Ex combatientes de Malvinas pidieron ayer ante la justicia federal de Río Grande, Tierra del Fuego, la declaración indagatoria de ocho oficiales de las Fuerzas Armadas acusados de torturas y otros vejámenes cometidos contra soldados argentinos durante la guerra de 1982. E incorporaron cinco denuncias nuevas por hechos similares, realizadas ante la Secretaría bonaerense de Derechos Humanos, consignó Tiempo Argentino.

Además, los ex combatientes solicitaron constituirse como parte querellante en otra causa judicial donde se investigan presuntos crímenes de guerra cometidos por militares británicos, y requirieron que se libren exhortos al Reino Unido para indagar a cuatro sospechosos de haber participado de esos delitoss.

Ambas presentaciones fueron realizadas por el presidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), Mario Volpe, y por el abogado de esa organización, Jerónimo Guerrero Iraola. Fue avalada por el presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas del Ministerio del Interior, Ernesto Alonso, y diversas asociaciones fueguinas de ex combatientes.

Los expedientes tramitan, por razones de jurisdicción sobre el archipiélago austral, en el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de Lilian Herraéz, quien investiga el caso de los vejámenes de oficiales argentinos desde 2007, y el de los crímenes de militares británicos desde 2013.

La situación de las supuestas torturas a conscriptos de la misma tropa se revitalizó meses atrás. Fue después de que la presidenta Cristina Fernández anunció, el 2 de abril de este año, en Ushuaia, la desclasificación de documentos de la dictadura relacionados con la guerra.

Algunos de esos documentos demuestran que, por ejemplo, el entonces comandante en jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, "ordenó los lineamientos para ocultar las torturas que los oficiales aplicaron sobre los conscriptos" y "dispuso que los vejámenes sean considerados como simples faltas disciplinarias", según anticipó este diario en su edición del 23 de agosto pasado <http://issuu.com/tiempoargentino/docs/nacional_1aa90a2330e68e>.

Los ex combatientes solicitaron, entre otras medidas probatorias y procesales, que la jueza solicite al Ministerio de Defensa el envío de copias de la documentación desclasificada, según indicaron fuentes judiciales no identificadas por Télam.

Uno de los oficiales denunciados, Jorge Taranto, logró que la Corte Suprema considerara que no se trata de delitos de lesa humanidad, y por lo tanto que están prescriptos. Esta decisión derivó en que los ex combatientes presentaran el caso ante la CIDH por negación de justicia. Entienden que el fallo del máximo tribunal "sólo vale para el caso Taranto" y "no impide avanzar en la investigación de las otras 77 denuncias comprobadas", aseguró Guerrero Iraola, el abogado del CECIM.