Los legisladores porteños por el Frente de Todos (FdT), Victoria Montenegro y Juan Pablo Modarelli, interpusieron un recurso de amparo contra Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase) y el Banco Ciudad para que suspendan la subasta de 14 coches General Electric fuera de uso prevista para mañana, hasta que se corrobore que "no contienen asbesto", un mineral cancerígeno para las personas.
"Presentamos un recurso de amparo junto al diputado Juan Modarelli para frenar la venta que va a hacer Sbase a través del Banco Ciudad de vagones. Lo que nosotros queremos es cerciorarnos que no tengan asbesto. Lamentablemente recibimos en la legislatura trabajadores con muchísima preocupación", dijo a Télam la diputada Montenegro.
?? ASBESTO EN EL SUBTE: 5 AÑOS DE LUCHA
— Prensa AGTSyP (@prensadelsubte) June 9, 2023
Desde 2018 lxs trabajadorxs venimos denunciando que en el #subte hay #asbesto, un material cancerígeno.
Al día de hoy tenemos 3 compañeros muertos, 86 compañeros afectados, 2150 bajo vigilancia médica. pic.twitter.com/aeBI02lMgs
En un comunicado, el Banco Ciudad había informado que este miércoles se llevará adelante la subasta de 14 vagones de subte de la marca General Electric, que fueron producidos en 1964 por la empresa estatal Fabricaciones Militares y salieron de servicio en 2020 por limitaciones técnicas, con un precio base de $ 680.000 cada uno. Ante esto, los diputados interpusieron este lunes un recurso de amparo donde solicitaron que "se ordene al Banco Ciudad de Buenos Aires, que de manera urgente suspenda la subasta N° 2.974, hasta tanto no esté corroborado que los coches subastados no contienen asbesto".
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En este sentido, afirmaron que "esta situación lesiona derechos fundamentales, como lo son el derecho a la salud, el derecho a desarrollarse en un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, con condiciones de salubridad e higiene en los espacios donde se desarrollan".
En cuanto al impacto de la exposición a este mineral, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) denunció públicamente que tres trabajadores murieron por enfermedades vinculadas al asbesto, mientras 86 empleados se encuentran afectados, entre los cuales seis tienen cáncer, y 2.150 están bajo vigilancia médica.
La presentación de los legisladores recibió la adhesión del diputado de la Ciudad de Buenos Aires (FdT) Javier Andrade y quedó radicada en el juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 23, a cargo del doctor Francisco Ferrer.
En el escrito se ordena a Sbase "que en un plazo de 10 días perentorios, dicte todos los actos administrativos y de cualquier otra índole tendientes a corroborar que los coches en cuestión no contienen fibras de asbesto, con aplicación de sanciones conminatorias sobre la persona del jefe de Gobierno porteño y del presidente de Subterráneos de Buenos Aires S.E. de manera solidaria".
En este sentido, la acción interpuesta cita un informe realizado en 2019 por la consultora CIH Soluciones Ambientales para Metrovías, en el que se constató que "el total de las muestras retiradas de las flotas General Electric analizadas contienen asbesto, con porcentajes que llegaron al 100 por ciento".
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En 2020, Sbase presentó el "Informe complementario acciones realizadas al 6 de noviembre del 2020", pero los legisladores advirtieron que "no figuran las flotas" en cuestión, por lo que "permite deducir que no hubo retiro alguno de las piezas que ha sido constatado que contienen fibras de asbesto".
"Lo que vemos es que hay vagones que se retiraron de circulación pero que ahora la empresa los está vendiendo sin ninguna confirmación de que esos vagones no tengan asbesto. Esta presentación va en sintonía con el reclamo de los trabajadores del subte y también en defensa de la población, que pueden inocentemente comprar vagones como se publicitan para espacios inmobiliarios", dijo Montenegro.
"El nivel de asbesto que tienen los coches de la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es altamente nocivo y perjudicial para la salud", subraya el recurso de amparo, y advierte que su venta implica "un preocupante problema de salud para quienes los adquieran y para quienes tengan contacto con ellos cuando los mismos sean reutilizados para distintos fines".
