La Cámara del Crimen postergó hasta después de las elecciones de este domingo un pronunciamiento en la causa en la que el ex candidato a diputado por el PRO, Fernando Niembro, y el actual, Alberto Meza, están acusados por presuntas contrataciones ilegales con el gobierno porteño. Con un manejo de los tiempos que pasó inadvertido en el fragor de la campaña –y el desinfle mediático de la situación judicial que involucra al periodista deportivo–, la Sala IV de ese tribunal acomodó el calendario para que el próximo martes, dos días después de los comicios, se celebre una audiencia en la que deberán resolverse varias cuestiones, entre ellas, quién llevará a cabo la pesquisa, si el fiscal Carlos Velarde o el juez Roberto Ponce. Además están pendientes de resolución varios pedidos de medidas de prueba, entre ellas, allanamientos e intervenciones telefónicas, que formuló el fiscal.

La Sala IV estará integrada en este caso por sólo dos jueces: Alberto Seijas y Carlos González. El tercero, Mariano González Palazzo, se excusó de intervenir, al igual que en todas las causas en las que está involucrado el jefe porteño, Mauricio Macri, con quien mantiene una relación cercana.

Todo se resolverá desteñido de las elecciones. En rigor, la investigación propiamente dicha, en lo que hace a determinar si hubo delito, quiénes lo cometieron, de qué manera y si están comprometidos funcionarios PRO, se iniciará después los comicios.

Niembro y Meza fueron denunciados a inicios de septiembre pasado por el abogado Antonio Liurgo, a raíz de una investigación de Tiempo Argentino que desnudó un supuesto mecanismo de contrataciones directas de la Ciudad, por el cual la empresa La Usina Producciones recibió unos $ 29 millones.

Velarde pidió rápidamente una serie de procedimientos para asegurar elementos de prueba en el caso y Ponce hizo lugar. Así, se obtuvo del gobierno PRO documentación sobre esas contrataciones, que hoy están bajo la lupa.

Pero poco después, y cuando aún no estaba claro qué se investigaba y hasta dónde podía llegar la pesquisa, el fiscal reclamó más allanamientos. Y Ponce se los denegó.

Allí se inició un engorroso trámite procesal. Velarde tenía delegada la investigación, pero los allanamientos deben ser ordenados por el juez. Cuando el fiscal pidió allanar la casa de Meza para buscar allí los libros contables de La Usina, el juez lo rechazó.

Argumentó que no estaba en claro qué se proponía, por qué suponía que esa documentación podía estar allí, y cuál era el delito bajo investigación. Un allanamiento de esa naturaleza amenazaba con vulnerar derechos constitucionales relacionados con la privacidad de las personas.

Ante esa negativa del juez, el fiscal razonó: "Si no tengo el aval a la investigación, entonces que investigue el juez." En ese debate está hoy empantanada la causa.

Velarde también pidió intervenciones telefónicas, pero sin precisar con qué objeto. Ponce intuyó que aceptar esas medidas podía derivar en que la causa se cayera por nulidades procesales. Algo así como una "excursión de pesca", lo que en lenguaje vulgar equivaldría a "tirar la caña para ver qué sale". Eso está prohibidísimo en la justicia penal.

En rigor, hay dos planteos que coexisten: uno bajo la hipótesis delictiva y otro desde un prisma ético. Está claro que Niembro integró una empresa que se insinúa como un nexo, acaso circular, de pauta publicitaria oficial del gobierno porteño. Como intermediario, recibía el dinero y luego lo derivaba hacia empresas de medios, entre ellas Fox, en las que el periodista deportivo trabajaba. Fox presentó 138 expedientes con documentación y facturas de pauta publicitaria. Los avisos fueron contratados, salieron al aire y la empresa pagó por ellos.

¿Fue ese un mecanismo para financiar, por vía indirecta, actividades políticas del oficialismo porteño? ¿Niembro y Meza fueron candidatos gracias a esa operatoria? Y si así hubiera sido, ¿eso es un delito? Esas parecen ser las preguntas que la justicia debe responder. Las cuestiones éticas, por ahora, no figuran en el Código Penal.