Tras el debate por el aborto legal en el Congreso de la Nación, se hicieron públicos varios casos en que grupos antiderechos se manifestaron frente a hospitales e intentaron frenar intervenciones en las que iban a realizarse abortos no punibles con causales contempladas en el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para intentar controlar esta actitud antidemocrática e ilegal, un grupo de legisladores verdes, encabezados por el Daniel Lipovetzky, de Cambiemos, presentó un proyecto de ley para impulsar penas a quienes agredan "física o moralmente" a profesionales de la salud e impidan que cumplan con sus funciones.

El texto también lleva las firmas de Karina Banfi, Alejandra Martínez, Brenda Austin; Cecilia Moreau, del Frente Renovador; Lucila De Ponti y Araceli Ferreyra del Movimiento Evita, y Victoria Donda, de su flamente partido Somos.

“Será reprimido con prisión de tres meses a un año quien por cualquier medio ejerciere violencia física o moral sobre autoridades de establecimientos de salud, integrantes o trabajadores de los mismos, o profesionales de la salud, a efectos de obstaculizar sus tareas o impedir el cumplimiento de las obligaciones a su cargo”, propone el artículo 85 bis a incorporarse al Código Penal.

“La misma pena será aplicable a quienes organicen acciones de ese tipo, o convoquen a través de cualquier medio a realizarlas, o publiciten tales convocatorias”, agrega la iniciativa que difundió ElParlamentario.com.

La pena además se elevará de uno a tres años “si las acciones tipificadas tuvieran como objetivo obstaculizar o impedir la práctica de una interrupción legal de un embarazo, o si como resultado de las conductas descriptas en este artículo se hubiera generado perjuicio en la vida o la salud de la o las personas perjudicadas por las mismas”.

“Resulta por demás preocupante que grupos de personas se arroguen la facultad de decidir sobre la vida de otros y que pretendan limitar de manera violenta el accionar de profesionales de la salud que no hacen otra cosa que cumplir con sus obligaciones legales”, explicaron los diputados en los fundamentos del texto.