Un grupo de familiares de fallecidos en el submarino ARA San Juan solicitó a la Justicia que impida la salida del país del expresidente Mauricio Macri, quien había solicitado autorización judicial para viajar a un evento a realizarse en Uruguay en marzo.
Uno de los principales argumentos esgrimidos en el escrito, elaborado por la abogada Valeria Carreras, indica que quien convocó al exmandatario es un fondo de inversión llamado Becon Investment Management, que en su invitación no indica ni domicilio ni presenta personería jurídica.
El expresidente tiene previsto asistir entre el 8 y el 9 de marzo a una conferencia que se realizará en Montevideo, cuya solicitud fue formulada por su abogado Pablo Lanusse, quien le informó al juez Julián Ercolini -actualmente a cargo de la causa por espionaje ilegal a los familiares del ARA- que Macri fue invitado para participar de un evento llevado a cabo por Becon Investment Management, Montevideo, Uruguay.
Asimismo, los familiares sostienen que para que se le permita a un procesado salir del país “debe mediar un motivo de urgencia, o de salud, o resultar esencial”, y consideran que estas circunstancias no se cumplen en el caso del pedido de Macri.
En el escrito también se expone que existe “peligro de fuga”, ya que que al exmandatario “no le faltan medios económicos para poder profugarse a cualquier país del mundo sin convenio de extradición con Argentina”.
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Causa
El pasado 1 de diciembre, Macri fue procesado por el juez federal de Dolores Martín Bava por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino desaparecido durante el Gobierno de Cambiemos, resolución que fue apelada por la defensa del expresidente.
Pero a principios de febrero, Bava remitió a los tribunales federales porteños las causas en las que se investigan las supuestas maniobras de espionaje a los familiares de los marinos del ARA San Juan y aquellas desplegadas desde las denominadas bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El magistrado remitió los expedientes a los tribunales de Comodoro Py por tratarse de causas conexas al caso D´Alessio, que ya había pasado a suelo porteño a partir de un fallo emitido a fines del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal.
Ambos expedientes pasaron a manos del juez Ercolini, que fue quien se quedó con el caso D´Alessio por decisión de la Cámara Federal porteña y luego de que sus colegas María Eugenia Capuchetti y Ariel Lijo se excusaran de intervenir.
El paso de estos expedientes a Comodoro Py había sido reclamado por el fiscal Juan Pablo Curi luego de que la Cámara de Casación ordenara el paso del caso D´Alessio a los tribunales de Retiro.
