Elisa Carrió no podrá ampararse en sus fueros como diputada nacional ante una demanda por daños y perjuicios que le inició el administrador general de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi. Así lo determinó la Sala B de la Cámara Comercial en un fallo que incluyó al secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, Fernando Sánchez, quien compartió con la diputada la denuncia penal contra el demandante.



"Los demandados, al denunciar penalmente al actor imputándole la comisión de delitos exorbitaron la inmunidad de opinión parlamentaria al ocurrir ante otro poder de la Constitución pretendiendo llevar a juicio a un ciudadano", argumentaron los camaristas Roberto Parrilli, Omar Díaz Solimine y Claudio Ramos Feijoó.

También afirmaron que negarle la chance a Marchi de reclamar un resarcimiento en el ámbito civil por los daños ocasionados "violaría el límite de igualdad ante la ley". Ahora, Carrió y Sánchez serán investigados sobre si plantearon una falsa denuncia y montaron una "operación de prensa", de acuerdo con lo que informó el diario Ámbito Financiero.

Carrió y Sánchez habían denunciado al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y a Marchi el 13 de enero de 2016 por presunto enriquecimiento ilícito, pero la denuncia quedó archivada por "inexistencia de delito".

Marchi consideró que al plantear la denuncia afectaron su buen nombre y honor a sabiendas de que la AFIP había declarado la "inexistencia de interés fiscal en el caso". Por eso los demandó civilmente un año después, pero pese a que sostuvo públicamente que no se ampararía en sus fueros, la líder de la Coalición Cívica se defendió argumentando que sus dichos estaban amparados en su función como legisladora.