La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en un plazo no mayor de 180 días elabore y remita a la Legislatura un proyecto de rezonificación definitiva y un plan de concreción de soluciones habitacionales para los habitantes de la traza de la ex autopista 3, la cual fue diseñada durante la última dictadura cívico militar, pero que nunca se realizó.
La sentencia del Juzgado del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo 16 a cargo de Martín Furchi está enmarcado en la causa que comenzó el abril del 2021 a partir de un amparo presentado por la “Asamblea de Vecinos y Vecinas comprometidos del Sector 4 de la Ex Au3”, con el patrocinio jurídico del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC).
La traza de la Ex Au3 iba a extenderse desde el barrio de Saavedra hasta Puente Alsina, atravesando una decena de barrios, para lo cual se ordenaron expropiaciones y demoliciones de las viviendas que iban a estar afectadas, no obstante la obra fue cancelada en 1981 y muchas familias quedaron perjudicadas por la situación, entre ellas, las del denominado Sector 4.
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Tras décadas de demandas al Estado porteño impulsaron el amparo al que Furchi dio lugar en abril del 2022 y ahora una sentencia de fondo por la cual la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en un plazo de seis meses debe “elaborar y remitir a la Legislatura el proyecto de rezonificación definitiva, el proyecto de renovación urbana y el plan para la concreción de soluciones habitacionales” para los vecinos y vecinas.
Además, agrega que el todo lo demandado “deberá ser elaborado con la debida participación ciudadana”.
Según manifestaron desde el ODC, la fragmentación en sectores de la traza “hizo que algunas de las familias recibieran propuestas inmediatas, mientras que otras no”, en alusión a las distintas medidas que fueron impulsadas para facilitar una solución habitacional, entre ellas, dos leyes sancionadas en la Legislatura porteña.
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“El sector 4 sufrió por más de 20 años el incumplimiento de la ley 324 y más de una década el incumplimiento de la 3.396. Ambas leyes reconocen el derecho a la vivienda de las familias”, precisaron y agregaron que “ante la negativa de cumplir con estas leyes, la violación de la Constitución y falta de respuesta del GCBA, las familias que habitan este sector presentaron una demanda ante la justicia”.
Por su parte, el Gobierno porteño interpuso un recurso de apelación a la sentencia de Furchi al considerarla como “un evidente exceso de jurisdicción, que resulta violatorio del principio republicano de división de los poderes, el cual es menester salvaguardar celosamente”.
