En qué punto está la explotación offshore en la costa bonaerense

Mientras los vecinos y las organizaciones ambientales marchan y cada vez son más las personas que se oponen a la exploración y explotación petrolera en la costa bonaerense, el proyecto sigue adelante a la espera de una resolución de la Corte Suprema.

Para hacer un repaso de la situación y saber en qué punto se encuentra al día de hoy, desde Infonews nos contactamos con Silvia Ferreyra, Licenciada en Gestión Ambiental, que dio su punto de vista y analizó los puntos flacos del proyecto para extraer petróleo en el Mar Argentino.

Son 14 las áreas de la costa bonaerense que fueron licitadas durante el gobierno de Mauricio Macri para la exploración y posterior explotación. El proyecto siguió adelante con el cambio de gobierno en 2019. “La gran mayoría están a punto de iniciar la fase de exploración, esto es para poder hacer un avistaje de cuáles son las condiciones que van a tener para poder llevar adelante a futuro la actividad. Esta fase preveía que hacia fines de este año podían iniciarse las tareas de exploración, estas explosiones que se hacen con sonido para poder confirmar cómo están estos yacimientos de hidrocarburos offshore. Pero también hay otras áreas que están ya avanzadas, que ya han hecho las tareas de exploración y que están prontas a iniciar las tareas de explotación", sostuvo Ferreyra.

 

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En julio de 2021, el Gobierno, con la intervención del ministerio de Ambiente nacional, realizó una audiencia pública previa al comienzo del inicio de la exploración para poder cumplimentar el procedimiento de la evaluación del impacto ambiental. “Fue una audiencia histórica, la gran mayoría de las personas que participaron estaban en contra de la exploración petrolera, en contra de que se avance en la actividad petrolera en las costas de Mar del Plata y en toda la costa bonaerense y, aún así, a fin de año, a horas de finalizar el 2021, el Gobierno aprobó la evaluación de impacto ambiental de las áreas implicadas en la consulta pública realizada en 2021, aún a pesar de ese rechazo manifestado en la audiencia pública y también en las calles”, cuestionó Ferreyra.

Luego de ese momento, se inició la batalla judicial y se consolidaron los movimientos ecologistas en defensa del mar y en contra de la actividad petrolera. Los focos en cuestión tienen que ver con las falencias del estudio de impacto ambiental y en la falta de consulta. “A partir de la aprobación del acuerdo de Escazú, es una obligación, es una responsabilidad del Estado hacer la consulta de manera previa en tiempos razonables en la población que puede considerarse afectada en obras de este tipo”, explicó la licenciada en Gestión Ambiental.

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Otro punto en disputa, que dio lugar a la presentación de un amparo iniciado también en la Justicia por un conjunto de abogados y abogadas allegados a la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, hace epicentro fundamentalmente al hábitat de la Ballena Austral, que es una especie que está protegida y, como tal, el Estado Nacional tiene obligaciones para todo lo que es mantención y preservación de la especie.

Volviendo a las falencias del impacto ambiental, las organizaciones ecologistas advierten que no hay una evaluación acumulativa, es decir, que se está contemplando cada una de las áreas licitadas como si estuvieran solas pero no hay un análisis del impacto acumulativo de todas las áreas ya en actividad.

El Gobierno intentó explicar que irá área por área, sector por sector, haciendo primero la exploración y si es potable para las empresas luego se hará la explotación. Para Ferreyra esto es impracticable: “En eso es muy parecido la lógica a lo que hacen las empresas minera  pero lógicamente las empresas petroleras no encaran la fase de exploración de manera divorciada de la explotación. Tienen una intención clara, no hacen una inversión de este tipo, a varios kilómetros de la costa, a muchísimos kilómetros en profundidad sin tener certeza de que van a llevar adelante esa explotación, esa actividad que les va a permitir a futuro recuperar todos esos fondos invertidos, es imposible imaginar que cada área va a ser independiente de otra y que cada fase de exploración va a ser independiente de la fase de explotación”. En este sentido remarcó que “necesitamos tener una evaluación de conjunto de todo lo que va a suceder cuando todas estas áreas en licitación estén ya trabajando plenamente porque ese va a ser el impacto real que tenemos que evaluar: si nos conviene o no como localidades, como población, tener esto a tantos kilómetros de la costa o no”.

La falta de esta evaluación de conjunto como una de las grandes falencias que se encuentran en la evaluación de impacto ambiental y la falta de consulta previa a las poblaciones afectadas hicieron  que, en junio de 2022, la Cámara Federal  de Mar del Plata haya dado lugar al reclamo y haya suspendido los procedimientos hasta tanto el Gobierno presente este tema. “Lo que se reclama en el estudio de impacto ambiental que es el impacto acumulativo, el tema de la consulta, la participación a partir de la consulta previa de lo que se está demandando respecto del acuerdo de Escazú y la falta de instancia de consulta previa al municipio de General Pueyrredón, al municipio que en definitiva tiene en cercanías estas áreas en licitación”, explicó.

Para dar respuesta a los cuestionamientos planteados por la Justicia respecto a la consulta pública, en el mes de mayo de este año, el Ministerio de Ambiente de la Nación lanzó una consulta pública virtual para que quienes quisieran participar en el proceso de consulta pudieran entrar o escribir a un mail. Se dieron 15 días de plazo para que se pudiera consultar toda la documentación que estaba allí, documentación bastante compleja,  incluso las organizaciones ambientalistas que están en tema dijeron que era muy poco el tiempo que se tenía para tomar lectura, consultar y después hacer una devolución de manera que ese proceso de consulta realmente sirva y sea útil para poder salvar todas las falencias que tiene este proceso de licitación como dicen las organizaciones ambientales.

En tanto, el ministerio de Ambiente presentó un recurso extraordinario ante la Justicia para decir que ya dieron por cumplidos todos los requerimientos de manera que el tema pase a la Corte Suprema y en definitiva sea el Tribunal Máximo el que resuelva aún en esa fase. Por ende, todavía sigue el litigio en el plano judicial y las organizaciones siguen insistiendo en que el gobierno no ha cumplimentado con todo lo que ha pedido la Justicia.

“Todas estas áreas que se han licitado van a tener un impacto ineludible en toda la región de la costa bonaerense que hoy tiene otro eje para sus principales actividades. Todas estas zonas tienen un eje asentado en la actividad turística, en la actividad pesquera y si todas estas áreas efectivamente inician sus actividades ineludiblemente van a cambiar su fisonomía”, advirtió Ferreyra.

En el mismo sentido, recalcó: “Es imposible imaginar que todo el tránsito, que toda la actividad que va a devenir del desarrollo de estas plataformas offshore van a tener cero impacto en la actividad actual de la provincia de Buenos Aires y nos parece importante tener en cuenta que esa comunidad no quiere cambiar su forma de vida y es completamente legítimo”.

Por último, Ferreyra se refirió a, quizás, el caballito de batalla de la defensa de la medida: la soberanía del recurso. Al respecto, sostuvo: “Estas exploraciones, todas estas explotaciones que se prevén en todas estas áreas licitadas en la costa bonaerense no son para cubrir el mercado interno ni la demanda nacional, son todas para satisfacer la exportación de esos hidrocarburos. Estas empresas tienen un régimen especial en el cual pueden liquidar todas sus divisas en el exterior, tienen posibilidades de descontar de Ganancias y de otros impuestos toda la inversión realizada. O sea, es profundizar este régimen extractivista que entrega nuestros principales recursos como es el caso de los hidrocarburos a estas empresas extranjeras”.

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