–El lunes 4 de enero se publicó en el Boletín Oficial el DNU 267/2015 que crea el Enacom, unificando la AFSCA y AFTIC, contrariando la medida judicial firmada por usted. ¿Qué efecto tiene dicho DNU?
–El Decreto 267, cuya publicación se conociera el lunes a través del Boletín Oficial, lleva por fecha el día 29 de diciembre, justo el día a partir del cual, no se puede modificar la situación de hecho y de derecho existente, conforme a la medida precautelar. Lo curioso es que el 30, al momento en que el ministro Peña pronunciara su conferencia de prensa, el decreto no había sido firmado. Entonces, lo primero que habría que investigar es si no ha sido antedatado para evitar el cumplimiento de la medida precautelar. Pero la simple publicación del decreto, en principio no viola la medida precautelar, puesto que de acuerdo a esa medida judicial, queda automáticamente suspendido en sus efectos. Ahora, si el Poder Ejecutivo decidiera avanzar con su implementación, decididamente estaría violando la orden judicial.

–¿Cuál es el efecto jurídico del no acatamiento de su resolución?
–Si el decreto estuviera antedatado, o si verificara el incumplimiento de la orden judicial a través de actos aplicativos del decreto, evidentemente estaríamos en presencia de una situación delictiva, que deberá ser investigada por el fuero penal federal.

–¿Cuál es su evaluación del decreto, considera que Deroga la ley de medios por decreto?
–El Decreto 267, no sólo tiene por finalidad crear el Enacom, sino que modifica diversos artículos de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 y otros de la 27.078 (conocida como Argentina Digital), cambiando la regulación legal vinculada la adjudicación de licencias, su transferencia y comercialización de acciones. Pero una de las cuestiones más graves es el "silencio positivo" que establece el Decreto para la aprobación de transferencia de licencias y participaciones accionarias. Eso quiere decir que si el Enacom, no se expidiera dentro del plazo de 30 días sobre esa determinada petición, ésta se considerará aprobada directamente. Ese mecanismo es sumamente inusual y peligroso en la Administración, donde el silencio, por lo general, implica todo lo contrario, es decir, el rechazo de petición. Bastará que un simple empleado esconda el expediente en un cajón por ese plazo, para que la petición quede aprobado de pleno derecho, sin que la entidad haya expresado su voluntad en ese sentido. Desde el punto de vista institucional y social es grave que una ley que mereció amplio debate social, legislativo y judicial, ahora sea modificada unilateralmente por el Ejecutivo, violentando la letra de la Constitución Nacional, que expresamente le prohíbe ejercer funciones legislativas, salvo casos excepcionales. Es importante subrayar este concepto, puesto que la simple denominación de un decreto emitido como de "necesidad y urgencia" no le habilita al presidente a ejercer esa excepcionalidad. La situación de necesidad, debe ser justificada, lo mismo que la urgencia. Porque esa está prevista para casos de graves catástrofes, no para cuando el Legislativo está en receso y mucho menos, para alzarse con un organismo que no responde a los intereses del Ejecutivo -porque así fue previsto por la ley- o a los medios dominantes; aplastar minorías o acallar voces disidentes. Esta situación nos debe poner en alerta rápidamente, porque avanzamos hacia un Estado de corte totalitario, que tiende a desconocer a los otros poderes, avasallar la autoridad del Congreso y las órdenes judiciales.

–En ese nuevo escenario, ¿cuál es la situación de las autoridades de la AFSCA y AFTIC?
–La medida precautelar tiende a evitar que se agrave la situación respecto de las autoridades y los empleados del organismo, que además tienen estabilidad. La única forma de afectar esa estabilidad del empleado es eliminando los organismos. De ese modo, los agentes quedan en situación de disponibilidad. Esa es la razón por cual, a mi modo de ver, se eliminan, y se crea una nueva entidad donde poder ubicar a los propios. Se concibe así a la Administración como un "botín de guerra", sin respetar el normal desenvolvimiento institucional.

–En su resolución usted referencia que el decreto firmado por Mauricio Macri afecta el derecho colectivo a la información de la ciudadanía. ¿Podría desarrollar el argumento?
–La afectación se produce de un modo indirecto, puesto que tanto la Ley como la AFSCA fueron creados para lograr la diversidad de expresiones, evitando la concentración oligopólica de los medios, que manipulan la información constantemente de acuerdo a sus intereses económicos y políticos

–Se discutió mucho sobre la competencia por materia que le asistía para intervenir respecto de la cautelar. Clarín le pegó fuerte por ese tema a la vez que intentó desprestigiarlo por vinculaciones políticas. ¿Qué tiene para decir?
–Cuando se expresa que "Clarín miente", muchas personas ajenas a los avatares políticos e institucionales creen que es una frase interesada. Pero quienes padecemos constantemente el accionar de los medios dominantes, sabemos que no es ninguna exageración. Clarín miente y, como toda mentira, siempre tiene algo de verdad. Veamos: es cierto que soy incompetente para decidir la cuestión principal del pleito, pero también es cierto –y Clarín no lo dice- que tengo competencia para decidir transitoriamente en cuestiones urgentes. Lo autoriza tanto la Ley de Medidas Cautelares, como los Códigos Procesales de Nación y Provincia –más precisamente en el artículo 196- y hasta la misma Corte Suprema lo hizo en reiteradas oportunidades. Es algo usual en todos los fueros y fue utilizado por algún juez para frenar la ley de medios, pero el periódico parece haberlo olvidado. Respecto de las vinculaciones políticas, señala que aparezco en diversas fotografías con funcionarios y militantes, lo cual es una burda mentira. Y la prueba es que no exhibió ninguna de esas fotos. Por otra parte, dice que me promovieron como precandidato a intendente por un sector kirchnerista, pero omite decir que también me ofrecieron la misma candidatura por el PRO. Expresa que soy hijo político de Mariotto, lo cual es una inexactitud: accedí a la magistratura por concurso hace 16 años, cuando el kirchnerismo ni siquiera existía. Pero sí puedo decir que soy amigo de Gabriel Mariotto, desde 2012 aproximadamente. En todo caso, somos hermanos de la vida. Cometió un pequeño error en la filiación. Tengo mi íntima convicción política, como todo el mundo. Varios filósofos y epistemólogos han demostrado que la neutralidad es una ficción en el mundo científico, mucho menos lo es mundo jurídico/político. Pero esa cuestión es larga de explicar, daría para otra nota.

–Conociendo al Poder Judicial y al servicio penitenciario, ¿cree que la triple fuga pudo llevarse acabo sin ayuda desde adentro?
–No tengo dudas que existió complicidad, la cuestión es quien se benefició con la fuga. Las fuerzas de seguridad en la Provincia son estructuras muy fuertes, que estuvieron al servicio de la desaparición forzada de personas y el exterminio durante la última dictadura cívico militar, y ahora utilizan toda su intacta capacidad operativa paragerenciar el delito. Lo hemos explicado varias veces, por ejemplo, en 2009, cuando Stornelli era ministro de Seguridad de la Provincia y denunciamos junto al Dr. Julián Axat el reclutamiento de pibes vulnerables por parte de la policía. También quedó demostrado con el ocultamiento de víctimas de la inundación de La Plata en 2013, mediante la adulteración de certificados de defunción por parte de médicos forenses, o los casos de muertes dobles en la morgue policial de La Plata, pergeñados para ocultar la identidad de los fallecidos. Cuando un nuevo gobernador o gobernadora llega a la Provincia, la mesa está servida, sólo tiene que servirse de esas estructuras porque suelen convenir a la actividad política. Se generan así, acuerdos corporativos que adquieren sesgos represivos tendientes a legitimar y fortalecer el accionar de esas fuerzas, con las consabidas consecuencias, que derivan en distintas formas de violencia interpersonal, institucional, sistémica y estructural.