El abogado de Julio De Vido, Adrián Maloney, consideró hoy "prematura" la decisión del juez federal Claudio Bonadio de enviar al ex ministro de Planificación a juicio oral y público por la tragedia ferroviaria de Once y afirmó que, así, el magistrado pone "en riesgo la validez del juicio oral".
"No salgo de mi asombro con la actitud del juez. Esta causa merece otro tipo de tratamiento. El juez Bonadio pretende generar un trámite exprés y llevar a juicio a De Vido sin revisar ni una sola de las cuestiones que planteó la defensa", dijo hoy el abogado en declaraciones a radio Vorterix.
Bonadio decidió ayer rechazar "in límine", por improcedentes, las presentaciones realizadas por las defensas de los imputados para evitar la elevación a instancia oral que había requerido el fiscal Ramiro González y envió a juicio oral y público a De Vido, en el marco de la causa en la que se investiga su responsabilidad penal en la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas y una por nacer, y otras 789 resultaron heridas.
"No se llamó ni a uno de los diez testigos que presentamos, no se corroboraron las posiciones de la defensa. Todos están caminando derecho hacia un juicio oral que está en riesgo su validez porque un juicio que no respeta el derecho de defensa corre el riesgo de no ser válido", consideró hoy el letrado del ex funcionario.
Según Maloney, De Vido "está convencido, no solo que hay un cerco judicial (en su contra) sino que está avalado por una decisión política"
"El impulso que le está dando el juez (Bonadio) lo consideramos indebido. Esta causa merecía otro tipo de instrucción, sobre todo la discusión sobre la responsabilidad de un ministro. El juez se ha apurado en tratar de elevar la causa a juicio sin producir ningún tipo de discusión sobre el conocimiento y la responsabilidad que tenia el ministro", insistió el abogado.
Finalmente, Maloney entendió que la decisión de Bonadio es "prematura" y opinó que De Vido "está siendo enviado a juicio oral solo porque era ministro" y "se considera a la responsabilidad política como responsabilidad penal".
