El juicio oral por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública vial nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015 entrará este lunes en su etapa final de alegatos, a más de dos años de su inicio. La causa tiene 13 imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien al declarar negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que "fue un plan ideado por el gobierno saliente" de Mauricio Macri y "forma parte del lawfare".
Desde el comienzo del debate el 21 de mayo de 2019, declararon 114 testigos en 117 audiencias, y tuvo una suspensión de casi medio año en 2020 por la pandemia de Covid-19. Desde este lunes 11, salvo que pidan ser exceptuados de esta obligación, los 13 juzgados deberán conectarse para presenciar las audiencias que desde el reinicio del juicio en agosto de 2020 se realizan de manera virtual ante el Tribunal Oral Federal 2 de esta capital.
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El lunes desde las 9.30 está previsto el inicio del alegato final de la querellante Unidad de Información Financiera (UIF), que se extenderá además miércoles y viernes de esta semana. Luego será el turno del fiscal de juicio Diego Luciani, a quien se le concedieron nueve audiencias para exponer, por lo cual su alegato terminará después de la feria judicial de invierno que empieza el 18 de julio próximo.
La Oficina Anticorrupción (OA) desistió de alegar tras dejar su rol de querella en en caso, por lo cual luego de las dos partes acusadoras será el turno de los abogados defensores. Durante los alegatos, y al haber concluido la etapa de prueba del juicio, caducó la autorización general que el TOF2 dio a todos los acusados para no presenciar las audiencias, explicaron a Télam fuentes judiciales.
Ante ello y en caso de que algún procesado no desee conectarse a la plataforma Zoom, su defensa debería realizar un pedido ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los magistrados sí concurrieron en persona a los tribunales federales de Retiro para las jornadas de debate, al igual que los testigos, salvo casos puntuales, mientras que el resto de las partes lo siguió por videoconferencia.
En el juicio se debate si el acusado empresario Lázaro Báez resultó beneficiado de manera anómala con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
Los acusados por supuesta asociación ilícita y defraudación son la Vicepresidenta, Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti. También son juzgados exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.
Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo "Austral Construcciones" de Lázaro Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante.
Al prestar declaración indagatoria de manera presencial en diciembre de 2019, cuando ya era Vicepresidenta electa, la expresidenta y por entonces senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que la causa en su contra "fue un plan ideado por el gobierno saliente" de Mauricio Macri, "forma parte del lawfare" y calificó como "una vergüenza" la acusación. "Todo esto, el plan, fue ideado para una feroz, inédita persecución contra quien fuera Presidenta de la República durante dos períodos consecutivos por el voto popular", dijo a los jueces en esa ocasión.
Entre los centenares de testigos que pasaron por el debate estuvieron todos los jefes de Gabinete de los gobiernos de Cristina Kirchner y del fallecido expresidente Néstor Kirchner. El 15 de febrero pasado el presidente Alberto Fernández, exjefe de Gabinete, concurrió en persona a declarar como testigo a Comodoro Py 2002 y negó la existencia de "arbitrariedades" en la distribución de obra pública nacional.
A su turno el también exjefe de Gabinete Sergio Massa sostuvo que las partidas para obra pública estaban incluidas en el Presupuesto nacional, aprobadas por el Congreso y negó haber recibido algún tipo de indicación u orden sobre la asignación de esos recursos. También declararon empresarios de la construcción como un primo del expresidente Macri, Angelo Calcaterra, quien sostuvo que resulta "imposible" pensar la obra pública sin "redeterminación de precios", uno de los puntos bajo análisis.
Al igual que otro testigo, el constructor Juan Chediak mencionó que las empresas locales tienen por lo general "ventaja competitiva" por estar cerca de las zonas de la obra Otros testigos aludieron a las inclemencias del tiempo en la región, a la llamada "veda invernal" y al traslado de materiales a la hora de referirse al cálculo del costo de las obras.
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El mes pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó recursos de la defensa de la Vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, y ratificó la continuidad del juicio oral. Este es el primer juicio que enfrenta la exmandataria, quien fue sobreseída en otras causas como la llamada "dólar futuro", decisión que confirmó la Cámara Federal de Casación.
También resultó sobreseída sin llegar a juicio en las causas conocidas como "Los Sauces" y "Hotesur", un fallo del Tribunal Oral Federal 5 bajo revisión en Casación, y por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, decisión que también está apelada ante el máximo tribunal penal federal del país. La Vicepresidenta fue procesada en el llamado "Caso Cuadernos" -supuestos sobornos en la obra pública- por el fallecido juez Claudio Bonadio, causa en la que fue enviada a juicio pero todavía sin fecha de inicio.
