El 8 de mayo de 1987 Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz compartían una cerveza en la esquina de Guaminí y Figueredo. A plena luz del día y sin mediar enfrentamiento alguno, los jóvenes fueron acribillados a tiros por tres efectivos de la Policía Bonaerense.

A Olivera le pegaron 12 balazos, a Argañaraz 10, y a Aredes 7. Los autores del crimen fueron Juan Ramón Balmaceda, suboficial mayor de la bonaerense y los cabos primeros Isidro Romero y Jorge Miño.

Los asesinos repitieron hasta el hartazgo que todo había ocurrido durante un tiroteo, pero el episodio ocurrió frente a tantos testigos que fue imposible cambiar la historia y oficiales fueron condenados a 11 años de prisión.

Ingeniero Budge llevaba adelante durante aquellos años un proceso de organización vecinal que reclamaba la construcción de desagües pluviales. Esa misma asamblea junto a familiares y amigos de las víctimas fueron quienes se movilizaron para visibilizar el caso que se convirtió en un símbolo del “gatillo fácil.

En 2013, la Ley Nro. 26811 declaró el 8 de mayo como el “Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional”.

La ley

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Institúyese el 8 de mayo como “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional” con el objeto de recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos.

ARTICULO 2º — Propónese que en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión en los respectivos calendarios escolares de jornadas alusivas al Día Nacional instituido por el artículo anterior, que consoliden la concepción democrática de la seguridad respetando la plena vigencia de los Derechos Humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad.

ARTICULO 3º — Disponer para cada uno de los parajes donde se hubieren perpetrado hechos de violencia institucional una señalización que lo determine como tal, acompañada de una leyenda alusiva de repudio de los hechos que allí sucedieron.

ARTICULO 4º — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para disponer en los distintos ámbitos de su competencia la implementación de actividades específicas, en el mismo sentido que el dispuesto para la comunidad educativa en el artículo 2º de la presente ley.

ARTICULO 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.