Acabamos de vivir semanas aciagas en cuanto al compromiso del sistema judicial con la democracia. A la inexplicable dilación de la Corte Suprema para fallar sobre la Ley de Medios se sumaron dos acordadas que limitan la divulgación de los ingresos de los funcionarios judiciales y el acceso por concurso al poder judicial; un fallo que –bajo el argumento de falencias procesales en que incurriera el Estado– prorroga la cautelar contra la expropiación del predio que se atribuye la Sociedad Rural y un fallo de cámara que obstruye una decisión de política pública a expensas de los intereses de la empresa LAN. La posterior afirmación de Carlos Fayt de que la Corte no fallará sobre la Ley de Medios antes de las elecciones de octubre, es una nueva y contundente comprobación de una justicia politizada, pese a su nada creíble simulación por parecer aséptica.

Agotada, en Latinoamérica, la vía militar directa para la interrupción de los procesos democráticos, su desgaste y deslegitimación se propone por vía de las cadenas de medios hegemónicos que actúan bajo un molde común: machacar sobre los hechos de inseguridad, las denuncias de corrupción y el desabastecimiento, hasta lograr la saturación social como objetivo. Y apoyándose en el Parlamento, en el plano institucional, como en el caso del golpe a Fernando Lugo en Paraguay, en un sector de la policía en Ecuador o en el Poder Judicial, en el caso de la Argentina.

A nivel internacional, el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York desoye nuestra política soberana, desde pleno corazón del capitalismo financiero internacional. Ya antes, la justicia de la república de Ghana, en alianza con las finanzas trasnacionales, había embargado nuestra Fragata Libertad, de lo que luego tuvo que desdecirse.

Todo esto habla, a las claras, del compromiso de los sistemas judiciales con los intereses de los grandes poderes, como una constante en la trama institucional instaurada por Occidente, en detrimento de los procesos populares. Y es aquí donde creo oportuno ejercitar la idea de la conexión existente entre la intención de estos fallos de amedrentar una estrategia soberana de desendeudamiento como la de Argentina, con la decisión de intervención militar en Siria y la convulsión de Medio Oriente en general.

Luego de la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, que primero arrastró a otras burbujas inmobiliarias para extenderse más tarde a un conjunto de economías de Europa, la economía de los EE UU comenzó a recuperarse, a diferencia de la prolongada recesión europea. Pero esa recuperación no obedece a grandes políticas proactivas de estímulo a la producción, sino a medidas de política monetaria, basadas en la sostenida inyección de dólares al mercado, desde los últimos tiempos de George W. Bush en adelante. Y, complementariamente con esto, al incremento de la facturación de su industria militar.

La industria militar opera sobre las decisiones del presidente de los EE UU por tres vías convergentes. Una de ellas son los "think tank" como, por ejemplo, el Instituto para el Estudio de la Guerra, cuyos principales patrocinadores son Northrop Grumman y Raytheon, constructoras del bombardero B-2 Spirit y de los misiles Patriot y Tomahawk, respectivamente. Otra vía es el aporte económico del complejo militar-industrial a los parlamentarios más influyentes, estimado para este año en alrededor de sesenta millones de dólares. A las dos empresas nombradas se suman Lockheed Martin, Boeing y General Dynamics, todas las cuales obtienen contratos por miles de millones de dólares. "Nuestro deber es asegurar que nuestras tropas estén bien equipadas", dice en su página web el diputado por California Buck McKeon, presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara Baja. Y la tercera vía utilizada es la contratación que hacen estas empresas de funcionarios del Ejecutivo, una vez que dejan de serlo.

Durante todos los años de la presidencia de Barack Obama, y pese a sus promesas de campaña y al Premio Nobel de la Paz que recibiera, la carrera armamentista se mantuvo en ascenso, sostenida sobre su posición de no renunciar al uso de armas nucleares, sobre el eufemismo de la "intervención humanitaria" o de la "guerra justa", y sobre su "Doctrina de la Guerra Irregular", que incluye la infiltración, la desestabilización y la contrainsurgencia, como lo muestra la intervención de los EE UU en los procesos de Libia, Egipto y Siria, amén de su histórica alianza con Israel.

Como complemento de su despliegue armado en la península arábiga, los EE UU han tapizado de bases militares el cuerno de África y el África subsahariana, no sólo para rodear el Golfo Pérsico, sino también para neutralizar la intensa presencia de China en ese continente. Y su estrategia mantiene la distinción entre guerras de alta, mediana y baja intensidad. Las guerras de baja intensidad no infringen "daños menores", como parecería sugerir el término. Y, si bien no implican el esfuerzo militar directo de los EE UU, importan sí, una intervención "inteligente", que se traduce en campañas mediáticas de demonización, conflictos entre países vecinos y, obviamente, el alto espionaje. De aquí que en la actualidad, personajes como Julian Assange o Edward Snowden se hayan convertido en sus enemigos más peligrosos.

América Latina no es ajena a esta realidad. Lo demuestra la participación directa del Departamento de Estado en golpes fallidos como el de Venezuela en 2002 o el de Bolivia en 2008, o indirecta como en el efectivo golpe en Honduras en 2009, o su inmediato reconocimiento a un gobierno ilegítimo como el que derrocó a Fernando Lugo en Paraguay. El desplazamiento de Lugo, el alejamiento de Paraguay del Mercosur y la posterior elección de Horacio Cartes como presidente acarrearon, entre otras consecuencias, un mayor control militar estadounidense en territorio paraguayo, y el cambio de la Ley de Defensa de ese país, otorgando amplias facultades al presidente y a las fuerzas armadas en la lucha antiterrorista. Conocemos muy bien el significado que tiene un cambio de ese tenor para las democracias de la región. Todo esto, en el marco de la restauración de la IV flota militar, operativa en toda América Latina y el Caribe.

El otro plano de la ofensiva de los EE UU sobre la región es la Alianza del Pacífico, impulsada en la superficie por los presidentes de México y Colombia pero, en el fondo, ampliamente respaldada por el Departamento de Estado. Algunos analistas del campo progresista han advertido que esta alianza no debe ser tomada necesariamente como opositora al Mercosur y la Unasur sino que, por el contrario, debemos relacionarnos con ella como una importante vía de acceso al espacio comercial más dinámico del planeta. Conceptualmente, es correcto valorar la importancia del área Asia-Pacíico para nuestro desarrollo. Pero, si lo hiciéramos de la mano de un modelo de integración que prioriza la lisa y llana apertura comercial, como propone la Alianza del Pacífico, la relación con Asia –de ser un factor de desarrollo– mudaría a debilitar el despliegue industrial, la generación de empleo y la inclusión social, que tan trabajosamente estamos intentando reconstruir.

Si bien hay una distancia grande entre una estrategia de dominación militar y una comercial, sería ingenuo omitir la conexión entre ambas. En este sentido, el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York contra la reestructuración de la deuda externa argentina, en defensa de los más extorsivos grupos financieros internacionales, guarda una estrecha relación con el sostenimiento de la convulsión en Medio Oriente. Ambos esquemas tributan, desde perspectivas distintas pero convergentes, a sostener la estructura económico-financiera llamada a compensar el déficit fiscal y comercial de los EE UU a expensas de sus ganancias en el exterior, sean estas por vía de los fondos buitre como del comercio de armamento.

Desde San Petersburgo, nuestra presidenta expresó: "No hay nada más proteccionista que los países desarrollados, hay un ejercicio de cinismo en esto del proteccionismo. Los países desarrollados se llenan la boca hablando de libre comercio, pero luego hacen lo contrario" y, congruentemente con ello, el documento final del G-20 condena a las "guaridas fiscales". Días antes, la Unasur sostuvo un firme rechazo a la intervención militar en Siria. Lo cual constituye toda una definición política y estratégica que identifica a los países de América Latina con una nueva agenda, muy diferente a la del poder hegemónico mundial. No sólo en la cuestión del endeudamiento, sino como llamado a un nuevo modo de organización de la convivencia, basado en la paz, el respeto por los Derechos Humanos, la inclusión social, la generación de empleo y la inversión productiva. Muy lejos del paradigma estrictamente financiero que dominó a la Humanidad durante las últimas décadas, sometiéndola a crisis recurrentes con gravísimas consecuencias sociales.