Docentes porteñes nucleades en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) repudiaron este martes la decisión del Gobierno porteño de denunciar penalmente a 366 padres y madres de estudiantes que participaron de las tomas en las escuelas secundarias.
“Repudiamos el accionar persecutorio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia las familias con el objetivo de intimidar a lxs jóvenes que ejercieron su derecho a la protesta frente a la falta absoluta de escucha de la ministra Soledad Acuña a sus reclamos”, aseguró el gremio a través de un comunicado.
Asimismo, advirtió que fue el Gobierno porteño quien “anuló cualquier vía de diálogo y ahora realizó 25 denuncias penales a 366 padres y madres por las tomas realizadas por lxs estudiantes”.
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“En una escalada de violencia hacia la comunidad educativa, estas denuncias niegan y anulan la voz de lxs chicxs como sujetxs de derecho, enmarcada en la Ley de Protección de Derechos de NNyA”, continuó el texto.
Por último, aseguró: “Este avasallamiento es un intento más del gobierno de dividir a la comunidad educativa, que demostró estar más unida que nunca como lo manifestó en la marcha de 10,000 personas y como lo sigue demostrando en cada iniciativa que se realiza en cada escuela de la CABA”.
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¿CÓMO?
A fines de septiembre, estudiantes secundarios de una veintena de escuelas porteñas decidieron tomar los establecimientos en reclamo de mejoras en la infraestructura escolar, en las viandas y en contra de las prácticas laborales en empresas.
La medida de fuerza duró varios días, de acuerdo a las distintas asambleas que realizaban lxs estudiantes en cada escuela, además de las tomas otras 15 escuelas mantuvieron actividades y manifestaciones con base en los mismos reclamos.
Ayer el Ministerio de Educación porteño en un comunicado anunció que "cuando comenzaron las tomas en las escuelas, la Ciudad decidió denunciar penalmente a los adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado de las mismas".
En tal sentido, agregó que la Procuración General de la Ciudad ya realizó "25 denuncias penales a 366 adultos responsables".
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El Ministerio también envió a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires un informe técnico que "cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerradas las escuelas".
Como consecuencia de este informe ya están "en curso 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a $50.538.442,85", detalló la cartera de educación.
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