A 20 días de la explosión en la escuela de Moreno que mató a dos personas, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) ordenó a las distribuidoras a que revisen las instalaciones en todas las escuelas y colegios públicos y privados del país que tengan servicio de red.



La decisión quedó oficializada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 201/2018 e indica que las empresas licenciatarias deben coordinar con las autoridades educativas de cada área un protocolo de verificación que incluya un plan de acción controlar las instalaciones.

La decisión ocurre luego de la tragedia ocurrida el 2 de agosto en una escuela de Moreno, provincia de Buenos Aires, donde una pérdida de gas generó una explosión que mató a la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Orlando Rodríguez.

De acuerdo con lo que indica la resolución, las distribuidoras, en coordinación con las subdistribuidoras, deberán presentar el protocolo al Enargas antes del 31 de octubre.

Este Programa de Prevención a nivel nacional aspira a tener resultados, como tuvo en 2005 una iniciativa similar que apuntaba a investigar fugas de gas y otros eventos relacionados con la seguridad en 18.701 establecimientos educativos (Resolución ENRG Nº 3164), y que motivaron -en aquella oportunidad- cortes de suministro y clausura de artefactos.

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