Apenas asumió Macri anunció con bombos y platillos que la lucha contra la inflación sería su política primordial. No obstante, en sus dos primeros años ya acumuló más inflación que la que se había proyectado para la totalidad del mandato. Presionado más que nunca por la realidad, en diciembre pasado el Banco Central modificó las metas y fijó un 15% para 2018, en lugar del 10% (más menos 2%) originalmente estipulado.

A pesar del recálculo, considero que resulta engañoso hablar de “fracaso” de la política económica. Hay que tener en cuenta que la evolución de la inflación implicó una fuerte caída en el ingreso real de los asalariados, que fue capturada por los formadores de precios, que incrementaron sus ganancias. La escalada del tipo de cambio, la abrupta suba de tarifas de servicios públicos, de naftas y de prepagas constituye uno de los factores principales del avance de la inflación. Es consecuencia de políticas económicas deliberadas, como la desregulación del mercado de combustibles.

La redefinición de las metas inflacionarias y el anuncio por parte del ministro Nicolás Dujovne –y no por el Presidente del BCRA— despertó una serie de debates alrededor de la supuesta independencia del Banco Central. Desde la visión neoliberal son los bancos centrales los que deben velar por la estabilidad monetaria, sin interferencias del poder político. Un argumento que va en línea con los intereses de los capitales concentrados.

Desde hace tiempo está demostrado que la inflación es un fenómeno multicausal, y que obedece principalmente a la puja distributiva. Esto es algo que el gobierno no desconoce. Por ello insiste con el torniquete monetario pero también con la profundización del ajuste fiscal. La reforma previsional de diciembre constituyó un avance concreto para recortar los pagos por jubilaciones y prestaciones sociales, una faceta de la puja.

Ahora va por la contención de las negociaciones salariales. Luego de afirmar que las paritarias son libres, Marcos Peña dijo: “es muy importante que la sociedad se comprometa con la meta del 15%”. Lo alarmante es que casi todas las proyecciones del sector privado descreen de la meta y están más cerca del 20% que de ese valor. Queda claro que la intención del gobierno es presionar a los trabajadores para que asimilen una nueva baja del salario real. Completa este panorama el reciente decreto que cambia el formato de negociación con los sindicatos docentes.

La actual política antiinflacionaria no afecta a todos por igual, como trata de hacer creer este gobierno. De lograr su cometido, la sociedad sufrirá un mayor desempleo y una mayor regresividad de la distribución de la renta nacional. Este es el verdadero objetivo, que Cambiemos omite explicitar.

+Presidente del Partido Solidario. Referente nacional del movimiento cooperativo. Presidente del Banco Credicoop Cooperativo Limitado. Tiene 55 años de experiencia de gestión pública no estatal.