El ministro de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, quedó posicionado en un área en la que buscará impedir las movilizaciones y la protesta social contempladas en la Constitución, pero a lo cual busca darle un giro legal para impedirlas, reprimirlas o penalizarlas.
"Estamos anunciando una reforma de la estructura policial, y lo haremos próximamente. Las cosa van a cambiar", afirmó este martes Wolff en declaraciones a Radio Rivadavia.
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Además, el ministro de Seguridad sostuvo que buscará que se aplique la ley de reiterancia que habilita que se dicte la prisión preventiva en caso de que una persona incurra tres veces en un acto delictivo.
"Es una herramienta que estamos pidiendo. He estado hablando con (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich y tengo entendido que el jefe de gobierno (Jorge Macri) lo está hablando con el Presidente de la nación (Javier Milei) para que haya una ley de piquetes a nivel nacional que también implique la reiterancia", afirmó.
De esta forma, Wolff dijo que si se labra un acta de flagrancia por cortar una calle, la tercera vez que la persona "comete esta infracción y delito, queda con prisión preventiva" porque se prevé que "lo vuelva a cometer".
"Queremos que Argentina recupere la normalidad, que las movilizaciones estén ordenadas y que sean pedidas como pasa muchas veces en otras capitales", dijo Wolff.
En ese sentido, añadió que "con la ayuda del Gobierno y con los instrumentos legales" disponibles confía que va a poder "en un tiempo prudencial sacar todos los piquetes".
Sobre la detención de Gaston Ariel Mercanzin, el hombre que el pasado domingo lanzó una botella de vidrio al presidente, Wolff dijo que está "a disposición de la Justicia" y que hay "gente de la Policía Federal" en el proceso.
"Es una causa federal. Atentar contra cualquier funcionario es delito federal", apuntó.
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Además, sostuvo que esta semana tendrá "una reunión con Patricia Bullrich" para dictaminar medidas para "seguir en conjunto".
"Hablamos todos los días y no tengo absolutamente ninguna tensión. Los datos del agresor eran públicos porque el acta era publica y ya la tenia un montón de gente", añadió sobre las versiones de cruces entre ambos funcionarios.
