El fiscal general ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal Fabián Canda consideró que la Justicia Nacional del Trabajo es competente para intervenir en el planteo legal hecho por la CGT en contra de los alcances laborales del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023.
Canda, en un dictamen firmado este martes pero difundido hoy, opinó que "la Justicia Nacional del Trabajo resulta competente" para intervenir en la causa abierta tras un recurso de amparo presentado por la CGT, una medida judicial que fue acompañada el 27 de diciembre pasado por una masiva movilización frente a los Tribunales porteños.
El desarme del proceso colectivo desató una lluvia de amparos contra el DNU
El fiscal destacó que la central obrera "promovió una acción de amparo tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad" del DNU 70/2023 "por vulnerar en forma ostensible y manifiesta" lo prescripto en la Constitución Nacional, entre otras normativas, "violar el principio básico de división de poderes y establecer una reforma laboral con modificaciones peyorativas y permanentes en los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales".
El dictamen del fiscal Canda rechazó de este modo un planteo legal presentado días atrás por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que exigió que la Justicia del Trabajo fuera considerada incompetente para intervenir en el recurso expuesto por la CGT.
"No veo a ningún dirigente que se haya puesto al frente de frenar esta locura"
El 3 de diciembre último, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación del capítulo laboral del DNU dictado por el gobierno de Javier Milei.
El tribunal hizo lugar al pedido de la CGT, que había apelado una resolución de primera instancia, y dispuso el dictado de una medida cautelar hasta tanto se analice la cuestión de fondo vinculada al análisis de constitucionalidad de la reforma realizada mediante un DNU.
Tras ese fallo, el Gobierno decidió apelar la medida judicial y pedir la incompetencia del fuero laboral en el caso.
