El Congreso de Perú citó a declarar al primer ministro, Pedro Angulo, y a los encargados de las carteras de Defensa e Interior, Alberto Otárola y César Cervantes, respectivamente, en relación con la muerte de dos manifestantes en la sureña ciudad de Andahuyalas en las protestas de ayer en contra del ascenso de la otrora vicepresidenta Dina Boluarte a la Presidencia de la nación andina.
Según destacó el Parlamento peruano en un comunicado, Angulo, Otárola y Cervantes deberán acudir a declarar para "informar sobre los disturbios y los hechos de violencia" que se produjeron en los últimos días en varios puntos del país, pero especialmente en Andahuyalas, en la región de Apurímac, de donde es oriunda la flamante presidenta de la república, Dina Boluarte.
La sesión está programada para este lunes a la tarde, y tanto el jefe de Gobierno como los dos ministros podrán participar de forma presencial como telemática, informó la agencia de noticias Europa Press.
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Hasta el momento se confirmó la muerte de dos manifestantesen el marco de protestas por la llegada de Boluarte a la Presidencia de Perú tras la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo el miércoles pasado, después de intentar forzar la disolución del Congreso.
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Hasta el momento, los disturbios se saldaron con más de una treintena de personas detenidas en Apurímac, según informó el gobernador regional, Baltazar Lantarón Núñez, tal y como recoge la emisora peruana RPP.
Las autoridades peruanas informaron ayer de la muerte de al menos dos personas, una de ellas menor de edad, en el marco de las mencionadas protestas y en las que se reclamaba un adelanto electoral que Boluarte accedió a decretar hoy para abril de 2024.
Esta oleada de protestas se dan después del miércoles pasado, fecha en la que Castillo fue destituido del cargo y detenido por la Fiscalía como respuesta a su intento de disolver el Parlamento e imponer un gobierno de excepción, y en la su vicepresidenta Boluarte asumiera su puesto.
Además de Castillo, quien fuera su jefa de Gabinete, Betssy Chávez, y su ministro del Interior, Willy Huerta, están siendo indagados por el Ministerio Público por los posibles delitos de rebelión y conspiración en relación con el mensaje del expresidente en el que anunció el cierre del Parlamento y el establecimiento de un gobierno excepcional con suspensión de garantías constitucionales y toque de queda.
Por esa decisión, que fue considerada como un “golpe de Estado” y para la que Castillo no tuvo apoyo ni de su partido ni de su gabinete ni de las fuerzas armadas y de seguridad, el Congreso los destituyó inmediatamente y fue reemplazado por Boluarte.
Castillo, un maestro rural de 53 años que llegó al gobierno en julio de 2021, fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo y fue puesto el jueves en prisión preventiva por siete días.
De ser hallado culpable de rebelión, enfrentaría entre 10 y 20 años de prisión.
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