No ser laxos ante la peligrosidad de residuos importados
No ser laxos ante la peligrosidad de residuos importados

La última semana se generó un debate en torno al polémico Decreto N° 591/19, que modifica la normativa vigente sobre la importación de residuos peligrosos.

Para ponernos en tema, en nuestro sistema normativo, dicha importación está prohibida por la Constitución Nacional (art. 41 “prohibición de ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”), en la Ley N°24.051 (sobre la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos) y varios decretos del Poder ejecutivo.

Este Decreto en cuestión viene a flexibilizar el control que se realiza sobre los residuos que ingresan al país.

En concreto, elimina el certificado de inocuidad sanitaria y/o ambiental que debía expedir el país de origen, y ser ratificado luego por la Autoridad de Aplicación Nacional.

El ejecutivo argumentaque en la práctica resulta imposible su cumplimiento ya que los países exportadores no lo expiden, emitiendo únicamente constancias de que, según su marco regulatorio local, no se lo considera como residuo peligroso.

De esta manera estamos siendo más laxos a la hora de la determinación de la peligrosidad de los residuos que pueden ingresar al país, dejando tal definición a criterio del país generador o exportador del residuo.

Esto atenta contra uno de los principios del derecho ambiental, el de “no regresión ambiental”, el cual establece que hay que evitar la supresión normativa o la reducción de sus exigenciaspor intereses contrarios que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental.

Dado que los decretos modificados son del año 92 y las principales normativas ambientales (la reforma de la Constitución en el 94 y la Ley General del Ambiente en el 2002) son más recientes, resulta conveniente que si se modifica la normativa sobre residuos peligrosos se realice en un ámbito amplio de participación y debate como lo es el Congreso de la Nación.

Este proceso debe escuchar a todos los frentes políticos y actores de la Sociedad Civil, como las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la materia, cooperativas de trabajo, entre otros.

No se pueden flexibilizar los controles ambientales sin dar un adecuado debate que incluya a todos. Por otro lado, es necesario conocer datos más precisos del por qué de este retroceso en materia de protección ambiental.

Argumentar que gracias a "los avances de la materia" más residuos son considerados como reciclables y que el certificado exigido es ineficiente, no resultan adecuados por sí solos para flexibilizar un tema tan sensible como el de los residuos peligrosos. Merece cuanto menos, como ya dijimos, de una explicación profunda y un amplio debate.

Finalmente, no puede dejar de observarse que, con el pretexto de facilitar la importación de residuos como insumos para la industria o la agricultura, pueden colarse en el medio otra gama de residuos que pueden afectar a la salud pública o al medio ambiente.

En vez de mejorar la tasa de importación, habría que prestar atención a la propia tasa de reciclado, la cual no goza de buena salud precisamente.

Marcelo Depierro es Diputado de la Ciudad de Buenos Aires por Mejor Ciudad y abogado. @MarceloDepierro