Los riesgos socioambientales y económicos detrás de la Ley Ómnibus

PESCA

En el Art. 26 de la "flamante ley" se estipula: "Para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad". Antes de aclarar que: "Los permisos tendrán como mínimo una duración de VEINTE (20) años”. Por supuesto, este punto ataca la soberanía nacional, y a la vez que pone en riesgo las diversas especies marinas que abundan el mar argentino, no parece dar cuenta del peligro de la pesca de red, liberando la cacería de todas las especies a su suerte y con la sola responsabilidad de pagar una cuota al estado. Por no mencionar que pondría en riesgo fuentes de trabajo de la pesca artesanal, como anunciaron tanto sindicatos pesqueros como cámaras empresariales de Mar del Plata, que verían reducidas sus posibilidades ante lo que podemos denominar la legalización de la pesca furtiva.

Este punto es uno de los que, se admitió, se encuentra sujeto a modificaciones, POR SUERTE.

 

PETRÓLEO

Dice clarito el Art. 258: "El Poder Ejecutivo no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno. En el caso de empresas estatales estas podrán vender únicamente a precios (…) a las correspondientes paridades de exportación". En otras palabras: van a cobrarte la nafta a precio de exportación, con todos los aumentos que le siguen (el aumento del combustible empuja los precios de los alimentos).

Además, habilita la explotación del crudo en zonas hasta ahora restringidas. Como por ejemplo…

 

GLACIARES

En línea con el anterior punto, habilita a cualquier "persona civilmente capaz" (Art. 261 de la ley intransigente) a explotar el crudo... ¡En cualquier lugar habilitado por el ejecutivo! Con lo cual podría derogar en los hechos la ley 26.639 (o ley de Glaciares, del año 2010), habilitando así la explotación en zona periglaciar, cercana a los glaciares, y donde se forma agua dulce que forma parte del ambiente de los glaciares.

 

CONTROL DEL FUEGO

La ley del gobernante habilita las quemas con "fines productivos" previo permiso de la "autoridad local competente".

Dice puntualmente el Art. 3 del Artículo 498: “En el caso que transcurra el plazo de 30 días sin que la autoridad competente se expida expresamente, se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”.

Así como leíste: la nueva ley garantiza la impunidad a la hora de quemar ecosistemas, con todas las consecuencias que acarrea, como venimos advirtiendo.

Cómo sería una gestión de Milei ante la crisis socioambiental

 

UNA BUENA: DEJA UN DERECHO EN PIE.

La denominada “ley Ómnibus” no derogaría los Art. 19, 20 y 21 de la ley N° 25.675 (Ley General del Ambiente), que habilitan las audiencias públicas y la posibilidad de oponerse, por parte de cualquier ciudadano, a un avance pernicioso contra el ambiente. Por lo que comunidades organizadas serán sustanciales en la defensa del ambiente para hacer valer los derechos ambientales.

Aunque, como veremos al final, limita su defensa a la estrategia judicial al prohibir los derechos a manifestarse.

Asimismo, en el capítulo III "Ambiente": deroga el Art. 31 de la ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que garantizaba un financiamiento no menor al 0,3% del presupuesto nacional y estipulaba el 2% de las retenciones con ese mismo objetivo. Dejando sin financiamiento, o limitando este a los caprichos del ejecutivo, a las reservas naturales que albergan bosques nativos.

 

LEY DE TIERRAS Y LITIO

La ley 26.737 es (hasta el momento) la encargada de garantizar que la posesión de territorios rurales de las provincias no exceda el 15% en manos extranjeras. También protege tierras con importantes cuerpos de agua o ribereñas. La intentona es modificar esta ley mediante un DNU (decreto de necesidad y urgencia) que no decreta ni necesidad ni urgencia, excepto que el ejecutivo considere urgente garantizar la impunidad de negocios de posibles socios internacionales.

Ya que la tenencia de tierras por extranjeros podría perpetuar los negocios sobre el litio en el norte argentino, al permitir adquirir tierras a extranjeros como Elon Musk. En un programa con Mirtha Legrand, Milei aseguró que su amigo y el “gobierno de Estados Unidos” estaban interesados en el mineral de los autos eléctricos, solo que estaban a la espera de un “marco jurídico que respete los derechos de propiedad”, objetivo que Milei pretendería conseguir mediante ese DNU que viola tácitamente las competencias del Congreso.

 

CONCLUSIÓN

El despido de hecho de más de 200 brigadistas/guardaparques de planta transitoria es otro avance en el plan de desidia gubernamental para que se reproduzcan los incendios forestales en áreas protegidas, junto a cesar en publicar los reportes diarios del fuego de la (ahora devenida) subsecretaría de ambiente. Asimismo, Milei apoyó la colecta de Santi Maratea tras los incendios de 2022 en Corrientes, para atacar al ahora ex-presidente Alberto Fernández. Una vez en el gobierno, no da ninguna muestra de solidaridad en la prevención de los incendios, que en provincias como Córdoba o Corrientes, daña infraestructura, flora, fauna, incluso vidas humanas.

Por otro lado, tal como señalan organizaciones de derechos humanos y de medio ambiente, entre ellas Greenpeace, los derechos atacados de protesta o libre circulación (el Art. 331 de la ley de Milei restringía el encuentro de 3 o más personas en espacios públicos, punto en el que se echaron atrás, aunque todavía persiste el “protocolo antipiquetes”); estas intentonas tienen el doble objetivo de limitar la protesta que se desata ante el avance del saqueo de los bienes comunes, saqueo que esa misma ley habilita. Recordemos el Malón de la paz, en reclamo de las tierras donde avanza el poderoso lobby del litio: o las movilizaciones masivas en defensa del agua en lugares de estrés hídrico, como en Mendoza en 2019 ante la derogación de la ley 7722, o el Chubutense en 2021. Ya no se podrá movilizar ante el saqueo criminal y la contaminación.

Esto es: impunidad absoluta para arruinar ecosistemas enteros y comunidades. Libertad para unxs pocxs.

La defensa de las leyes que regulan (apenas) los abusos del capital internacional se va a sostener en la calle, contra la ley Ómnibus y el DNU. La segunda se busca legitimar con la primera mencionándola en un artículo, en una estrategia inédita, casi infantil.

El objetivo de la ley Ómnibus es un cambio constitucional en instantes, bajo la excusa de actuar rápido ante la crisis económica, pero también constituye un cambio de régimen, donde el capital concentrado tenga la libertad de re-ordenar medio ambiente y personas, como por ejemplo mediante la quema “con fines productivos” y la instalación de proyectos extractivistas en lugares sensibles, bienes comunes y cursos importantes de agua en ambiente; y, en personas, busca legitimar atentar contra los derechos laborales.

Además de mencionar el régimen de “beneficios” para el gran capital, que en Argentina nunca representó un aumento considerable del empleo, siendo las Pymes las principales empleadoras de trabajo registrado.

Incendios en Córdoba; crece desde abajo la organización contra el fuego

Decimos que la crisis económica no puede ignorar (o peor, aumentar) la crisis ecológica que vivimos. La falta de bosques contribuye con las sequías, lo que dificulta importantes actividades como la agricultura. Y no hay nada que agregar respecto a la importancia de preservar los cursos de agua para la vida, pero también para preservar esos ecosistemas, (como los glaciares) que además son importantes atractivos turísticos (esto es, generan divisas para el país).

En definitiva, la ley Ómnibus solo beneficia la economía concentrada del gran capital, en desmedro de todas las demás economías (pesca, turismo, economía aborigen, economía popular, pymes, sector informal, entre otras).

Urge organizar comités socioambientales para monitorear cada avance del extractivismo, del fuego, de los avances petroleros, del litio, para calcular las pérdidas, cuando no se puedan evitar. Así, por lo menos, podremos reclamar justicia ecosocial.

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Mikhaíl Vera es estudiante Lic. en Comunicación. Editor en Ed. Mefame. Periodista. Contacto: [email protected]