Aborto no punible, un derecho que debe garantizarse en la Provincia
Aborto no punible, un derecho que debe garantizarse en la Provincia

En nuestro país el aborto es un derecho cuando los embarazos ponen en riesgo la salud, la vida o son producto de la violencia sexual. Fue establecido en 1921 en el Artículo 86 del Código Penal, aunque con nula implementación hasta hace pocos años, cuando la Corte Suprema de Justica de la Nación aclaró la constitucionalidad de la norma y exhortó a todos los poderes y niveles estatales a implementar todas las medidas necesarias para que las mujeres podamos acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) sin demoras ni dilaciones.

La implementación y acceso a las ILEs no precisa de ningún protocolo para llevarse a cabo. Afirmar lo contrario sometería el cumplimiento de una ley del congreso (Art. 86 del Código Penal) a una norma de menor jerarquía como lo es una resolución de un ministerio de salud provincial. Por lo tanto la legalidad no se ha modificado, estos abortos son legales en Argentina y en la provincia.

Es obligación del Estado articular y llevar adelante políticas públicas que protejan este derecho y garanticen su acceso .Esto incluye el dictado de protocolos que despejen las dudas y establezcan mecanismos claros de acceso y de reclamos cuando este se obstaculice

Sin embargo en la Provincia de Buenos Aires se ha tomado la decisión política de repetir la historia en contra de las mujeres. El Opus Dei encarnado en el gabinete de la Gobernadora Vidal frena el acceso de las mujeres a sus derechos, de igual manera que en 2006 hostigaron a LMR, una joven con discapacidad mental que vivía en Guernica, negándole el derecho a un aborto por violación.

En se entonces Manuel de la Torre, rector de la Universidad Católica de La Plata, fue hasta la casa de LMR para presionarla. Por ese caso el Estado de la Provincia fue condenado por el Comité de DDHH de la ONU por entender que negar un aborto legal es un trato cruel, inhumano y degradante e incluso tortura.

Hoy su hijo, Joaquín de la Torre, ex intendente de San Miguel (donde no se repartían métodos anticonceptivos en el sistema público de salud, por su decisión) y actual Ministro de Producción junto con el Secretario de Legal y Técnica Julio Conte Grand y la Gobernadora Vidal violan la ley y los tratados de DDHH nuevamente.