Foto Telam
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En provincia de Buenos Aires, los remedios no tienen remedio. Tienen presión corporativa. La información periodística de estos días, señala que la ministra de Salud, Zulma Ortiz, amenaza con renunciar en medio de una “apretada” de Farmacity. Claro, la funcionaria llegó hasta ese lugar, bajo la tutela de Mario Quintana, vicejefe de gabinete de Marcos Peña Braun, y hombre de confianza de Macri. El Ceo de Farmacity, Quintana, tiene una misión. No de gobierno sino de corporación económico financiera: meter a su cadena en la provincia de Buenos Aires pastilla en mano. Y anda calzado (psicofármacos, calmantes, psicotrópicos y lo que venga). Por una parte, tiene influencia sobre María Eugenia quien le ofrece una porción de su sonrisa y a su vez, se ve apremiada por resistencias.

Por una parte, debido a una cultura empresarial pero también relativa a usos y costumbres bonaerenses, las farmacias, son consideradas por ley, una extensión del sistema de salud. Aunque hay cadenas como “Soy tu farmacia”, que avanza desde Avellaneda al sur, se mantiene la distancia como gigantes con delegación en carteras del gobierno nacional. Las corporaciones de farmacias no quieren que llegue Quintana, tampoco lo quieren laboratorios fuertes en el país como Roemmers, Gador, Raffo, Elea, Casasco, Bagó, Temis y Lostaló, entre otros, que no quieren caer en negociaciones que pueden llevar a que el jefe de gabinete de ministros de Peña Braun, les maneje de modo paulatino, la producción. Lo que hace COTO con decenas de industrias tanto que hoy, en Rosario, quiere vulnerar la ley de descanso dominical para que sus negocios abran los fines de semana.

Hay una curiosidad en todo esto, la denuncia de diputados de Cambiemos a fines de mayo pasado cuando expresaron: ““Los diputados del interbloque Cambiemos denuncian ante la Comisión de Defensa de la Competencia a los laboratorios por el escandaloso aumento de precios de los medicamentos durante el período noviembre-mayo”. En esa ocasión, señalaban que el aumento promedio alcanzaba al 36,5 por ciento tanto que en el Ibuprofeno se sumaban subas y subas que llegaban a un 42 por ciento en los diferentes productos que vendía el laboratorio Pfizer. Contaban que Betametasona, crema antihongos que produce y vende Andromaco, tuvo alzas de más del 51 por ciento. Y así sucedía con otros productos. En la embestida, los PRO llegaban a asegurar para salud de sus seguidores que tenían la decisión de usar “todas las herramientas institucionales y legislativas para lograr un profundo cambio en este sector, que mejore la competitividad y brinde una oferta amplia y de calidad a precios razonables a los consumidores públicos y privados”.

¿Estarían actuando frente a las tropelías habituales de los laboratorios y eran parte de una embestida destinada a favorecerá a otro gigante que jugaba también ese partido? En tanto se reflexiona sobre este aspecto, hay que recordar que Gines González García, ex ministro de Salud de los gobiernos kirchneristas, dijo a cara de perro: “Es difícil controlar los precios de los remedios si ejecutivos farmacéuticos son parte del Gobierno”. Entonces, podríamos arribar a una hipótesis: los planteos y diferencias en gobiernos de inspiración macrista, son parte de las diferencias en el entramado corporativo que lo sostiene. Y eso es grave porque afecta la salud de todo carácter de una sociedad en su conjunto.

Aquel interbloque de Cambiemos, denunció los hechos ante la Comisión de Defensa de la Competencia y aludían a los riesgos de Cartelización. De una de ellas porque no aludían a la que realiza con violencia ante la ciudadanía, el coloso Farmacity. En aquel documento ampliaban aumentos desmedidos y señalaban: el omeprazol subió en promedio el 29,4%; levonorgestrel, 47%, la amoxicilina, 28,9%; el clonazepam, 40,6%; el pantoprazol, 43,1%; el propinox, 35,2%, y enalapril, 42,2%. Al no señalar cadenas de comercialización es posible suponer que la presunta denuncia hay un silencio que clama.

También resiste a Quintana y su ministra de salud bonaerense, el vice gobernador radical Salvatore, vinculado al entramado histórico provincial y sus instituciones. Ahora, ninguno de ellos, sale a plantear lo natural en estos casos: que la ministra de Salud se vaya a trabajar a Farmacity y no esté en un gabinete representado a la cadena de ventas de medicamentos. La cultura corporativo delictiva local –no hay que olvidar que Manuel Fresco está vivo en muchas ocasiones- transforma los entredichos en remedos de Chicago donde se juega la suerte de los ciudadanos. A su salud. Lo que sucede ahora en este conflicto remite a Roberto Arlt cuando expresó: “nos ha tocado la horrible misión de asistir al crepúsculo de la piedad”.

Ministros que representan no a la política sino al corporativismo mercantil, funcionarios que navegan en la trama de las luchas por los espacios de venta, en este caso de medicamentos, y un cuerpo de representación política que, tal vez en una porción importante, se desliga de esa construcción. Jubilados sin aumento, despedidos, personas enfermas que no alcanzan a comprar un medicamento y medicamentos encarecidos artificialmente con precios que superan a los varios países (en mayo alcanzaban hasta un 50%), son el precio de ese crepúsculo. La acción política de la sociedad más sus representantes tiene la palabra. 

*El autor es periodista y escritor