Por Andrea Recúpero 

Hay temas que basta mencionarlos para generar una polémica de largo aliento, en la que prevalecen las posturas antagónicas, los prejuicios y las posiciones inamovibles. Temas tabú que ponen a la intemperie miedos colectivos. Ocurrió con la Ley de Divorcio durante el alfonsinismo y luego con la Ley de Medios y la Ley de Matrimonio Igualitario, aprobadas durante la gestión kirchnerista. Sin embargo, la reforma constitucional es el gran tema tabú de la política nacional. Apenas se lo nombra arrecian las críticas y se agitan los fantasmas más temidos por los argentinos, entre ellos el de la reelección permanente, el de la propiedad privada y el concepto de familia. Pero esa reacción destemplada de algunos sectores no es un obstáculo para los que valoran los cambios. Al contrario, esa resistencia puede ser el motor de un debate que permita reflexionar sobre lo establecido. En ese marco, esta semana un grupo de juristas y dirigentes políticos, sociales y sindicales planteó públicamente la necesidad de reformar la Constitución nacional para adaptarla a la realidad social, económica y política de la Argentina del Bicentenario. Con un documento y en voz alta se animaron a abrir el debate tan temido.

La iniciativa, denominada “Movimiento por una Nueva Constitución Emancipadora”, hizo público un intercambio de ideas que hace un tiempo se realiza en privado y que pretende reflexionar sobre la necesidad de reformar la Carta Magna para adaptarla al nuevo modelo de país que comenzó a gestarse tras la crisis del 2001 y que se plasmó a partir del 25 de mayo de 2003. Un conjunto de agrupaciones kirchneristas y movimientos sociales cercanos al gobierno nacional –entre ellos el titular de la CTA oficialista, Hugo Yasky; el integrante de Carta Abierta Ricardo Forster, y el dirigente Luis D’Elía– se subieron el martes al escenario del Teatro Margarita Xirgu para proponer un debate que ya despierta pasiones y que tiene final abierto. La primera reunión formal se realizó el pasado 25 de abril y generó tal ola expansiva entre la militancia que se decidió redactar un documento y presentarlo en sociedad. Tras ese primer encuentro se fueron sumando organizaciones sociales y políticas, constitucionalistas e intelectuales dispuestos a llevar y sostener a lo largo y a lo ancho del país un debate ideológico, social y cultural en torno de la Constitución nacional, similar al que abrió paso a la aprobación de la Ley de Medios de la Democracia. En diálogo con Veintitrés, Eduardo Sigal, uno de los intelectuales que participó en la redacción del documento, explicó que “la idea principal no es arrancar en una discusión formal de una Constitución, sino desarrollar un debate sobre la necesidad de la reforma y qué cuestiones debería incluir para que no sea un acuerdo cupular, como ocurrió en el ’94”.

Como puntapié inicial, el documento plantea una serie de preguntas fundamentales: “¿No ha llegado el tiempo de una nueva Constitución que conforme la arquitectura institucional del siglo XXI? ¿No resulta urgente dejar atrás, bajo la forma de una nueva Constitución, las brutales limitaciones que se nos impusieron en tiempos de entrega e impunidad, de exclusión y derogación de derechos? ¿No deberíamos estar a la altura de aquellos fundadores de la patria y avanzar, como pueblo soberano, hacia esa nueva carta que recoja la potencia de lo desarrollado desde aquel 25 de mayo de 2003?”. Para reclamar que se abra formalmente el debate, los firmantes argumentaron en el texto consensuado que “cada Constitución es reflejo de un proyecto de país”. Al mismo tiempo, el texto se manifiesta a favor de una reforma porque la actual Carta Magna, hija del Pacto de Olivos y de la hegemonía del Consenso de Washington, “fue pensada para el proyecto neoliberal de sumisión de la Nación, de extranjerización de la economía, de saqueo de los recursos naturales y de exclusión de miles de argentinos y argentinas que se quedaron sin pan y sin trabajo a pesar de la denodada resistencia de amplios sectores del campo popular”. El documento lleva la firma de al menos quince organizaciones, entre ellas Descamisados, La Martín Fierro, Nuevo Encuentro, el Partido Comunista, Fuerza Militante, Movimiento Evita y MILES.

Hecho el planteo, los que están a favor de la reforma consideran que la idea del Estado mínimo que refleja la actual Carta Magna está fuera de época y subrayan que resulta imprescindible pensar todo de nuevo a partir de la integración regional, reflejada –por ejemplo– en la consolidación de la Unasur y la CELAC. La propuesta incluye un debate serio sobre la dependencia o independencia tecnológica de la Argentina y sobre la responsabilidad del Estado en materia de niñez y jubilaciones. También discutir un sistema federal moderno y una nueva política tributaria y su consecuente distribución. En ese marco de ideas, algunos constitucionalistas como Raúl Ferreyra y el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni se preguntan, incluso, si es necesario avanzar en un sistema parlamentario para dejar atrás el modelo presidencialista. Otros argumentan que cambiar al parlamentarismo sería riesgoso en un país con una oposición debilitada y proclive a alinearse a los intereses de grupos concentrados. La idea de virar hacia el sistema parlamentario es una discusión pendiente a la que adhieren hace tiempo varios dirigentes kirchneristas de peso. Esa posibilidad convive en silencio con otra, la de una enmienda que permita la re-reelección presidencial. Mientras algunos fantasean con lograr los dos tercios en el Parlamento tras las elecciones legislativas de 2013, que abrirían la puerta a la reforma, la propia presidenta Cristina Fernández ya se encargó en reiteradas ocasiones de alejar esas fantasías al afirmar que es imprescindible “pasar la posta” y abrir paso a nuevas generaciones de dirigentes.

Sin duda, este es el punto urticante del asunto. El que viene cerrándole las puertas al debate, incluso cuando quedó afuera del temario. Consultado por Veintitrés, el radical Ricardo Gil Lavedra fue contundente: “Me parece que la presentación, el modo y el contenido son bastante poco serios, porque las consignas bajo las cuales se hace son poco consistentes. Cualquier tentativa de modificación, en este momento, sólo busca la perpetuación en el poder. El resto es declamación”, afirmó. En sintonía, el constitucionalista Daniel Sabsay opinó que “la reforma no es necesaria ni oportuna porque la del ’94 fue muy completa, agregó 19 artículos y modificó la mitad, lo que permitió un techo ideológico sumamente progresista que permitió los juicios a los genocidas y la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario”. Según Sabsay, “este intento de reforma encubre la posibilidad de una reelección ilimitada del titular del Poder Ejecutivo”, lo que calificó de “nefasto” porque “todos los países que tienen reelección ilimitada desembocaron en el totalitarismo”. Tal vez por ese motivo, las agrupaciones que hicieron público el debate decidieron no incluir en el documento este tema y porque hacia adentro del grupo las opiniones también están divididas. “Es nuestra responsabilidad instalar un debate que plantee una discusión de fondo y siempre están los especuladores que van a tratar de denostar esto, como la derecha neoliberal que está agazapada esperando y no tiene iniciativa para discutir”, expresó Sigal, quien impulsa la reforma y se manifestó en contra de una eventual re-reelección. “Estoy en contra porque eso condicionaría todo el debate y choca con el concepto republicano de alternancia. Por otra parte, porque sé que la Presidenta tiene una visión de tipo republicana y ella hablará cuando maduren las condiciones”, puntualizó el ex subsecretario de Integración Económica Americana y del Mercosur. Otros, como el diputado Martín Sabbatella, creen que no hay que dejar ningún tema afuera del debate.

Aunque se decidió excluir la reelección presidencial para evitar dividir aún más las opiniones, ese tema no es el único tabú. El concepto de propiedad, puntualmente el sentido social de la propiedad y de la tierra, también forman parte de la propuesta de debate que plantean los reformistas, así como los nuevos derechos, entre ellos la Ley de Matrimonio Igualitario, de Identidad de Género y de Muerte Digna. “Creemos que una nueva Constitución debe ser producto de la participación de miles de argentinos. Hay muchos prejuicios alrededor de la reforma porque este país tiene una matriz conservadora muy fuerte difícil de ser modificada”, afirmó en diálogo con esta revista Luis D’Elía. El dirigente social precisó que esos prejuicios gravitan en torno de dos temas fundamentales, la propiedad y la familia. “La propiedad privada es el único modelo de propiedad que refleja la Constitución, debemos debatir otros modelos de propiedad para darles rango constitucional, como la propiedad comunitaria y las cooperativas”, apuntó. Lo mismo ocurre con la idea de familia: “Hoy hemos aprobado una ley que modifica el rango de familia, pero es necesario que se incluya en la Constitución para que no se retroceda con la aprobación de otra ley en sentido contrario”, añadió el dirigente.

Ante este panorama, vale la pena recordar que la misma Constitución prevé los mecanismos para su modificación. Este no es un dato menor, ya que se revela como un instrumento más del sistema democrático. El artículo 30 de la Carta Magna es el que regula ese procedimiento, delimita el ámbito y dice qué se puede reformar. Consultado sobre este punto, el constitucionalista Eduardo Barcesat confirmó que “la Constitución puede ser reformada en el todo o en cualquiera de sus partes” y que “la formulación implica que el propio artículo 30 puede ser alcanzado por la reforma”. La tarea no se puede hacer de cualquier forma, la misma Constitución establece que le está reservada, exclusivamente, a la asamblea o convención constituyente convocada al efecto. Al mismo tiempo la necesidad de la reforma debe ser aprobada por el voto de al menos los dos tercios de los miembros de ambas cámaras del Congreso nacional. Según entiende y explicó Barcesat en varios debates, “la competencia del Congreso se limita a esa declaración de necesidad de la reforma, pero la obra de ingeniería social de la reforma constitucional sólo puede ser efectuada por la asamblea o convención constituyente que se convoque al efecto”. El especialista subrayó la importancia del artículo 30 porque apartarse de los mecanismos que fija puede derivar en la nulidad de la reforma. “Así ocurrió en el año 1970, cuando un usurpante del poder político (la llamada “Revolución Argentina”) intentó apropiarse del poder constituyente y fue frenado por la abogacía argentina”, recordó.

Aunque para muchos la Constitución es una suerte de texto sagrado, lo cierto es que ese mismo texto incluye los mecanismos para reformularse, ya que una Constitución no es otra cosa que un conjunto de normas consensuadas por una generación para garantizar la convivencia en sociedad. Muchos países han reformado varias veces su Carta Magna, como Brasil, México y Alemania. Otros, como Estados Unidos y Suiza, persisten en conservar esas reglas de convivencia intactas a pesar del paso del tiempo. Siguiendo a Freud, si en el origen de toda ley hay un tabú, una prohibición que representa a la vez el deseo y la repulsión, sería válido arriesgar que en la Ley de Leyes de toda nación también existe esa tensión entre obedecerla y modificarla. Franz Kafka abordó esa disyuntiva en un cuento magistral, “Ante la ley”, allá por principios del siglo XX.

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Opinión

Bocetos para una reforma constitucional
Por Eduardo S. Barcesat
Profesor Titular Consulto; Facultad de Derecho, UBA

Hay tres ejes fundamentales que deben ser introducidos en la parte dogmática de la Constitución, para afirmar el proyecto político.

1) La unidad e integración con Latinoamérica y el Caribe. Ello, para lograr la necesaria unidad de acción en temas tan sensibles como la deuda externa, la dependencia tecnológica y el recupero de la soberanía legisferante y jurisdiccional extraviadas en los ’90. Las deudas externas deben ser auditadas para depurar las contraídas por usurpantes del poder político o en condiciones fraudatorias. Es menester impulsar el desarrollo tecnológico de la región para no ver drenadas nuestras riquezas por el pago de las transferencias de tecnología desde los países centrales. Y es indispensable sacudirse el yugo de los Tratados Bilaterales de Inversión y el CIADI.

2) La política de derechos humanos. La reforma de 1994 fue generosa, y así debe ser reconocida, en la incorporación y habilitación para incorporar, con jerarquía de cláusula constitucional, los más importantes tratados internacionales de derechos humanos. Pero una política de derechos humanos debe hacerse cargo de la efectividad de esos derechos, lo que importa destinar recursos para ellos.

3) La tutela de los recursos y riquezas naturales. Imbricado en los dos puntos precedentes, la tutela de nuestros recursos y riquezas, que son el sustento de la independencia económica, sin la cual no hay plena autodeterminación, se configuran como un tema propio del plexo constitucional. Cláusulas como las de los artículos 38 y 40 de la Constitución nacional de 1949 ameritan incorporarse al debate.

También me atañe y compromete el debate sobre el sistema de división de poderes. Pero debo resaltar que para ser un país efectivamente independiente, es más importante lo que se introduzca en la parte dogmática de la Constitución. Desde allí se frena la intromisión de los organismos financieros del poder (FMI, Banco Mundial, entre otros). Ningún sistema parlamentario, por su condición de tal, ha escapado a esta dependencia. La situación de los países europeos sojuzgados acredita esta visión.

Bienvenida sea, entonces, la iniciativa para convocar a esa obra de todo el pueblo: la Reforma Constitucional.

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Opinión

¿Hacia una nueva reforma constitucional?
Por Daniel A. Sabsay
Profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires

Se sostiene que el modelo de Estado de la Constitución es un fiel reflejo del neoliberalismo de los años ’90. Por lo tanto se deben incluir el ambiente y el matrimonio igualitario, ya que la Constitución vigente lo impediría. Estas afirmaciones desconocen que la reforma de 1994 actualizó la parte dogmática, incluyendo la participación ciudadana, la protección del ambiente y de los derechos de los consumidores y las garantías para la defensa de los derechos.

A ello se agregan los contenidos doctrinarios de fuente internacional gracias al nuevo régimen de los tratados que establece que un grupo de pactos de derechos humanos tiene jerarquía constitucional. Estas modificaciones permitieron enjuiciar a los genocidas del último gobierno de facto. También se reconocieron los derechos de los pueblos originarios, la cláusula del progreso social que indica que las decisiones del Congreso deben tender a dar satisfacción al desarrollo humano con justicia social, entre otros objetivos tendientes a asegurar la igualdad de oportunidades. Estos ejemplos permiten comprobar que el nuevo “techo ideológico” de nuestra Constitución la ubica claramente dentro del constitucionalismo social y con una avanzada hacia el neoconstitucionalismo con los aditamentos más modernos en la materia que tienden a evitar los abusos que provoca la globalización.

Frente a este panorama los esfuerzos deben centrarse en lograr el cumplimiento de estas disposiciones, ya que desafortunadamente ello no siempre ocurre a casi 18 años de la reforma. Creemos que lo que se persigue es la “re-reelección” presidencial. Objetivo al que nos oponemos, pues consideramos que una reforma debe apuntar al mejoramiento de las instituciones para satisfacer el bienestar general y no el logro de metas personales. La pretensión de eternizar a alguien en el poder lleva a la mutación de un régimen democrático en otro de tipo autoritario. Los ejemplos de otros presidencialismos en los que esto ha ocurrido son numerosos, basta con recordar a Stroessner, Somoza, Duvalier y Trujillo.

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Opinión

Nueva constitución para nuevo proyecto de país
Por Martín Sabbatella
Diputado nacional. Presidente del bloque del Frente Nuevo Encuentro

Hace falta una nueva Constitución para un nuevo momento histórico y para el nuevo paradigma de desarrollo estratégico. El centro del debate pasa por tener una Constitución a tono con el proyecto de país y de sociedad que queremos construir.
Así como el neoliberalismo impulsó una Constitución para favorecer el modelo de privatizaciones, desregulación estatal y endeudamiento externo, nosotros debemos promover que exista una nueva Carta Magna para consolidar este modelo de crecimiento con inclusión, protagonismo del Estado, desarrollo productivo, integración regional y demás políticas impulsadas desde la llegada del kirchnerismo al gobierno. También es importante darles rango constitucional a los avances que existen en materia de derechos.
En todo el mundo, los pueblos discuten y generan distintos marcos constitucionales para cada período que atraviesan. La cantidad de veces que se le permite a la sociedad reelegir a un jefe de Estado no debe ser el eje central del debate, pero tampoco puede estar excluido de la discusión.

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Opinión

Démonos la chance de seguir avanzando
Por Eduardo Sigal
Presidente Fundacion Accion para la Comunidad. Miembro del Frente Grande

Los argentinos tenemos metida una extraña idea de que la Constitución es algo casi eterno, inamovible y que si se nos ocurre pensar una reforma constitucional cometemos un sacrilegio. ¿Por qué será así? ¿Por qué países como Brasil modificaron su Constitución 72 veces en 22 años o México cientos de veces o Alemania 40 veces en 60 años? ¿Será que a los sectores dominantes de la Argentina les aterra pensar que pueden perder privilegios con una reforma?

Lo concreto es que un conjunto de dirigentes políticos, sociales, intelectuales, hemos decidido impulsar un debate, que atraviese todos los estratos sociales y nuestra inmensa geografía para pensar qué país tenemos y qué país queremos, y ver si esta Constitución que está próxima a cumplir 160 años es o no una traba para abordar los desafíos del siglo XXI.

Lo hacemos convencidos de que toda generación tiene derecho a ser protagonista de su futuro y no solamente actores de reparto de lo que otras generaciones pensaron. Mas del 42% de la población actual no participó ni siquiera en la reforma amañada por el Pacto de Olivos de 1994; estamos hablando de casi 1 de cada 2 ciudadanos que no tuvieron la posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿por qué no abrir esa posibilidad? Mucho han cambiado el mundo, América y la Argentina en estos tiempos históricos. Démonos la posibilidad de discutir, dialogar, pensar, y seguramente el resultado será un enriquecimiento para todos y una nueva posibilidad de seguir avanzando.

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Opinión

Constitucionalismo popular
Por Luis D’Elía
Secretario general de la Central de Movimientos Populares

En 1994 el consenso de Washington y su brazo ejecutor el Pacto de Olivos nos impusieron una Constitución adaptada a los tiempos en los que se propugnaba el fin de las ideologías y de los Estados nación. Esta Constitución conspiró contra la vigencia del Estado federal y abordó debates como el de la propiedad del subsuelo y la minería que dejaban en estado de indefensión a los futuros gobiernos federales de cualquier signo y fue el sustento filosófico y jurídico de la Argentina de la catástrofe que significó tener a fines de los noventa 185 mil industrias destruidas y 8 millones de desocupados.

La nueva Constitución debe ser el sustento jurídico de la Argentina emancipada que todos queremos. Nunca más la discusión constituyente puede ser el producto del viejo contubernio entre los abogados y la política. Necesitamos un constitucionalísmo popular que a imagen y semejanza de lo sucedido en Venezuela, Ecuador y Bolivia, convoque a la discusión a millones de argentinos quebrando todos los dogmas, porque todas las discusiones deben ser permitidas.

Necesitamos, a lo Eduardo Galeano, poner el país patas para arriba para poder soñar y construir la Argentina del siglo XXI que debe ser cada vez más democrática, soberana, fraterna, inclusiva y fundamentalmente libre del poder de las corporaciones pro-oligárquicas, siempre atadas a los imperios de turno y a sus ambiciones neocoloniales.