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Las familias de Casa Santa Cruz llegan a un acuerdo para postergar el desalojo

Las 107 familias que conviven en la Casa Santa Cruz, y que conforman la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco, recibieron la ansiada respuesta fruto de la mesa de negociación mediante la que se buscan soluciones para la situación habitacional.

El desalojo previsto para hoy está intervenido por la Policía de la Ciudad.
Foto: Télam.
El desalojo previsto para hoy está intervenido por la Policía de la Ciudad. Foto: Télam.

Las casi 500 personas que viven en la denominada Casa Santa Cruz, en el barrio porteño de Parque Patricios, y que iban a ser desalojadas hoy por orden judicial, aguardaban esta mañana una respuesta del magistrado a cargo de la causa. Finalmente, lograron llegar a un acuerdo esta tarde para que se postergue el desalojo judicial y se abra una mesa de trabajo durante un período de seis meses para encontrar una solución habitacional definitiva, lo que fue festejado con aplausos y cánticos de “Vivienda sí, desalojo no” por las casi 500 personas que viven en el edificio del barrio porteño de Parque Patricios.

 

Según consignó la abogada de las familias, Iliana Llanos, el entendimiento fue alcanzado en el marco de una negociación en la que intervinieron oficiales, judiciales, representantes del Gobierno porteño y de las familias, y el Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cerca de las 10:30, las familias y otras personas que se congregaron en el lugar para resistir el desalojo aguardaban una respuesta del juez nacional de Primera Instancia en lo Civil número 60, a cargo de Fernando Cesari.

A acompañar: más de 100 familias de la Casa Santa Cruz enfrentan un desalojo

La denominada Casa Santa Cruz se encuentra ubicada en la calle Santa Cruz 140 del barrio porteño de Parque Patricios, y allí viven actualmente unos 350 adultos y más de 100 niños, niñas y adolescentes.

Se trata de un edificio de seis pisos en el que funcionaba la antigua fábrica de toallas Selsa, que quebró en la década del 90, y en el que fueron instalándose familias desde 2004. Hoy la edificación cuenta con servicios de agua, luz y cloacas.

Esta mañana, a instancias de la orden de desalojo dispuesta por la justicia, la Policía de la Ciudad desplegó un megaoperativo que incluyó el vallado de todas las calles aledañas y el despliegue de cientos de efectivos.

Jorge Abasto, referente de la coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, informó a Télam que, como parte del acuerdo alcanzado, el gobierno porteño realizará durante esos seis meses un pago al propietario del edificio, el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, para que “no presione y tolere el plazo de tiempo” hasta que las personas consignan una vivienda alternativa y puedan irse del lugar.

Esta mañana también el diputado nacional Itaí Hagman (Unión por la Patria) manifestó que este conflicto es de "larga data", y que "ya hubo otros intentos de desalojos del edificio". "Lamentablemente siempre pasa lo mismo. La única respuesta que hay del Estado, en este caso a través del Poder Judicial, pero también del gobierno de la Ciudad, es el desalojo, cuando lo que se está reclamando es una solución habitacional a las más de 100 familias", afirmó.

Por su parte, la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham sostuvo que: "Uno esperaría que un gobierno, en lugar de mirar cual es el negocio que puede hacer un privado, piense en cómo se resuelve la situación habitacional".

Desalojo en Casa Santa Cruz: "Es terrible no saber qué va a pasar"

En tanto, la legisladora porteña del Frente de Todos, Berenice Iañez, aseguró: "En los trece años del juicio de desalojo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ofreció ni acercó ninguna solución definitiva para garantizar la vivienda digna de las familias que hoy viven en la Santa Cruz. Frente a la ausencia de una propuesta y la resolución del juez que planteó el desalojo estamos acompañando a las familias"

"Las familias hicieron todo lo que se les fue pidiendo: se constituyeron como cooperativa, se inscribieron para la 341, para la autogestión para la construcción de vivienda. Siempre presentaron vocación de querer contribuir en la solución del problema", opinó.

Su par, María Bielli, también expresó: "Esta es una política sistemática del gobierno porteño de abandonar a su suerte a todos aquellos y aquellas que lo que reclaman es una solución habitacional definitiva en una ciudad que se encargó de expulsarlos. Esto es una muestra más de cómo se prioriza la especulación y el negocio inmobiliario por sobre el derecho básico elemental al acceso a la vivienda".

Ayer por la tarde, se realizó un festival y vigilia en apoyo a las familias que viven el lugar, algunas de ellas desde 2004 en el edificio ubicado en Santa Cruz 140.

El jueves pasado, las familias fueron notificadas de la orden de desalojo prevista para este martes, en el marco de la causa que lleva más de 13 años en el Juzgado en lo Civil número 60.

Según una resolución dictada por el juez Fernando Cesari, el desalojo puede ser de forma "escalonada" y se autorizó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pedir la colaboración de las fuerzas federales "ante la complejidad del caso", de considerarlo necesario.

La nueva resolución surge en respuesta a una nota presentada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Ministerio de Justicia y Seguridad porteña.

En 2010, cuando la propiedad fue subastada, las familias intentaron presentarse para comprarla, pero no pudieron hacerlo y finalmente fue adquirido por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien luego inició el juicio por desalojo que hoy se encuentra en instancia de ejecución.



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