Cuatro jóvenes murieron en una comisaría que había sido clausurada por la Justicia
Cuatro jóvenes murieron en una comisaría que había sido clausurada por la Justicia
Cuatro jóvenes murieron en la comisaría 3ª de Transradio de Esteban Echeverría. El hecho se produjo durante un incendio en la zona de calabozos. Además de los cuatro jóvenes fallecidos, hay otros detenidos heridos que se encuentran internados. 
 
La comisaría estaba en funcionamiento a pesar de que la Justicia había dictado una orden de clausura que inhabilitaba los calabozos y que fue desobedecida por el Ministerio de Seguridad. 
 
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) repudió esta masacre y responsabilizó al Poder Ejecutivo provincial y a la Suprema Corte bonaerense por lo ocurrido. Los jóvenes fueron identificados como Jorge Luis Ramírez, Eduardo Rogelio Ocampo, Jeremías Aron Rodríguez y Juan Bautista Lavarda.
 
La Comisaría 3ª de Esteban Echeverría está clausurada por una orden del juzgado de Garantías 2 de Lomas de Zamora con sede en Monte Grande. 
 
En esa misma resolución, la justicia le exigió al Ministerio de Seguridad de la Provincia que desalojara de manera urgente los calabozos y trasladara a las personas allí detenidas. Incluso el propio Ministerio de Seguridad había dictado en 2012 la resolución 268 que clausuraba esos calabozos.
 
El 3 de marzo de 2018 el juzgado notificó al ministro de Seguridad, al ministro de Justicia, a la Corte Provincial y a la propia Gobernadora la clausura y la orden de no alojar personas en esa dependencia. Ninguno de los funcionarios dio respuestas a la grave situación. Durante la gestión del ministro Ritondo en la cartera de Seguridad ya hubo 11 jóvenes muertos bajo custodia del Estado en las comisarías.
 
Sin embargo, según informó la CPM, pese a esta orden judicial, anoche había 26 personas detenidas en un espacio que -según la policía- sólo podía alojar 10 personas que se encontraban en las en las peores condiciones estructurales. En ese contexto, en la madrugada de ayer se produjo un incendio en el que fallecieron cuatro jóvenes y otros resultaron heridos.
 
Este hecho se suma al ocurrido en marzo de 2017 cuando 7 jóvenes murieron en lo que se conoció como la masacre de Pergamino. Luego de esto la CPM solicitó la intervención de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires que solo se limitó a realizar actuaciones formales y muy poco efectivas para revertir esta situación. Pese a contar con todos los elementos que mostraban gravedad y peligro inminente, la intervención del máximo tribunal provincial fue inocua.
 
"No se trata ya de un hecho aislado o de un accidente inesperado. Es una masacre de la que el Estado es su máximo responsable, porque se inscribe en una larga secuencia de políticas que no hacen sino agravarla. Una nueva masacre de personas que aún no habían sido condenadas por la justicia, ya que se encontraban procesadas", sostuvieron desde la CPM.
 
"La cantidad de personas detenidas en comisarías de la provincia de Buenos Aires creció un 14% en el último año y acumula un 93% desde diciembre de 2015. Actualmente se encuentran sobrepobladas en un 246%: con espacio para 1.000 personas, alojan a 3.500", señalaron en un comunicado.
 
"Esto ocurre en un marco general de incremento del encarcelamiento como principal política de seguridad: las personas detenidas en cárceles, alcaidías y comisarías superan récords mensualmente: llegan a 47.000 y represen una tasa de 272 personas detenidas cada 100.000 habitantes".