Los trabajadores senegaleses dieron testimonio hoy en la Legislatura porteña: "en la Ciudad de Buenos Aires el delito es ser de raza negra, nos persiguen por la venta ambulante, nos persiguen cuando alquilamos y vendemos en un local, y ahora lo nuevo es que allanan nuestras casas para llevarse lo único que tenemos".

Los vendedores ambulantes refugiados contaron la persecución y abuso policial que sufren a diario en una reunión conjunta de las comisiones de Derechos Humanos y Violencia Institucional.

Nicolás Caropresi, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, alertó sobre el rol de la fiscal porteña Celsa Ramírez, quien “empezó un armado de causas sobre venta ambulante reforzando el mito de que detrás existe una mafia”. Caropresi advirtió que la fiscal inició una investigación contravenciones sobre el uso indebido del espacio público, “y con esa excusa se meten en los domicilios” de los senegaleses. Semanas atrás, luego de una marcha contra la represión, varias de sus viviendas fueron allanadas en simultáneo y terminaron con la detención de 23 personas.

Caropresi remarcó también que a los trabajadores senegaleses “los agarran por negros, en general no por estar vendiendo”. Y contó el caso de un joven haitiano que no trabaja como vendedor ambulante y terminó detenido por estar comiendo en Constitución.

Manuel Trufó, del CELS, señaló que “hay un claro problema de abuso policial y una política de espacio público con una guerra selectiva a las economías populares”.

Demián Zayat, coordinador del programa de violencia institucional de la Defensoría General de Buenos Aires, contrastó que hasta 2016 había una persecución basada en el artículo 83 del Código Contravencional, pero desde 2017 se da una intervención violenta para detener por resistencia a la autoridad, y actualmente también se inician causas por la Ley de Marcas. “Con el cambio de DNU migratorio, estas causas complican la situación migratoria de los senegaleses”, señaló. Y alertó que “hay una decisión clara de que no haya vendedores senegaleses en la vía pública porteña”.

Los senegaleses “no están seguros en la calle, ni en los locales que alquilan, ni en sus casas donde son allanados. Es una persecución con muchos recursos”, resumió Zayat. Y planteó que la comunidad pida un ámbito de diálogo con las autoridades de la Ciudad. “Es un problema que escala y va a seguir si no se le da una solución política”, advirtió.

“Allí donde la Justicia ve mafias, quienes trabajamos en estos temas vemos redes migratorias, basadas en la solidaridad, como las de nuestros abuelos”, concluyó Gabriela Liguori, coordinadora de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes.