los abogados de la Ciudad –que también cuestionaron al juez por su "sintonía con la postura del gobierno nacional respecto de la necesidad de una reforma judicial"– sostuvieron que este accionar obstruía la sepultura de cuerpos. En rigor, el Ejecutivo había pedido autorizar 23 entierros, pero Gallardo aseguró que "la documentación acompañada adolecía de serias deficiencias e irregularidades que impedían acordar las licencias de inhumación solicitadas". Entre otros problemas, varios cadáveres no estaban en las morgues indicadas. El funcionario consideró de "una gravedad escandalosa" que "la máxima autoridad legal del Estado local promueva acciones propiciando la sepultura de personas inexistentes o convalidando certificados de defunción confeccionados dos o tres años con posterioridad a los eventuales fallecimientos”.

Cuando el caso llegó a la Cámara de Apelaciones, se congeló por 9 meses. En el ínterin, Pablo Mántaras, del Juzgado Nº 3, había recibido el expediente, pero ante una consulta de inmediato lo envió al tribunal de alzada. Recién el 29 de mayo de 2014 se conoció la decisión de la Sala III, que rechazó la recusación y reintegró la causa a su juez natural. Pero duró poco: el 3 de julio de ese año sobrevino una segunda recusación, con argumentos calcados. Gallardo había dispuesto nuevas inspecciones oculares en las morgues, con el ánimo de actualizar la información recolectada, algo que nunca se concretó.

En paralelo, la Ciudad había hecho un planteo de "inconstitucionalidad" por el fallo que denegó la primera recusación. Como la Sala III también desestimó esos argumentos –por no existir una sentencia definitiva–, la Procuración fue en queja al TSJ. Y aunque el máximo tribunal aún no decidió si acepta ese planteo, sí accedió a hacerse de la totalidad del expediente, vedando la investigación.

En cuanto al otro pedido para apartar a Gallardo, recién podrá resolverse cuando se desanude el enredo anterior. Sólo para la anécdota, la causa había recaído en el juzgado de Lidia Lago, quien de todos modos nunca tuvo una sola foja en sus manos.

Mientras tanto, hace casi dos años, la pregunta sigue siendo la misma: ¿Qué pasó con esos 200 cuerpos?

Lo que nadie pudo ver a tiempo

Luciano Arruga desapareció en enero de 2009 y fue encontrado en octubre de 2014, en una tumba NN del cementerio de la Chacarita. El hallazgo fue fruto de un habeas corpus y del entrecruzamiento de huellas dactilares. Sin embargo, hacía más de un año que documentos de gran valor para dar con su paradero habían sido secuestrados de la morgue del Santojanni, el hospital donde el joven estuvo internado y perdió la vida. Entre otras razones, esos papeles no pudieron detectarse a tiempo por el accionar de la Procuración porteña, que frenó el avance de la causa instruida por el juez Andrés Gallardo.

Desde el 5 de agosto de 2013, junto al material recolectado en 22 hospitales públicos de la Ciudad, estaban los biblioratos con los ingresos y egresos del depósito de cadáveres del Santojanni. En el folio 343, de puño y letra, quedó constancia de que un hombre de sexo masculino, identificado como NN, fue recibido en esa morgue el primero de febrero de 2009, a las 5:30. Era Luciano, al que le atribuyeron hasta una década más de vida: en lugar de los 16 años que tenía, le calcularon entre 25 y 30. El acta mencionó que la muerte fue "por traumatismo" y que, la tarde del día siguiente, un agente de la Policía Federal de la Comisaría 42ª retiró el cuerpo, con destino a la morgue judicial porteña.

Pieza clave para otros expedientes

Como parte de una investigación para trazar un mapeo sobre las personas desaparecidas en democracia, la Procuraduría de Trata y Explotación requirió al Tribunal Superior porteño cierta documentación contenida en la causa por el faltante de cadáveres en las morgues de la Ciudad. La unidad que encabeza el fiscal Marcelo Colombo había solicitado la remisión de las actuaciones, pero el 6 de abril pasado el TSJ respondió que deberán acercarse a su sede para consultarlas y, en todo caso, retirar copias; una diligencia que aún no se concretó.

En el megaexpediente 1153/13, la Procuraduría hizo miles de pedidos al Poder Judicial y al Ministerio Público de cada provincia, así como a los organismos encargados de registrar las desapariciones. El objetivo es recopilar casos por búsqueda de paraderos, fuga de hogares u otras caratulas asimilables, junto a los hallazgos de cadáveres no identificados. En el despacho de Colombo detallaron que, al entrecruzar esos datos, se podría obtener un cotejo de huellas que permita establecer coincidencias entre algunos de los NN y las personas desaparecidas. En la Ciudad, el requerimiento recayó en el TSJ. "La documentación que llevaba el expediente sobre el faltante de cadáveres se necesita en nuestra causa", explicaron en la Procuraduría. Otro que mostró interés en la investigación que duerme en el TSJ es el juez Marcelo Martínez De Giorgi, del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 8. En su caso, el 20 de mayo le informaron que "resulta imposible –por el momento– acceder a la remisión de los autos que solicita". La alternativa que le dieron al magistrado es "realizar la duplicación en dependencias del Tribunal de las piezas procesales pertinentes, acompañando el papel necesario para dicha tarea".