Al igual que las organizaciones que trabajan hace tiempo con sectores vulnerables como Techo Argentina, Hábitat para la Humanidad, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la fundadora de la Mesa Nacional de Barrios Populares Fernanda Miño reclamó al gobierno de Milei por el desfinanciamiento de los fondos para mejorar las viviendas a barrios populares.
Cruce entre Grabois y Caputo por el presupuesto de los barrios populares
Miño fue, también, titular del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), y rechazó la reducción de fondos al uno por ciento del impuesto PAIS por parte del gobierno de Javier Milei a la provincia de Buenos Aires, efectuada recientemente por decreto.
Mediante el Decreto 193 publicado el día de hoy, Milei bajó el financiamiento al Fondo de Integración Socio Urbana del 9% del impuesto PAIS al 0,3% ¡Es una burla a los barrios populares!
— Fer Miño (@ferminook) February 26, 2024
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Miño gestionó el área durante el gobierno de Alberto Fernández y se expresó en contra del decreto que reduce el presupuesto para el FISU a su mínima expresión.
Con la medida de Milei, publicada este lunes en el boletin oficial, peligra la continuidad de las políticas de integración sociourbana de barrios populares.
Boletín Oficial 25/02/24
— dnu's para todes ??? (@lolariemucho) February 26, 2024
Milei y Caputo acaban de manotear derechos a un techo, una vivienda digna.. un baño.
Deroga el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, recorta el #FISU y otros pic.twitter.com/xqQiAPlpYZ
Miño destacó que es fundamental sostener el financiamiento de esos programas porque, de lo contrario, solo se agravará la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad. En Argentina hay más de seis mil asentamientos o barrios vulnerables con cinco millones de personas viviendo en condiciones muy precarias.
Esas políticas de Estado fueron una iniciativa surgida durante la gestión presidencial de Mauricio Macri a la que luego se le dio continuidad y se profundizó durante el Gobierno de Alberto Fernández.
La semana pasada, tras un fuerte operativo mediático sin pruebas (encabezado por La Nación + y TN, esencialmente), se puso en la mira al FISU y, también, a todo el trabajo realizado por el dirigente social Juan Grabois.
Grabois respondió a los ataques mediáticos por el manejo de fondos
Tras ello, desde el CELS realizaron un comunicado en el que plantearon que "el Fondo para la Integración Socio Urbana es la fuente de financiamiento de una política de Estado que trascendió a dos gestiones, tuvo amplio consenso en el Congreso de la Nación para su creación a través de la Ley 27.453 y ha tenido reconocimientos de organismos locales e internacionales.
Su desfinanciamiento pone en riesgo el desarrollo de políticas públicas que desde hace siete años existe como política de Estado dirigida a mejorar las condiciones de vida de las millones de personas que viven en los barrios populares.
En el 2016, durante la gestión Macri, un grupo de organizaciones sociales, civiles y eclesiásticas realizaron “el primer relevamiento de barrios populares de la Argentina que posteriormente obtuvo el nombre de Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Ese registro fue actualizado en el 2022 y el 2023 con cifras que indican la existencia de al menos 6.467 villas y asentamientos en todo el país en las que viven unas 5 millones de personas.
En 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, el Congreso Nacional respaldó este proceso a través de la aprobación por unanimidad de la ley 27.453 que creó el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, que tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas que viven en los barrios incluidos en el Renabap.
Esa ley oficializó el registro de barrios populares y los declara de utilidad pública y sujetos a expropiación y dispone de un fideicomiso para financiar todas las actividades necesarias para llevar a cabo la integración socio urbana”.
