Pasaron ya dos años del último día que se supo de Facundo Astudillo Castro, un pibe de 22 años quien fue buscado intensamente por su familia y de quien se encontraron los restos pero nunca se supo qué le pasó. En diciembre pasado, a partir del pedido de la fiscalía y las querellas, la Sala I de la Cámara de Casación Federal apartó de la investigación a la jueza María Gabriela Marrón por actuar con parcialidad y obstaculizar reiteradamente medidas de prueba para investigar la hipótesis de la desaparición forzada.
Cristina Castro, mamá de Facundo, lucha para obtener verdad y la justicia pero no está sola y es por ello que desde la Comisión Provincial por la Memoria, organización de la cual forman parte el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barracos, exigieron que se amplíen medidas de prueba a dos años de la desaparición.
Facundo salió el 30 de abril de 2020 desde su casa en Pedro Luro con dirección a Bahía Blanca. El joven viajó a dedo, tal como lo hacía habitualmente. Se sabe, con certeza, que fue detenido por agentes de la Policía Bonaerense en Mayor Buratovich y Teniente Origone. Lo que pasó después de eso sigue siendo un misterio: Facundo no llegó a destino ni volvió a saberse nada de él hasta que el 15 de agosto se encontraron restos óseos en la ría de Bahía Blanca y el cotejo de ADN confirmó que se trataba de él.
A pesar de las numerosas pruebas que vinculan a la Policía con Facundo el día de su desaparición, el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez y la jueza María Gabriela Marrón nunca investigaron la actuación policial y desestimaron reiteradamente medidas de pruebas solicitadas por las fiscalías, la querella familiar y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querella institucional en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Tampoco cumplieron con los requerimientos exigidos por el Comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El fiscal Ulpiano Martínez se excusó de seguir interviniendo en la causa en febrero de 2021 y la jueza Marrón fue apartada recién en diciembre. Al reconocer que la jueza obstaculizó la investigación, el fallo de Casación abrió un nuevo escenario en la causa que obliga a avanzar con celeridad en las medidas de pruebas solicitadas por las querellas.
Por ello, esta semana se realizó en Bahía Blanca una reunión de trabajo con la fiscala federal de Santa Rosa Iara Silvestre, a cargo ahora de la instrucción, el fiscal general de Bahía Blanca Horacio Azzolin y la Procuraduría de Violencia institucional. En ese encuentro, la querella familiar y la CPM le solicitaron a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal requerir al nuevo juez de la causa, Walter López da Silva, una serie de medidas de pruebas coincidente con pedidos que venían siendo realizados conjuntamente y que no habían tenido respuesta por parte de la jueza Marrón.
Entre las medidas de pruebas, los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio junto a la CPM pidieron la ampliación de declaraciones testimoniales de personas que ya declararon en la causa, pero cuyos testimonios resultan inconsistentes o contradictorios a partir de elementos probatorios que se fueron sumando al expediente, y de otros que aún no han sido citados y que pueden aportar información relevante.
Por otra parte, las querellas también reclamaron que se haga un exhaustivo trabajo de sistematización de la información tecnológica existente en la causa para que se ordenen, de acuerdo a los resultados, nuevos informes técnicos sobre los celulares y gps que están mencionados en el expediente.
Asimismo, también requirieron profundizar las pericias para determinar sobre el estado de la ropa de Facundo, para dilucidar principalmente qué elementos, productos y/o modalidades se pudieran haber utilizado para ocasionar las roturas y daños que presentaba la vestimenta.
A dos años de los hechos, la familia y la CPM también realizaron pedidos de informes para saber el estado de los expedientes por mal desempeño de sus funciones que se iniciaron contra la jueza Marrón ante el Consejo de la Magistratura y contra el fiscal Ulpiano Martínez ante la Procuración General de Nación. El mismo pedido de informe se realizó ante la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense y el Ministerio de Seguridad de Nación por la actuación de la Policía bonaerense y de la Policía Federal, respectiva, durante las diligencias investigativas en el marco de la causa.
En el caso del Ministerio bonaerense ya hubo una investigación administrativa de oficio que desestimó cualquier sanción para los policías que tuvieron contacto con Facundo ese día. Y el ministro Sergio Berni siempre avaló públicamente sus actuaciones pese a las múltiples ilegalidades cometidas por el personal policial.
A dos años de la desaparición de Facundo, cuyo cuerpo fue hallado meses después, el fallo de Casación de diciembre pasado abrió la posibilidad de reimpulsar la causa y dejar atrás la impunidad que rodea el hecho. La semana próxima en su ciudad natal, Cristina Castro, sus abogados, amigos y amigas de Facundo realizarán un nuevo acto para renovar el pedido de verdad y justicia.
