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El FIT y UP exigen un freno al desalojo de "Casa Santa Cruz"

En la llamada Casa Santa Cruz viven al menos 100 familias desde la década del 90. Ahora, una orden de desalojo firmada por la Justicia para el 31 de octubre, pone en riesgo todo lo construido. Frente a ello, legisladores exigieron una intervención y solución al Gobierno porteño.

Foto: Daniel Dabove / Télam
Foto: Daniel Dabove / Télam

Los bloques de Unión por la Patria (UXP) y el Frente de Izquierda (FIT) en la Legislatura porteña presentaron proyectos en torno a la preocupación por el inminente desalojo de unas 350 personas de la "Casa Santa Cruz 140", en tanto que pidieron la suspensión del operativo así como exigieron al Gobierno de la Ciudad que otorgue "una efectiva solución habitacional" a los residentes del inmueble.

Ambos planteos fueron ingresados en los últimos días, tras conocerse la decisión del juez civil de primera instancia Fernando Cesari de ordenar para el 31 de este mes el desalojo en una resolución en la cual también autorizó al Gobierno porteño a pedir la intervención de las fuerzas federales "ante la complejidad del caso".

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Al respecto, la legisladora de UXP Berenice Iáñez promovió una declaración de "profunda preocupación" por el "inminente desalojo" de los habitantes de la Casa Santa Cruz "que coloca en riesgo de situación de calle a más de 100 familias".

Además, pidió que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta "arbitre las medidas necesarias" para otorgar una "efectiva solución habitacional" ante "los serios obstáculos para acceder al programa de vivienda" estipulados en la ley 341 que regula las políticas habitacionales para sectores vulnerables de la población porteña.

Y recordó la presentación, en septiembre, de un proyecto que impulsa la declaración de utilidad pública sujeto a expropiación de inmuebles sitos en la calle Uspallata, Santa Cruz y otras, para la construcción de viviendas sociales y equipo comunitario.

"Es de suma importancia que este proyecto se ponga en tratamiento y de esta manera otorgarle una solución efectiva a más de 100 familias que pueden quedar en la calle", consideró.

Por su parte, el legislador del PO-FIT Gabriel Solano promovió un pronunciamiento por parte de la Legislatura porteña para instar al Ejecutivo a "frenar el desalojo".

"Hace 13 años que su problemática se encuentra judicializada y es el Estado la autoridad competente para resolverlo, sin que hasta la fecha tengan respuestas concretas de solución habitacional definitiva", remarcó.

Y señaló que "quienes viven en Santa Cruz 140 no quieren que se los expulse de su centro de vida, se niegan a un subsidio habitacional insuficiente, a que sus hijxs no puedan ir más al colegio del barrio y, más aún, que los desalojen con la fuerza pública dejándolos en la calle".

En tanto, este mismo jueves, familias que viven allí junto a organizaciones, realizaron a una movilización y olla popular en el Obelisco.

El espacio sobre el que se ordenó el desalojo, es una fábrica que quebró en la década del 90, que luego fue recuperada y destinada para viviendas entre 2002 y 2004, luego de ser acondicionado por las propias familias conocidas bajo el nombre de Casa Santa Cruz. En 2010 el edificio fue rematado y en una subasta pública la compró el empresario Leonardo Ratuschny con la gente adentro, e inició un juicio de desalojo.



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