La Unión Trabajadores de la Educación (UTE), que lidera Angélica Graciano, denunció públicamente este lunes "un nuevo capítulo de persecución a la comunidad educativa", tras la demanda que presentó el Gobierno porteño "a una familia de estudiantes que participaron de las tomas de escuelas en 2022", informó el sindicato.
Un comunicado firmado por Graciano y la secretaria de Comunicación, Prensa y Difusión, Paula Galigniana, detalló que el Ejecutivo metropolitano interpuso una demanda por casi 2,7 millones de pesos contra una familia relacionada con la toma estudiantil de la ESEA Manuel Belgrano por "compensaciones por supuestos daños y perjuicios".
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"La UTE repudia esa decisión, que solo procura intimidar a los jóvenes que ejercieron su derecho a la protesta frente a la absoluta ausencia de escucha de la ministra de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Soledad Acuña, a sus reclamos", enfatizó.
Para la organización sindical, "esa maniobra es un capítulo más de las persecuciones que Rodríguez Larreta y Acuña realizaron durante su gestión en perjuicio de la comunidad educativa", por lo que exigió que el Gobierno porteño "dé marcha atrás con medidas que procuran criminalizarla, y también a los estudiantes que ejercen su derecho a la protesta".
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