El juez Roberto Gallardo denunció penalmente al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, a la ministra de Salud y al procurador general, entre otros funcionarios de la administración porteña, por incumplimiento de los deberes de funcionario público en lo referente a la falta de decenas de cuerpos en varias morgues de hospitales porteños.

Concretamente, los acusa por incumplimiento de los deberes de funcionario público y de los deberes de oficio, delitos relativos a la alteración y supresión de identidad de las personas, estafa procesal, delitos especiales de la ley de Registro de Estado Civil y Capacidad de las personas.

Gallardo, titular del Juzgado Nº2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, descubrió irregularidades en los registros de ingreso y egreso de cadáveres de cuatro hospitales (Durand, Ramos Mejía, Muñiz y Rivadavia), a raíz de una solicitud de la Procuración General para sepultar veintitrés cuerpos que llevaban años allí.

Luego de constatar irregularidades en los expedientes en los que se pidió la sepultura, allanó los cuatro hospitales y reveló la alarmante manipulación de los cadáveres.

Entre los hallazgos había dos cuerpos de bebés identificados con el mismo nombre, miembros humanos desperdigados por las cámaras de frío, y cadáveres en avanzado estado de putrefacción.

Además, los registros sobre la circulación de los cuerpos y su paradero no eran válidos, así que decidió allanar las otras dieciocho morgues de hospitales municipales, la Procuración General de la Ciudad y la Dirección General de Cementerios.

En tan sólo seis de los veintidós depósitos de cadáveres administrados por el gobierno de Mauricio Macri, hay 216 cadáveres desaparecidos, y hay numerosos cuerpos que se encuentran allí sin ningún registro -ni de identidad, ni de causas de muerte, ni de fechas de fallecimiento o ingreso a la cámara de frío-, según publicó hoy el portal Infojus.

De las restantes dieciséis morgues no se llegó a analizar la información secuestrada porque, desde hoy, las actuaciones ya no podrán ser encabezadas por Gallardo; al menos hasta que la Cámara de Apelaciones del fuero administrativo porteño resuelva qué hacer con la recusación que el Gobierno porteño presentó contra el juez.

“El Gobierno (porteño), a través de la Procuración General y con eventual directiva política del Jefe de Gobierno, no sólo obstruye en forma deliberada la actuación de la justicia, sino que favorece indirectamente el encubrimiento y la impunidad”, sostuvo el juez a través de un comunicado institucional que difundió esta tarde desde su juzgado.

A raíz de eso, el juez denunció penalmente a Macri, a Graciela Reybaud -ministra de Salud-, a Julio Conte Grand -procurador general de la Ciudad-, a los directores de los hospitales Durand, Ramos Mejía, Rivadavia, Piñeiro, Santojanni, y a un importante conjunto de funcionarios de menor rango.

“Resulta sorprendente e institucionalmente grave que el Gobierno de la Ciudad, frente al cúmulo de irregularidades detectadas, en vez de ponerse a disposición de la justicia para esclarecer los casos, opte por recusar al juez actuante, obstruyendo la misión judicial”, agregó Gallardo en el comunicado.

En el mismo texto, consigna que el gobierno de Macri contraría la ley y el respeto elemental por la persona humana, a través de la acumulación descontrolada y en condiciones deplorables de los cadáveres en las morgues públicas.

Antes de difundir el comunicado, el juez notificó a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Procuración General de la Nación sobre la denuncia penal, “en atención a que los hechos denunciados podrían implicar la supresión, modificación y\o alteración de la identidad de personas que se hallan fallecidas y\o desaparecidas”.