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México: dos detenidos por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa

Tras las nada productivas investigaciones y afirmaciones del caso durante el gobierno de Peña Nieto, que enturbió la construcción de los hechos y los posibles involucrados, la última hipótesis dice que lo ocurrido se debió en realidad a una persecución policial del municipio.

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tienen, al día de hoy, dos detenidos: se trata del secretario de Seguridad del estado mexicano de Guerrero en aquel momento, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, y de un expolicía de Huitzuco, Rodolfo Nava Ortiz. Ambos sospechosos fueron detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR).

Vázquez Pérez fue detenido en el estado de Nayarit y, según fuentes federales citadas por el diario mexicano La Jornada, fue puesto a disposición de un juzgado penal con sede en Toluca y llevado al Centro de Readaptación Social número 1, Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez.

En segundo lugar, las autoridades federales arrestaron en Iguala a Nava Ortiz, expolicía municipal de Huitzuco, igualmente implicado en el caso.

Según investigaciones citadas por la agencia Europa Press, el exagente participó en la agresión a los integrantes del equipo Los Avispones, que ocasionó la muerte del futbolista David Josué García Evangelista; la pasajera de un taxi, identificada como Blanca Montiel Sánchez, y el conductor del colectivo en el que viajaban los jugadores.

 

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Sobre ambos pesaban órdenes de arresto solicitadas por la FGR, que sospecha que tienen vinculaciones con el grupo armado Guerreros Unidos.

Presuntamente, Vázquez Pérez recibía mensualmente 50.000 dólares a cambio de brindar protección a ese grupo.

Nava Ortiz, por su parte, habría apoyado, junto con otros de sus compañeros y Alejandro “El Cholo” Palacios, uno de los jefes de sicarios y halcones de Guerreros Unidos, en las agresiones contra los normalistas y los integrantes del equipo de fútbol Los Avispones la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Ocho años después de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, los familiares y compañeros de los desaparecidos volvieron a las calles para protestar y pedir justicia. La mayoría de ellos considera que el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, mintió y reclama al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que diga "qué sucedió realmente con los normalistas". Sin embargo, las investigaciones actuales no apuntan a involucrar a Peña Nieto.

 

Los hechos

Las víctimas son 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, una escuela rural en un pueblo pobre del estado de Guerrero. Desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta. La protesta, que tendría lugar en Ciudad de México, conmemoraba una masacre estudiantil ocurrida en 1968. Históricamente, esta escuela rural había sido protagonista de muchas manifestaciones en reclamo del bajo presupuesto destinado al establecimiento.

La primera versión oficial fue basada en la comisión de la verdad que confió en pruebas sin sustento y una investigación penal que privó a la fiscalía de sospechosos clave. La llamada “verdad histórica” fue planteada el 27 de enero de 2015, en ella se decía que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron privados de la libertad por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, porque supuestamente pertenecían a Los Rojos, grupo contrario. Así, lo sucedido, sería un ajuste de cuentas entre rivales. Supuestamente, en la reconstrucción de los hechos, los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula, hechos refutados posteriormente por una nueva investigación que tuvo lugar en el 2020.

En aquella investigación, la Fiscalía contempló las negligencias e irregularidades que habrían cometido las autoridades del Gobierno de Peña Nieto e instaló la controversial hipótesis de que los jóvenes fueron perseguidos y asesinados por policías municipales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno sabía lo que había ocurrido a los estudiantes desaparecidos y que resolvería el asunto, aunque los investigadores no habían certificado las pruebas aún. Lo cierto es que las dificultades también surgieron de la disfunción al interior del gobierno, donde los funcionarios que investigaban el caso retuvieron información clave unos de otros, perjudicando su propio caso.

La prueba esperanzadora fueron una serie de mensajes de texto que sugerían, por primera vez según los expertos en el caso, que un alto mando del ejército estuvo directamente involucrado en la desaparición de seis de los estudiantes.

Un hilo de Twitter de "Pictoline" narra lo que reveló el último informe del caso:

 



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