La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), que agrupa a las pequeñas productoras de biodiésel de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, advirtió que hará una marcha de tractores al centro porteño si prospera la intención de obligar al sector a competir con compañías “diaz veces más grandes”, como lo prevé la Ley Ómnibus que trata el Congreso.
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La entidad manifestó su firme oposición a la Sección IV del proyecto de ley “Bases y Puntos de partida para la libertad de los Argentinos”, denominada comúnmente como “Ley Ómnibus”.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, las pymes del sector anunciaron un posible "tractorazo a la francesa” hacia el centro porteño si se concreta su inclusión junto a las “compañías integradas”, predominantemente grandes multinacionales aceiteras, dentro de la legislación, temiendo que esto las conduzca a la quiebra.
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La movilización contemplaría el desplazamiento hacia la capital de camiones cisterna de biocombustibles, tractores y trabajadores de las plantas pymes de todo el país, en una clara muestra de descontento y rechazo a las modificaciones legislativas que consideran perjudiciales para su subsistencia.
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¿CÓMO?
Las pymes del sector biodiésel exigen una segmentación que contemple la capacidad de producción y la distancia al puerto de Rosario, crucial para su operatividad y supervivencia.
Argumentan que la Ley 26.093 de 2006 favoreció la creación de 27 pymes al establecer un “límite de escala” y promover la “radicación en el interior”, con el objetivo de desarrollar las economías regionales.
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Sin embargo, advierten que sería imposible competir en igualdad de condiciones con las compañías integradas, que además de una escala superior, “controlan la materia prima esencial para la producción”.
Desde la Cepreb se propone revisar el artículo actual para incrementar inmediatamente el corte obligatorio de biodiesel al 15% este año, y al 20% en los próximos, junto con la creación de cuatro segmentos diferenciados para su provisión.
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Asimismo, solicitan limitar la participación de las grandes compañías al 7% del volumen total, en contraposición al 9% estipulado en el proyecto oficial.
