El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar afirmó este lunes que durante el gobierno de Cristina Kirchner hubo "una verdadera asociación criminal" integrada por funcionarios del Estado Nacional, quienes decidieron "desviar fondos hacia ellos mismos", al tiempo que pidió que se le fije una pena de 12 años de prisión, en base a lo reclamado durante el juicio en la causa "Vialidad".
Villar solicitó al máximo tribunal penal federal del país que "se condene a Cristina Kirchner como jefa de asociación ilícita", delito por el cual resultó absuelta en 2022, al término del juicio por el desvío de obra pública nacional a favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante su gobierno.
Además, cuestionó la absolución en el juicio por desvío de la obra pública en Santa Cruz del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, también apelada por la fiscalía.
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"Cada ministro es responsable de los actos que legaliza", es decir "que tiene responsabilidad por las resoluciones de su competencia", remarcó Villar.
"Ratifico el delito de asociación ilícita, integrada por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José Lopez, Nelson Periotti y Lázaro Báez", sostuvo el fiscal en relación a esta calificación por la cual los cinco resultaron absueltos al término de un juicio oral.
La expresidenta y el empresario Báez resultaron condenados a 6 años de prisión por administración fraudulenta pero la fiscalía de juicio, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, había reclamado doce años al incluir la "asociación ilícita".
En la etapa de revisión en Casación que comenzó hoy, el fiscal Villar mantuvo la apelación de sus pares ante el Tribunal Oral Federal 2 y sostuvo que la asociación ilícita "realizó los desvíos" de dinero y "se organizó para realizar estas defraudaciones"
Ante los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, el fiscal remarcó que las empresas de Lázaro Báez se adjudicaron 51 licitaciones entre 2003 y 2015 cuando "funcionarios en las estructuras formales del Estado crearon una asociación ilícita para el desvio de los fondos del Estado" hacia el dueño de Austral Construcciones.
"Para ello la obra vial se pone bajo la órbita del Ministerio de Planificación y se designa a Julio De Vido", el exministro que resultó absuelto en el juicio por el Tribunal Oral Federal 2 pero que la fiscalía pedirá ahora condenar.
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Báez "se convirtió en uno de los participantes, quien recibiría el dinero por la supuesta obra pública. Se necesitaba un empresario que estuviera dispuesto", dijo el fiscal al exponer en la sala AMIA del edificio judicial de Comodoro Py, en un trámite presencial al que asistieron los defensores de los imputados.
Subrayó que para lograr "el fin delictivo" se "construyó un esquema de corrupción para manipulación de la obra pública en Santa Cruz" y el Tribunal Oral Federal 2 incurrió en un "razonamiento arbitrario" al descartar la asociación ilícita "a los cinco miembros"
El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral 2 dio a conocer la primera condena a la expresidenta, cuyos fundamentos se difundieron al año siguiente, y se abrió así el período para las apelaciones presentadas por la fiscalía y las defensas.
Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena pedida por el delito de "asociación ilícita": los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a CFK, a Báez y a otros imputados por este delito, en tanto que el tercer magistrado, Andrés Basso, votó a favor de la condena.
Los tres jueces coincidieron en que existió un delito de "administración fraudulenta" en la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas "Austral Construcciones", de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y constituyó "un hecho de corrupción estatal" que derivó en un "perjuicio descomunal" a las arcas públicas, indicaron.
En su momento los condenados fueron Kirchner, Báez, el exsecretario de Obras Públicas en el kirchnerismo José López y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
